“Dos años después de la trágica muerte de Berta Cáceres, que no se haya resuelto el caso y que sus responsables no hayan rendido cuentas ante la justicia transmite el escalofriante mensaje de que se puede matar impunemente a quienes defienden los derechos humanos si éstos se atreven a cuestionar a los poderosos en Honduras”, dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
“Una justicia real para Berta significa también perseguir a quienes ordenaron su muerte, algo que esta investigación escandalosamente deficiente no ha hecho. Al no actuar, las autoridades hondureñas también incumplen su obligación de proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos de nuevos ataques”.
El 2 de marzo de 2016, unos hombres armados mataron a tiros a Berta Cáceres, valiente defensora de los derechos medioambientales e indígenas, en su casa de Intibucá, Honduras. Junto con otros miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta luchaba contra el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca y el impacto que tendría en el territorio del pueblo indígena lenca.
Amnistía Internacional ha documentado una constante de amenazas y estigmatización creciente contra quienes buscan la verdad, la justicia y una reparación por su asesinato y contra las personas que aún se atreven a denunciar las acciones de poderosas empresas contra los pueblos indígenas o las comunidades campesinas locales.
El año pasado, la ONG Global Witness declaró que Honduras era el país más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos medioambientales, documentando el homicidio en ese país de más de 120 defensores y defensoras desde 2010.
Amnistía Internacional pide a las autoridades de Honduras que investiguen a los implicados en ordenar el asesinato de Berta y que estudien seriamente las pruebas y las líneas de investigación propuestas por su familia y abogados. La organización insta también a las autoridades a que abran una investigación sin demora, exhaustiva y efectiva sobre las amenazas y ataques denunciados por el COPINH y otros defensores y defensoras de los derechos a la tierra y medioambientales, y a que implementen medidas de protección efectiva adaptadas a sus necesidades y deseos.
La familia pide una investigación más amplia
Un informe reciente de un equipo de abogados internacionales contratados por la familia de Berta Cáceres expuso graves deficiencias de la investigación oficial. Este informe incluye datos que implicarían en el crimen a ejecutivos de alto nivel del ámbito empresarial y a agentes estatales.
Aunque la Fiscalía General de Honduras ha detenido a ocho personas en relación con el asesinato de Berta, algunas de ellas vinculadas a Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) —la empresa que está construyendo la represa de Agua Zarca— y otras con lazos con las fuerzas armadas, al COPINH le preocupa que no se haya investigado a altos cargos del gobierno o de la empresa por haber ordenado supuestamente el asesinato.
En relación con el juicio, cuyo inicio está previsto en junio, los abogados de la familia de Berta y el COPINH han pedido a la fiscalía y a las autoridades judiciales que garanticen que también se investiga y se hace comparecer ante la justicia a los responsables de ordenar el asesinato de Berta.
Más información:
Berta Cáceres y las heridas abiertas de Honduras (noticia, 3 de marzo de 2017).
https://www.amnesty.org/es/
Honduras: Las lagunas judiciales existentes respecto al asesinato de Berta Cáceres son una advertencia para los activistas (Noticia, 27 de febrero de 2017).
https://www.amnesty.org/es/
Asesinato de activistas convierte a Honduras en “zona prohibida” para ambientalistas (noticia, 19 de octubre de 2016).
https://www.amnesty.org/es/
El único testigo del asesinato de Berta Cáceres rompe el silencio: “Era claro que la iban a matar” (noticia, 6 de mayo de 2016).
https://www.amnesty.org/es/
