“Las autoridades guineanas deben tomar medidas inmediatas para garantizar la investigación exhaustiva e imparcial de los casos de violación y agresión sexual seguidas de asesinato cometidos en apenas ocho días y hacer que los perpetradores respondan ante la justicia”, han declarado hoy Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF).
Además, deben redoblar sus esfuerzos para combatir la violencia sexual reforzando la prevención, apoyando el acceso a la justicia de las sobrevivientes y adoptando una ley especial sobre la violencia contra las mujeres. Entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre de 2021, 6 niñas de entre 3 y 16 años, y una mujer, sufrieron agresiones sexuales; algunas fueron violadas. De las niñas 6 niñas, 2 murieron como resultado de la violencia.
"La violación es muy habitual en Guinea. Las autoridades deben redoblar con urgencia sus esfuerzos para prevenir y combatir la violencia sexual en el país."
Samira Daoud, directora de Amnistía Internacional para África Occidental y Central
Violaciones de niñas
El 2 de diciembre de 2021, la Oficina para la Protección del Género, la Infancia y la Moral (OPROGEM, por sus siglas en francés) presentó a un hombre de 24 años acusado de la violación de una niña de 3 años en el distrito de Gbessia de Conakry, la capital. El 30 de noviembre, otra niña de 3 años había sido violada en Batè-Nafadji, en la región oriental de Kankan. El 27 de noviembre, 2 hombres violaron a una niña de 12 años que volvía a su casa en la población de Sanoun. Esto ocurrió apenas un día después de la muerte de otra niña de 12 años en la población nororiental de Siguiri. El 26 de noviembre, en la comuna urbana de Labé, en la región centro occidental de Guinea, fue violada en grupo una niña de 3 años.
La organización local Agir pour le Droit Féminin se entrevistó con el padre y la madre de la niña de 3 años el 7 de diciembre, y dijo a las organizaciones que la menor había sido secuestrada cuando iba a comprar dulces no lejos de la vivienda de la familia. Después la llevaron a una casa deshabitada y la agredieron sexualmente hasta que murió.
El padre de la niña, que se reunió con el fiscal, confirmó su petición de justicia para su hija. El padre de uno de los presuntos perpetradores pidió perdón a la familia de la niña, que ésta se negó a conceder.
Las violaciones de niñas se produjeron después de la violación de una mujer el 25 de noviembre cuando estaba en un hospital en la población noroccidental de Kamsar para ser sometida a cirugía. La dirección del centro anunció tres días después que habían “detenido al presunto perpetrador” —un proveedor de servicios externo— y lo habían llevado a la gendarmería.
Ese mismo día, varios hombres violaron a una joven de 16 años en Kankan.
"Las autoridades deben garantizar investigaciones exhaustivas e imparciales sin demora de estos casos de violación y que las personas que sean halladas culpables respondan de sus actos ante la justicia."
Marie-Evelyne Petrus-Barry, directora regional para África de IPPF
“Las sobrevivientes deben recibir acceso a atención médica y ayuda psicológica, así como asistencia jurídica para acceder a la justicia y a una reparación”.
Más de 331 casos de violación denunciados desde que empezó el año
Desde que comenzó el año, la OPROGEM y la Brigada Especial para la Protección de Personas Vulnerables (BSPPV por sus siglas en francés) ya se han ocupado de 331 casos de violación. Sólo en 2020 recibieron 374 casos, cifra que, según las ONG que trabajan con sobrevivientes de violencia sexual, periodistas, la policía y la gendarmería, refleja únicamente la punta del iceberg.
Esto se debe al estigma asociado a la violación en Guinea, que a menudo hace que no se informe del delito y no se presenten denuncias, y que, con frecuencia, estos casos se gestionen con la mediación y acuerdos extrajudiciales entre las víctimas o sus familias y los presuntos perpetradores o sus familias.
Los recientes casos de violación se han producido después de otro caso que desencadenó una enérgica reacción pública en todo el país el mes pasado. M’Mah Sylla, de 25 años, fue presuntamente violada por unos médicos en una clínica que carecía de licencia de Conakry, a donde había acudido para recibir tratamiento. Como consecuencia de ello se quedó embarazada y los mismos perpetradores la violaron de nuevo cuando volvió a la clínica para abortar. La violación le causó lesiones que no pudieron curarse a pesar de siete operaciones quirúrgicas. La víctima murió el 20 de noviembre en Túnez (Túnez), a donde había sido evacuada por razones médicas tras la intervención del gobierno.
Tras la muerte de M’Mah Sylla, las mujeres protagonizaron protestas los días 22, 24 y 30 de noviembre en las poblaciones de Labé, Kindia y N’Zérékoré, para exigir justicia para todas las víctimas de violación. El 21 de noviembre, el Ministerio de Justicia dijo que tres de los cuatro presuntos perpetradores de la violación de M’Mah Sylla habían sido encarcelados en la prisión de Conakry. El gobierno también presentó sus condolencias a su familia en nombre del jefe del Estado.
Las activistas denunciaron la ola de violaciones:
Djenab Boiro, de la organización local Mon Enfant, Ma vie, dijo a Amnistía Internacional durante una reunión en Conakry: “Incluso muerta, M’Mah Sylla merece justicia. Estoy convencida de que el día que los perpetradores sean condenados al castigo que merecen, su alma descansará por fin en paz. Hemos tenido demasiados casos como el de M’Mah Sylla y esperamos y soñamos que no haya ninguno más”.
“Las autoridades han dado algunos pasos en la dirección correcta en los últimos años, lo que acogemos con satisfacción, como la creación en 2020 de una unidad especial de la gendarmería para luchar contra la violencia sexual. Además, organizaciones de derechos de las mujeres han desempeñado y desempeñan un importante papel al denunciar la violencia sexual, junto con algunos medios de comunicación”, añadió Samira Daoud.
“A pesar de esta situación, la persistencia de casos de violación, especialmente de niñas, exige un esfuerzo mucho mayor para concienciar a la ciudadanía y prevenir la violencia sexual, proteger a las sobrevivientes y garantizar su acceso a tiempo a la justicia y a una reparación, así como para que los perpetradores rindan cuentas de sus actos. Esto incluye, entre otras medidas, la adopción de una ley especial sobre violencia contra las mujeres, como recomienda el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer”, concluyó Marie-Evelyne Petrus-Barry.
