Tras analizar las imágenes de las protestas del 21 de noviembre que comprueban que la Policía Nacional Civil (PNC) utilizó fuerza excesiva en contra de manifestantes y personas que caminaban por la calle, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades guatemaltecas para que investiguen de manera exhaustiva las violaciones de derechos humanos perpetradas en el contexto de las recientes protestas en el país.

“La represión policial de las protestas del 21 de noviembre fue sumamente grave. Para Amnistía Internacional es claro que las autoridades guatemaltecas han violado los estándares internacionales de uso de la fuerza, y han atacado el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica de la población,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Exigimos al Ministerio Público una investigación pronta, exhaustiva e independiente del uso excesivo de la fuerza policial durante las manifestaciones y al gobierno que asegure que la población pueda hacer uso de su derecho a levantar la voz sin miedo a represalias.”

Este fin de semana, miles de personas salieron a las calles de la capital y otras ciudades del país a protestar contra la aprobación del presupuesto nacional del año 2021 por el Congreso de la República, el cual fue presentado por el gobierno del presidente Alejandro Giammattei en medio de una opacidad que no permitió una discusión amplia y que, entre otras preocupaciones, incluye la reducción substancial de partidas de gasto público para programas sociales que permitan atender las necesidades de la población, como la desnutrición crónica, así como para el funcionamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

En respuesta a algunas muestras de violencia durante las protestas, que en su mayoría fueron pacíficas, la Policía Nacional Civil hizo uso innecesario e indiscriminado de gases lacrimógenos y lanzó agua contra personas que estaban reunidas pacíficamente o que estaban caminando por la calle. Se registraron al menos 43 detenciones. En las imágenes Amnistía Internacional pudo constatar actos de violencia cometidos por la policía, incluyendo golpes contra personas detenidas o periodistas. El Hospital Roosevelt también informó que atendió a dos personas con lesiones en los ojos causadas por latas de gas lacrimógeno.

Los dispositivos que tienen efectos indiscriminados y un alto potencial de daño, como los gases lacrimógenos o los cañones de agua, no deben usarse contra reuniones públicas pacíficas o en su mayoría pacíficas. De acuerdo con los estándares internacionales sobre uso de la fuerza, solamente pueden ser utilizados, en la medida de lo estrictamente necesario y siempre que se den advertencias claras, en situaciones de violencia generalizada con el fin de dispersar a una multitud cuando todos los demás medios no hayan logrado contener la violencia.

Amnistía Internacional reitera que los hechos de violencia de algunas personas no hacen perder el carácter pacífico de una protesta y que la actuación policial debe apegarse a los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

“El gobierno del presidente Alejandro Giammattei debe garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica. Para ello, se debe de poner fin al uso de las fuerzas de seguridad para reprimir a la población, así como evitar el lenguaje que estigmatiza y busca criminalizar a las personas que genuinamente se manifiestan exigiendo rendición de cuentas de las autoridades,” concluyó Erika Guevara Rosas.

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org