El informe Prohibido protestar: Uso de la fuerza y detenciones arbitrarias como estrategias para reprimir la disidencia en Honduras documenta cómo las autoridades utilizaron una fuerza excesiva y la detención prolongada en espera de juicio, entre otras medidas, para sofocar la ola de manifestaciones que siguió a las elecciones del 26 de noviembre de 2017 y desalentar nuevos cuestionamientos.
“No fue sólo que las fuerzas de seguridad hondureñas emplearon una fuerza excesiva para reprimir a personas que protestaban de manera pacífica inmediatamente después de las polémicas elecciones del año pasado; el Estado mantuvo después a las personas recluidas en condiciones deplorables durante meses, negándoles su derecho al debido proceso y a una defensa adecuada”, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Incluso cuando se los libera de su detención en espera de juicio, los acusados deben seguir dedicando tiempo y recursos a combatir los cargos que pesan sobre ellos. Al perturbar las vidas de los afectados y las afectadas con castigos ejemplificadores, las autoridades de Honduras tratan descaradamente de evitar que ésas y otras personas ejerzan su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.”
Miles de hondureños y hondureñas salieron a las calles a partir del 29 de noviembre del pasado año para denunciar un presunto fraude electoral en favor del presidente en ejercicio y candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández. Las fuerzas de seguridad reprimieron con brutalidad a los y las manifestantes y detuvieron a más de mil personas por presuntamente incumplir un toque de queda que el gobierno de Hernández impuso durante los 10 primeros días de diciembre.
Decenas de personas más fueron detenidas por su presunta implicación en delitos cometidos durante las protestas. La mayoría permanecieron detenidas durante meses y, aunque muchas han sido puestas en libertad desde entonces, aún afrontan cargos penales.
Más de 30 personas murieron en las manifestaciones poselectorales, según organizaciones hondureñas defensoras de los derechos humanos, entre ellas al menos 16 que recibieron disparos, al parecer de miembros de las fuerzas de seguridad. Las investigaciones de esas muertes no han llevado todavía a la presentación de cargos contra miembros de las fuerzas de seguridad.
La represión estatal de las manifestaciones en Honduras es parte de una tendencia regional que Amnistía Internacional ha observado en todo el continente americano en los últimos meses. La organización ha documentado cómo las autoridades de Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela, entre otros países, también han utilizado fuerza excesiva o innecesaria para aplastar a la disidencia.
“De Caracas a Managua y Tegucigalpa, estamos viendo las mismas terribles escenas en las que las autoridades reprimen con dureza el derecho a protestar”, dijo Erika Guevara Rosas.
“Es una vergüenza que Estados como Honduras se apresuren a criminalizar a quienes protestan, pero no a investigar las muertes de personas que hacen oír sus voces con valentía durante las manifestaciones. Sin embargo, pese a la estrategia de las autoridades de castigar a quienes protestan y reprimir el disentimiento, el pueblo hondureño debe saber que no está solo. En todo el mundo, expresamos nuestra solidaridad con él.”
Amnistía Internacional realizó entrevistas en profundidad con personas detenidas durante las protestas y corroboró sus relatos, en la medida de lo posible, mediante actas judiciales, documentos escritos y reuniones con representantes del Estado.
Las personas que estuvieron detenidas en espera de juicio dijeron a la organización que padecieron un acceso restringido tanto a sus abogados y abogadas como a sus familiares, falta de camas y una grave escasez de alimentos y agua potable. A veces se las mantenía aisladas o debían compartir celda con presos condenados, algo que viola las normas internacionales de derechos humanos.
Entre los presos entrevistados por Amnistía Internacional, se contaron Edwin, Jhony y Raúl, tres hombres que permanecieron varios meses detenidos pese a que había múltiples irregularidades en los casos contra ellos. Sus testimonios describieron violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades hondureñas que podrían constituir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Edwin y Raúl“No sé por qué me metieron ahí. Casi me volví loco en esos días. No veía a nadie. Estaba completamente aislado”, señaló Edwin, que permaneció en régimen de aislamiento durante 10 días y continuaba en prisión cuando se publicó el informe.
Jhony, que fue liberado el 25 de abril, tras pasar más de cuatro meses en prisión, relató: “Para mí fue un infierno. Me he despertado de la pesadilla, pero no debemos olvidarnos de quienes permanecen detenidos por las protestas”.
Amnistía Internacional pide a las autoridades de Honduras que abran investigaciones rápidas, imparciales, independientes y efectivas de todos los casos de uso innecesario o excesivo de la fuerza en toda la crisis poselectoral.
Las autoridades deben asegurarse de que las personas juzgadas por presuntos delitos cometidos en relación con las protestas tengan todas las garantías jurídicas del debido proceso.
También deben asegurarse de que las condiciones de reclusión sean compatibles con la dignidad humana e incluyan el acceso a agua potable, alimentos y tratamiento médico, además de reformar el reglamento de visitas para garantizar que las personas detenidas tengan periódicamente acceso a sus familiares y a asesoramiento jurídico de su propia elección.
