En respuesta a la publicación del proyecto de texto de la nueva ley sobre la seguridad nacional —conocida localmente como iniciativa legislativa sobre el artículo 23—, Sarah Brooks, directora de Amnistía Internacional China, ha manifestado:
“El gobierno de Hong Kong, que ya ha presidido una erosión de los derechos humanos en la ciudad con la Ley de Seguridad Nacional de 2020 impuesta por Pekín, lleva la represión un paso más allá.”
“El rápido avance de la iniciativa legislativa sobre el artículo 23 da fe de la avidez del gobierno por continuar desmantelando la protección de los derechos humanos y dar la espalda a sus obligaciones internacionales.”
“Esta iniciativa legislativa toma de China continental los conceptos jurídicos de la ‘seguridad nacional’ y los ‘secretos de Estado’ y los vuelca directamente en el derecho de Hong Kong, lo que resulta profundamente preocupante para el futuro de la ciudad. Llevamos mucho tiempo documentando el uso que se ha dado a esta legislación en China continental para violar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.”
“El nuevo delito de ‘injerencia externa’, formulado de manera amplia e imprecisa, podría dar pie a la persecución de activistas por su comunicación con agentes extranjeros bajo la acusación de ‘poner en peligro la seguridad nacional’. Entretanto, las nuevas facultades de investigación que posibilitan la detención sin cargos durante 16 días y la negación del acceso a representación letrada menoscaban cada vez más el derecho a un juicio justo.”
“El propósito general de la legislación sobre el artículo 23 es evidente: silenciar toda crítica a las autoridades chinas y hongkonesas y sus políticas, dentro de la ciudad y de manera global. Dado el alcance extraterritorial de esta legislación, ninguna persona estará a salvo de ser calificada de amenaza para la seguridad nacional.”
“El ridículo anuncio del gobierno de Hong Kong de que su consulta pública había arrojado un98,6% de apoyo a la iniciativa legislativa sobre el artículo 23 —en un contexto en que la discrepancia comporta riesgo de prisión— parece un intento desesperado de reclamar legitimidad. En realidad, esta legislación socava aún más la situación global de Hong Kong.”
“Instamos a las autoridades a dar un paso atrás y detener el proceso legislativo en curso. La comunidad internacional —incluidos los gobiernos, la UE y la ONU— debe dejar claro al gobierno de Hong Kong que seguir adelante con la legislación sobre el artículo 23 sería un grave error que daría pie a violaciones de derechos humanos.”
Información complementaria
El artículo 23 de la Ley Fundamental —miniconstitución de Hong Kong— dispone que el gobierno apruebe legislación con carácter local para la persecución de siete delitos: traición, secesión, sedición, subversión contra el gobierno popular central, robo de secretos de Estado, actividades políticas por parte de entidades u organismos políticos extranjeros en el territorio, y establecimiento de vínculos entre entidades u organismos políticos del territorio y entidades u organismos políticos extranjeros.
El borrador del texto íntegro de la nueva legislación, conocido como Proyecto Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional, se ha publicado hoy, sólo ocho días después del cierre de una consulta pública de un mes en la que, según se afirma, se recogieron más de 13.000 contribuciones.
La contribución escrita presentada por Amnistía Internacional durante el proceso de consulta —un documento de 34 páginas— fue calificada por el Departamento de Seguridad de Hong Kong como procedente de organizaciones externas “antichinas” o “antigubernamentales” y, por tanto, presumiblemente descartada.
El documento analizaba la compatibilidad de la legislación propuesta con las obligaciones de Hong Kong en materia de derechos humanos y hallaba que muchas de las propuestas son contrarias a las normas y el derecho internacional de los derechos humanos.
Amnistía Internacional concluyó que la definición de la seguridad nacional contenida en el proyecto de ley es excesivamente amplia y que tanto los delitos nuevos como los reformados carecen de claridad jurídica y no son ni necesarios ni proporcionados en relación con los motivos de seguridad nacional legítimos. El documento afirmaba que los cambios procesales propuestos darían pie a violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional reconoce el derecho y el deber de todos los gobiernos a proteger a su ciudadanía y a cualquier otra persona que se encuentren bajo su jurisdicción, y que algunas jurisdicciones tienen preocupaciones específicas en materia de seguridad. No obstante, éstas nunca pueden utilizarse como excusa para negar a las personas el derecho a expresar opiniones políticas diferentes o a ejercer los demás derechos humanos protegidos por las normas internacionales.
