Disponibles para entrevistas portavoces que acaban de regresar del campo de Samos.

Según la información recibida por Amnistía Internacional, las personas solicitantes de asilo que residen en el nuevo campo para personas refugiadas financiado por la UE en la isla de Samos están detenidas ilegalmente por las autoridades griegas tras una decisión del ministro de Migración y Asilo que aún no se ha hecho pública.

Con a esta decisión, a partir del 17 de noviembre, quienes carecen de tarjetas de identidad válidas emitidas por el gobierno (tarjetas de asilo) tienen prohibido salir del campo durante un periodo indefinido. La decisión afecta a las personas a las que se ha retirado la tarjeta como consecuencia de la denegación de su solicitud de asilo y a las recién llegadas que aún carecen de ella. Según cálculos oficiales, hace más de dos semanas que, de las 450 personas residentes, se impide salir de las instalaciones, similares a una cárcel, a alrededor de 100, en violación de su derecho a la libertad personal.

Este campo recuerda más a una prisión que a un lugar donde acoger a personas que buscan seguridad. Se trata de un abuso flagrante del dinero de la UE y de los derechos de las personas residentes.

Adriana Tidona, investigadora sobre Migración de Amnistía Internacional.

El nuevo “centro controlado-cerrado” (KEDN) de Samos, financiado por la UE, está construido en un lugar asilado a 6 km de la ciudad principal de la isla, Vathi. Puede albergar un máximo de 3.000 personas y está equipado con un rígido sistema de contención y vigilancia que incluye una doble valla de metal de alambre de púas, cámaras de circuito cerrado en todo el centro y la presencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de patrullas de policías y guardas de seguridad privados.

Los movimientos de las personas residentes dentro y fuera del campo —que sólo están permitidos entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde— están sometidos a controles de seguridad a través de puertas magnéticas.

Las personas y familias afectadas por la decisión del 17 de noviembre no pueden salir del campo para llevar a cabo sus quehaceres cotidianos ni asistir a clase o a actividades comunitarias en la vecina “Alpha land”, que gestiona una ONG, ni ir al centro de la ciudad.

A., varón afgano de Kabul, vive en el campo con su esposa e hijos, y está en Grecia desde enero de 2020. Su solicitud de asilo fue rechazada múltiples veces y se le retiró la tarjeta, por lo que no puede salir del centro. Antes de ser trasladados al KEDN, él y su familia vivían en “la jungla”, un asentamiento que surgió en torno al antiguo campo de Samos, de triste fama por sus pésimas condiciones de vida.

Hablando desde el contenedor donde vive con su familia, dijo a Amnistía Internacional que hay más seguridad en el nuevo campo, pero señala: “Nos tratan como si fuéramos presos… Te vuelves loco de verdad en este lugar. No puedes volver. No puedes avanzar… No puedo dormir… De momento vivimos la vida sin un propósito, con mucha ansiedad”. En los últimos cinco días sólo sus hijos han podido salir del campo para ir a la escuela.

H., varón afgano que está en Grecia desde febrero de 2020 y cuya solicitud de asilo ha sido rechazada dos veces, lleva cinco días sin salir del campo. Antes de la decisión del 17 de noviembre, era activo fuera del campo: “Estudiaba inglés y hacía voluntariado fuera del campo. En los últimos cinco días me siento como un preso. En el campo antiguo, al menos tenía mi libertad”.

Amnistía Internacional ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la sustitución en Grecia de los campos abiertos por “centros controlados cerrados”, cuestionando cómo se concilia esta política con las normas de derechos humanos sobre la privación de libertad. Según el derecho internacional y las leyes de la UE, las personas solicitantes de asilo sólo deben ser detenidas como último recurso, tras un pormenorizado examen de sus circunstancias personales, durante el periodo más breve posible y en aplicación de un procedimiento prescrito por la ley que les permita cuestionar la decisión.

A las personas residentes en el campo de Samos se les está privando de libertad de forma automática y en masa, por motivos jurídicos opacos e ilegítimos, sin poder cuestionar su confinamiento, durante un periodo indefinido.

“Como temíamos, las autoridades griegas se ocultan tras el concepto, legalmente ambiguo, de lo que se conoce como centros controlados-cerrados para privar ilegalmente de libertad a las personas solicitantes de asilo. Pedimos a Grecia que retire con carácter urgente esta decisión y levante las restricciones impuestas a las personas que residen en el campo de Samos. La Comisión Europea debe garantizar asimismo que se respetan los derechos fundamentales dentro de las instalaciones financiadas por la UE”, concluyó Adriana Tidona.

Para más información o para concertar una entrevistapónganse en contacto con       
Alison Abrahams en alison.abrahams@amnesty.org +32 2 548 27 73 or +32 483 680 812 o press@amnesty.org +44 20 7413 5566  

Información complementaria

Una delegación de Amnistía Internacional visitó las instalaciones del Centro Insular Controlado Cerrado (en griego: Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Νήσων, KEDN) de Samos el 22 de noviembre de 2021, el quinto día de las restricciones, y se entrevistó con algunas de las personas afectadas.

El KEDN de Samos se estableció con la ayuda de 276 millones de euros concedidos por la Comisión Europea para la construcción de nuevas instalaciones para solicitantes de asilo en las islas del Egeo para sustituir los campos abiertos existentes gestionados por el gobierno.

El 27 de noviembre, las autoridades griegas inauguraron los KEDN de Leros y Kos. Habrá otros centros de estas características en Lesbos y Quíos.

Además de las restricciones a la libertad de circulación en Samos, solicitantes de asilo en toda Grecia llevan dos meses sin recibir ninguna ayuda económica después de que ésta se suspendiera abruptamente cuando la gestión del programa de ayuda monetaria financiado por la UE fue transferida del ACNUR a las autoridades griegas. Según las ONG en Grecia, esto afecta a alrededor de 34.000 solicitantes de asilo.

Según las ONG, desde octubre de 2021, las autoridades griegas han suspendido también la entrega de alimentos y agua a personas refugiadas reconocidas y a solicitantes de asilo cuya solicitud ha sido rechazada.