“La sentencia condenatoria dictada contra Tong Ying-kit es un momento importante y e inquietante para los derechos humanos en Hong Kong. La sentencia dictada hoy subraya el hecho indiscutible de que expresar ahora ciertas opiniones políticas en la ciudad es oficialmente un delito por el que se puede pasar el resto de la vida en la cárcel.
“Declarar culpable de ‘secesión’ a Tong Ying-kit por enarbolar una bandera con una consigna política ampliamente utilizada es una violación del derecho internacional, en virtud del cual la expresión no debe ser penalizada a menos que represente una amenaza concreta. Da la impresión de que estamos ante el principio del fin de la libertad de expresión en Hong Kong.”
“Las personas deben ser libres para usar consignas políticas en los actos de protesta, y Tong Ying-kit no debe ser castigado por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Resulta especialmente obvio que nunca debería haber sido acusado de un delito relacionado con la ‘seguridad nacional’ que conlleva una posible condena a cadena perpetua.
“Las autoridades de Hong Kong deben garantizar que toda disposición legal destinada a proteger la seguridad nacional, o creada en nombre de la lucha contra el terrorismo, se define de forma clara y rigurosa y que su uso se ajusta al derecho y las normas internacionales de derechos humanos.”
Información complementaria
El 1 de julio de 2020, primer día completo de vigencia de la Ley de Seguridad Nacional, Tong Ying-kit avanzó en una motocicleta hacia un grupo de agentes de policía al tiempo que enarbolaba una bandera en la que figuraba la consigna habitual de las protestas, “Liberen Hong Kong, la revolución de nuestra época”.
En tribunal de primera instancia de Hong Kong lo ha declarado culpable hoy de “incitar a la secesión” y de “actos de terrorismo” en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. La fiscalía sostuvo que la consigna de la bandera expresaba el deseo de derrocar el gobierno y consideró que “connota la separación de China”.
Tong Ying-kit, que está bajo custodia desde el 6 de julio de 2020, es la primera persona declarada culpable en virtud de la Ley de Seguridad Nacional y puede ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua.
Se le ha negado el derecho a un juicio con jurado —práctica habitual en el sistema de derecho consuetudinario de Hong Kong durante 176 años— tras afirmar el secretario de Justicia que había un riesgo potencial para las personas que integrasen el jurado.
En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, la exhibición de consignas políticas está protegida en principio como expresión legítima.
La definición general de “seguridad nacional” que hacen las autoridades de Hong Kong, siguiendo la de China continental, se utiliza arbitrariamente como pretexto para restringir los derechos humanos a la libertad de expresión, de reunión pacífica, de asociación, a un juicio justo y a la libertad personal, además de para reprimir la disidencia y la oposición política.
Entre el 1 de julio de 2020 y el 26 de julio de 2021, la policía ha detenido o ha ordenado detener al menos a 138 personas en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. El 26 de julio de 2021 había 68 personas acusadas formalmente, de las que 51 están actualmente en detención preventiva.
Amnistía Internacional reveló en un informe de investigación publicado el mes pasado que la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong ha diezmado las libertades y ha creado un panorama cada vez más desprovisto de salvaguardias de los derechos humanos.
