Diez días después, el 11 de enero de 2017, se cumple el 15º aniversario de las primeras detenciones en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo (Cuba), detenciones radicalmente contrarias a la Declaración Universal, y de hecho, a las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos y a las recomendaciones de los órganos de la ONU que vigilan su cumplimiento. Sin embargo, en lo que se refiere a sus obligaciones en materia de derechos humanos, Estados Unidos adopta con demasiada frecuencia un planteamiento selectivo, y en Guantánamo decidió ignorarlas desde el principio.
En estos 15 años, Estados Unidos se ha autoproclamado paladín mundial de los derechos humanos. Y lo hizo incluso mientras recurría a la tortura y a la desaparición forzada, en Guantánamo y en otros lugares. Ha seguido haciéndolo incluso mientras se niega a llevar a la justicia a los perpetradores de estos crímenes de derecho internacional, e incluso mientras bloquea el resarcimiento por violaciones de derechos humanos y guarda en secreto toda la verdad sobre ellas.
La creación del campo de Guantánamo, su funcionamiento y el hecho de que no se haya cerrado son consecuencia de que el Estado estadounidense —sus tres poderes— no considera las detenciones un asunto perteneciente al derecho de los derechos humanos. Por el contrario, las autoridades de Estados Unidos han aplicado un marco de “derecho de guerra” basado en una descabellada resolución del Congreso aprobada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
En la víspera del 15º aniversario, hay 55 personas aún detenidas en Guantánamo, 45 de ellas sin cargos ni juicio. Las otras 10 han sido o están siendo sometidas a unas actuaciones de la comisión militar que no respetan las garantías procesales internacionales y que son vinculantes para Estados Unidos. Seis podrían actualmente ser condenadas a muerte tras ser juzgadas sin las debidas garantías por la comisión.
La base naval de Guantánamo está a punto de tener un nuevo comandante en jefe. El presidente electo Trump ha declarado antes de su elección que mantendrá abierto el centro de detención y que “lo llenará de malos”.
Casi la mitad de los detenidos que siguen en Guantánamo estuvieron recluidos, antes de ser trasladados a la base, en el programa de detención secreta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). El propio Guantánamo fue utilizado por la CIA como “lugar negro” durante 2003 y 2004. La desaparición forzada y otras formas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes eran parte integral del programa de la CIA. Y la impunidad en relación con este programa continúa.
Amnistía Internacional sigue pidiendo al presidente Obama, incluso en el breve tiempo que le queda antes de dejar el cargo, que cumpla su promesa de poner fin a las detenciones en Guantánamo y que lo haga con arreglo a las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos. Han pasado casi siete años desde el plazo original para el cierre. Aunque su gobierno ha culpado al Congreso de bloquear la medida, en virtud del derecho internacional, la legislación y la política nacionales no son excusas legítimas para que un país no cumpla sus obligaciones contraídas en virtud de los tratados.
No es probable que Estados Unidos aceptase esas excusas por violaciones de derechos humanos si las ofrecieran otros gobiernos. El resto del mundo no debería aceptarlas de Estados Unidos.
