La exfiscal y presa de conciencia Virginia Laparra cumple un año privada arbitrariamente de la libertad como resultado de procesos penales infundados y plagados de irregularidades que violan sus derechos humanos, dijo Amnistía Internacional hoy.
“Es alarmante constatar que las autoridades guatemaltecas han sido incapaces de garantizar las más básicas garantías de defensa y debido proceso de Virginia Laparra. A un año de su detención, es evidente que las múltiples arbitrariedades e irregularidades en el actuar de la fiscalía y del Organismo Judicial en este caso son el resultado de la obsesión de las autoridades en castigar a todas las personas que han contribuido a la lucha contra la corrupción y la impunidad” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Virginia Laparra debe ser liberada inmediata e incondicionalmente, un día más en prisión pone en serio riesgo su salud y derechos, además de agravar el contexto de derechos humanos en el país”, agregó.
Virginia Laparra fue detenida el 23 de febrero de 2022 en Quetzaltenango. El 16 de diciembre de este mismo año un Tribunal de la Ciudad de Guatemala la condenó a cuatro años de cárcel por el delito de abuso de autoridad en forma continuada. Amnistía Internacional reitera su consternación por esta condena basada en el análisis del tribunal de que la entonces fiscal incurrió en un delito, solamente por iniciar una demanda administrativa por señalamientos de corrupción en contra de un juez.
Además, el 19 de octubre de 2022, estando en detención preventiva por este primer caso, se dictó una nueva orden de aprehensión contra la exfiscal relacionada con otra denuncia penal presentada por el mismo juez que Laparra había previamente acusado y que dio lugar a otro proceso penal en Quetzaltenango. Amnistía Internacional observa con preocupación que las autoridades consintieron con el uso de tácticas de litigio malicioso, provocando que Virginia Laparra tenga que defenderse de manera simultánea en dos procesos paralelos por los mismos hechos iniciados por la misma persona. Además, la organización recibió información sobre ataques misóginos en contra de Virginia Laparra y su equipo legal durante las audiencias y recesos que en reiteradas ocasiones fueron tolerados por las autoridades en ambos procesos.
Aunado a ello, Amnistía Internacional constató que después de su detención el 23 de febrero del año pasado, las autoridades incumplieron el plazo constitucional de 24 horas para tomar su primera declaración. Más aún, las autoridades tampoco justificaron la necesidad de enviar y mantener a Virginia Laparra en detención preventiva de conformidad con los estándares internacionales. Al contrario, las autoridades distorsionaron el proceso a tal punto que usaron las acciones judiciales ejercidas por la exfiscal como parte de su derecho a la defensa, así como las declaraciones de ella y su equipo legal a la prensa, para justificar la denegación de su libertad condicional.
Amnistía Internacional expresa además su preocupación ante otras violaciones a los derechos de Virginia Laparra cometidos en prisión, incluyendo la imposición de condiciones de detención incompatibles con la dignidad humana en la cárcel de Mariscal Zavala, y la falta de atención oportuna a su salud.
Por otro lado, Amnistía Internacional estima que las limitaciones del acceso a la prensa y observadores nacionales e internacionales en la primera etapa del caso ante el juzgado en la Ciudad de Guatemala el año pasado, así como la reciente declaratoria de reserva del proceso que se sigue ante el juzgado de Quetzaltenango, sin ninguna justificación válida bajo los estándares internacionales de derechos internacional, violan el derecho de Virginia Laparra a una audiencia pública con garantías de imparcialidad e independencia. Amnistía Internacional recuerda que la publicidad de las audiencias es una forma de mantener la confianza de la sociedad en general en el sistema de justicia y forman parte del derecho a informar y recibir información.
De acuerdo a la información recibida, decenas de operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y periodistas estarían enfrentando procesos penales infundados, y al menos 29 operadores de justicia han tenido que salir del país en los últimos años ante el miedo a ser objeto de criminalización.
“Virginia Laparra es una presa de conciencia detenida únicamente por su labor de investigación de casos de corrupción. Los procesos infundados en su contra y las múltiples violaciones a sus derechos son una clara señal de que no hay debido proceso para quienes encabezaron la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Reiteramos nuestro llamado a las autoridades para que liberen inmediata e incondicionalmente a Virginia Laparra, y que pongan fin al hostigamiento y persecución penal infundada de operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y periodistas” también agregó Erika Guevara-Rosas.
