La desaparición de Santiago Maldonado y su vinculación con la comunidad y los reclamos territoriales mapuches pusieron frente al ojo público apenas una porción mínima de la problemática indígena a nivel nacional.
Actualmente, según datos de Amnistía Internacional, hay cerca de 225 conflictos que involucran a las comunidades aborígenes en todo el país.
La gran mayoría de ellos son por cuestiones territoriales, y en una veintena de casos derivaron en una intervención violenta de las fuerzas de seguridad que dejó un saldo de muertos, heridos y hasta desaparecidos aborígenes, más allá del caso de Maldonado.
Estos conflictos, según los expertos en el tema, se fueron incrementando con los años producto de la expansión de la frontera agrícola, el incremento de los emprendimientos de extracción de los recursos naturales y la venta de tierras a extranjeros, que chocan con los asentamientos de los pueblos locales.
Además, debido a un mayor conocimiento de las propias comunidades de sus propios derechos, hay una mayor tendencia a iniciar acciones legales y visibilizar sus conflictos con el apoyo de organizaciones.
Así, se enfrentan el derecho constitucional al reconocimiento y al territorio que tienen los pueblos originarios -contemplado en el artículo 75 de la Constitución y en el convenio internacional 169 de la OIT- con los intereses de los gobiernos provinciales, el Estado nacional y los privados.
"La conflictividad con los pueblos indígenas, en general de índole territorial, se ha ido incrementando. Primero por la falta de implementación de la ley 26.160 (que impide realizar desalojos hasta que se realice un relevamiento). Los gobernadores les dan las tierras que les corresponden a los indígenas a privados o las destinan a extracción de recursos", explicó a LA NACION Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Y después agregó: "Lamentablemente, la única manera que tienen las comunidades que les reconozcan las tierras es con cortes de rutas, y eso genera una situación de criminalización muy grande".
La ley a la que hace referencia Belski es una norma de emergencia que contempla que las comunidades que estén registradas no pueden ser desalojadas. La normativa vence a fin de año y en noviembre se debatirá su prórroga.
Además, conforme a los datos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), sólo se cumplió con la mitad del relevamiento correspondiente.
Según el mapa con los conflictos que realizó Amnistía, que está en permanente actualización a medida que reciben y corroboran denuncias, hay más de 225 conflictos a lo largo del país.
La mayoría se condensa en la zona norte del país (Salta, con 24; Jujuy, con 19; Chaco, con 10, y Formosa, con 22) y en la Patagonia (Chubut y Río Negro, con 15, y Neuquén, con 23). Buenos Aires y Misiones son la excepción a la regla, ya que registran 30 y 24 conflictos, respectivamente.
Existen alrededor de 25 situaciones catalogadas como "violentas", es decir que hubo intervención de las fuerzas de seguridad, la mayoría en la zona norte de la Argentina.
El surgimiento de estos conflictos, al menos desde una perspectiva legal, podría situarse en 1994, cuando se incluyó en la Constitución el artículo 75.
En el inciso 17, contempla: "Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano".
Sobre esta base, a lo largo de los años, las comunidades fueron interiorizándose de sus derechos y sumando reclamos legales. Sin embargo, muchas no cuentan con la capacidad de organización suficiente ni los recursos para afrontar un litigio territorial.
"Siempre hace falta asistencia legal en las comunidades, sobre todo en lugares muy desprotegidos, como Salta y Formosa, en donde las comunidades están alejadas de las grandes ciudades. El Estado no brinda asistencia legal en cuestiones territoriales, ya que en muchas ocasiones estarían litigando contra sí mismos", dijo a LA NACION Silvina Ramírez, miembro de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI).
Ramírez también diferencia el nivel de organización y de capacidad de los indígenas del Norte y el Sur. En la Patagonia hay mayor nivel de organización entre los pueblos y un acceso más directo a las grandes ciudades y, por ende, a organismos y medios de comunicación para vehiculizar sus demandas.
En tanto, los grandes detonantes de conflicto son las actividades productivas y las ventas de hectáreas rurales a privados nacionales y extranjeros que van corriendo a las comunidades de sus tierras. A modo de ejemplo, según datos de Amnistía, en 2003 había 12 millones de hectáreas de soja transgénica, y actualmente hay cerca de 22 millones.
En 2000 existían 40 emprendimientos mineros en la Argentina, y hoy hay más de 800.
No es casual que gran parte de los conflictos que derivaron en violencia se concentren en Salta y Jujuy, en donde se encuentran las mayores reservas de litio del país y cuya explotación está en vías de crecimiento.
Lo mismo ocurre en la Patagonia con Vaca Muerta. En cuanto a los terrenos en manos de extranjeros, un informe del Registro Nacional de Tierras Rurales de 2015 señala que hay casi 16 millones de hectáreas, es decir, casi el 6% de la superficie rural argentina. Es el doble de lo que demandan hoy las comunidades registradas del país, cuyo pedido ronda los ocho millones de hectáreas.
De todos modos, no necesariamente implica una superposición de los terrenos.
