Ante la sentencia condenatoria emitida este viernes 16 de diciembre en contra de la presa de conciencia Virginia Laparra, ex fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional declaró:

“Esta sentencia condenatoria es un ejemplo más de la criminalización de operadores de justicia en Guatemala que han antepuesto los derechos humanos. Virginia Laparra es una presa de conciencia que está pagando un alto precio por ejercer su labor de fiscal anticorrupción y protagonizar la lucha contra la impunidad.”

“Debe ser liberada inmediata e incondicionalmente, y no descansaremos hasta verla en libertad”

El día de hoy, el tribunal octavo de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el medio ambiente de la Ciudad de Guatemala dictó una sentencia de cuatro años contra Virginia Laparra por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.

El 28 de noviembre de 2022, Amnistía Internacional nombró presa de conciencia a la exfiscal, quien trabajó entre 2016 y 2022 como jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango. La organización ha documentado varias irregularidades en el proceso penal que violan los derechos humanos de Virginia Laparra al debido proceso y a la libertad, como la ausencia de elementos objetivos para sostener la acusación y la sentencia en su contra, y una doble persecución penal ante dos tribunales distintos por los mismos hechos. Además, Amnistía Internacional considera que los motivos usados por el Juzgado para mantenerla en prisión preventiva a lo largo de estos últimos nueve meses en lugar de permitirle defenderse en libertad son a todas luces arbitrarios.

Virginia Laparra fue detenida el 23 de febrero de 2022. El proceso penal en su contra inició en 2018 después de que ante la junta disciplinaria del Organismo Judicial denunciara a un juez de Quetzaltenango señalado de actos de corrupción, que interferían con las investigaciones que tenía a su cargo en la FECI. Como represalia, este juez interpuso dos denuncias penales sin fundamento contra Virginia Laparra, en Quetzaltenango y la Ciudad de Guatemala.

Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales y nacionales han alertado sobre el aumento de los ataques a operadores de justicia involucrados en destacados casos de corrupción a gran escala y violaciones a derechos humanos, en reacción a los grandes logros de la lucha contra la impunidad en el país. La persecución penal infundada contra Virginia Laparra se inscribe en el contexto del uso indebido del sistema de justicia penal para hostigar y castigar a jueces, fiscales, personas defensoras de derechos humanos y periodistas que han protagonizado esta lucha.

“Es lamentable que integrantes tanto del Ministerio Público como del Organismo Judicial se presten a avalar este juego que debilita el estado de derecho y la protección de los derechos humanos en el país. Amnistía Internacional seguirá exigiendo la liberación de Virginia Laparra, y denunciando los graves ataques a la independencia judicial en Guatemala” agregó Erika Guevara Rosas.

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