"Este anuncio presidencial es una iniciativa encomiable y, si se procede a la abolición de la pena de muerte en Guinea Ecuatorial, el país se unirá a más de la mitad de los países del mundo que ya han relegado este cruel castigo al pasado, donde pertenece.
“Ahora que se ha hecho el anuncio, esperamos que el presidente Teodoro Obiang Nguema tome inmediatamente las medidas necesarias para garantizar que se pone en práctica sin demora. La abolición de la pena de muerte será un paso positivo en la mejora del historial de Guinea Ecuatorial en materia de derechos humanos, especialmente en la protección del derecho a la vida.
“También nos gustaría que este anuncio positivo fuera seguido de otros en favor de la protección de la libertad de expresión, opinión, asociación y reunión, y que Guinea Ecuatorial respete sus obligaciones en materia de derechos humanos.
“Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de la naturaleza del delito, pues es una violación del derecho a la vida. No existen pruebas verosímiles de que la pena de muerte disuada de cometer delitos de forma más eficaz que la pena de prisión”.
Información complementaria
El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, anunció ayer en Praia, Cabo Verde, su intención de presentar en breve al Parlamento de su país un proyecto de ley para abolir la pena de muerte, tal como ha exigido la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).
Las últimas ejecuciones registradas en Guinea Ecuatorial se llevaron a cabo en enero de 2014, cuando nueve personas declaradas culpables de asesinato fueron ejecutadas unos días antes del establecimiento de una moratoria temporal sobre la aplicación de la pena de muerte.
En su Informe sobre la pena de muerte anual, publicado la semana pasada, Amnistía Internacional registraba una disminución significativa de las ejecuciones en todo el mundo. En 2018, hubo al menos 690 ejecuciones en 20 países, lo que supone una disminución del 31% con respecto a 2017 (al menos 993). Se trata del número más bajo de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional durante los últimos 10 años.
