Se debe poner en libertad a cuatro hombres de África Occidental que llevan más de cinco meses recluidos ilegalmente en Guinea Ecuatorial, manifestó hoy Amnistía Internacional.

Los hombres, migrantes irregulares de otros países africanos que carecen de documentos de residencia legales, se encuentran recluidos en una comisaría de policía de Malabo, la capital, desde mediados de noviembre de 2021, periodo que excede con creces el límite de 60 días que establece la Ley Orgánica 3/2010, que regula los derechos de extranjería en Guinea Ecuatorial. Durante este tiempo no han tenido acceso a procedimientos ni administrativos ni jurídicos para impugnar los motivos de su detención, garantía jurídica del derecho ecuatoguineano. Uno de los hombres está enfermo y requiere asistencia médica.

“Las autoridades de Guinea Ecuatorial deben dejar en libertad de inmediato a estos cuatro migrantes de África Occidental, recluidos desde hace casi medio año, y poner fin al uso de la detención y la reclusión arbitrarias” afirmó Marta Colomer, directora de campañas de Amnistía Internacional para África Occidental.

Abdoulay Ndom y Mouamed Kalouare, de Malí, y Toba Mammed y Lamin Sisoko, de Guinea y Costa de Marfil respectivamente, llevan recluidos desde noviembre de 2021 tras ser detenidos en redadas de inmigración masivas efectuadas por la policía. Kalouare sufre dolores de cabeza, fiebre, una tos persistente y dolor en el pecho. El personal de la comisaría dice que se le ha proporcionado tratamiento. No obstante, ante la falta de señales de mejoría, su abogado está pidiendo que se le proporcione la atención médica adecuada.

En marzo, los cuatro detenidos se declararon varios días en huelga de hambre en protesta contra las condiciones de su reclusión y su situación jurídica. Sin embargo, sus esfuerzos no dieron pie a que las autoridades hiciesen cambio alguno.

Un contexto de detenciones discriminatorias

Entre el 30 de octubre y principios de diciembre de 2021, el gobierno de Guinea Ecuatorial puso en marcha una campaña contra la población migrante en la que se realizaron redadas de inmigración en las principales ciudades, como Malabo, Bata, Mongomo y Ebibeyin. Las fuerzas de seguridad paraban en la calle a personas que creían que tenían “rasgos faciales africanos extranjeros” y les pedían el documento de identidad. Quienes no lo llevaban encima eran inmediatamente arrestadas y recluidas, a menudo sin importar su condición migratoria.

Según declaraciones del gobierno, la campaña tenía el objetivo de combatir la migración irregular en Guinea Ecuatorial. Sin embargo, otras fuentes confiables de la sociedad civil han indicado que las redadas se llevaron a cabo en respuesta a unos rumores de que algunos de los migrantes pretendían dar un golpe de Estado contra el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Según organizaciones locales, en total fueron detenidas más de 500 personas —principalmente nacionales de Camerún, Nigeria, Senegal, Costa de Marfil, República Centroafricana, Chad y Malí— en varias ciudades de todo el país. Decenas de ellas denunciaron haber recibido palizas graves y malos tratos durante la detención y la reclusión.

El aumento repentino del número de personas detenidas en comisarías de policía dio lugar a situaciones de hacinamiento severo, a raíz de las cuales algunas de ellas fueron recluidas en instalaciones deportivas, como el Complejo Deportivo de Malabo y el Estadio de Nkoantoma, en Bata.

Pese a que algunas embajadas, como la camerunesa, ofrecieron algo de apoyo a las personas migrantes, según informes también pidieron a las personas recluidas que se abstuvieran de difundir en las redes sociales información sobre los malos tratos en los centros de detención y sobre la existencia de vuelos de deportación organizados por el ejército ecuatoguineano.

La amplia mayoría de las personas recluidas no recibió asistencia jurídica alguna ni tuvo acceso a los procedimientos jurídicos adecuados y al debido proceso en relación con la reclusión. Algunas fueron deportadas a sus países de origen sin el debido proceso y sin acceso a asistencia letrada antes de que se ejecutaran las órdenes de expulsión. Otras quedaron en libertad al cabo de varias semanas, pero no recibieron explicación alguna de los motivos de la detención, y no se presentaron cargos contra ellas.

“Ninguna persona debe ser detenida arbitrariamente basándose en criterios raciales. En Guinea Ecuatorial, sin embargo, las detenciones arbitrarias y la escandalosa falta de observancia de las garantías jurídicas que dispone la legislación nacional e internacional son la norma, más que la excepción”, afirmó Marta Colomer.

“Las autoridades de Guinea Ecuatorial deben iniciar de inmediato una investigación independiente exhaustiva y efectiva de las denuncias de uso de criterios raciales y de violencia durante las detenciones, así como de la negativa a garantizar el acceso a protecciones legales y de los malos tratos bajo custodia.”