Ante las recientes protestas que congregan a miles de personas en Guatemala que reclaman decisiones del poder judicial retando la validez del reciente resultado de las elecciones generales, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:

“La protesta es esencial para hacer valer otros derechos. Las autoridades guatemaltecas tienen la obligación de garantizar el derecho de las personas a expresar sus opiniones y evitar a toda costa cualquier acción de las fuerzas de seguridad que pudiera obstaculizarlo o poner en peligro a las personas.”

“La preocupante situación en la que se encuentra el país es una encrucijada ante la cual el Estado guatemalteco debe demostrar que cumple con los compromisos que ha adquirido en el marco del derecho internacional de derechos humanos. Violar los derechos de quienes se manifiestan representaría otra señal de alerta ante una comunidad internacional que sigue muy de cerca lo que ocurre en el país.”

Guatemala vive jornadas de protestas pacíficas en casi todo su territorio tras distintas acciones de la Fiscalía y la Corte de Constitucionalidad orientados a invalidar los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en junio y agosto este año, donde resultó ganador Bernardo Arévalo con alrededor de 61% del voto. Amnistía Internacional y otras organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado el deterioro continuo del espacio cívico en el país, donde jueces y juezas, fiscales, defensores y defensoras de los derechos humanos, abogados y manifestantes son constantemente sometidos a procesos penales infundados y otros tipos de persecución, estigmatización y acoso.