Hong Kong: Los derechos humanos, el antídoto a la represión con la llegada de la ley de seguridad nacional


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En respuesta a la aprobación, por parte de China, de una ley de seguridad nacional para Hong Kong en medio de las protestas en la ciudad y las numerosas detenciones practicadas hoy, Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía, ha declarado:

“Con esta amenaza de gran alcance para las libertades en Hong Kong, los derechos humanos son más importantes que nunca. Las salvaguardias contenidas en la legislación de Hong Kong pueden actuar como contrapeso a los amplios poderes introducidos por esta ley de seguridad nacional”.

“La ley revelada finalmente a la población de Hong Kong la noche pasada confirmó que la definición de ‘seguridad nacional’ dada por las autoridades es tan vaga que impide a cualquier persona saber cómo y cuándo podría estar transgrediéndola.”

Con esta vaga formulación y con las disposiciones relativas a juicios secretos, jueces elegidos a dedo y la libre operación de las agencias de seguridad continentales en la ciudad, la ley está totalmente abierta a una interpretación caprichosa, arbitraria y de motivación política por parte de las autoridades.

“La población de Hong Kong se enfrenta a una agresión de las autoridades de Pekín y del gobierno hongkonés contra las libertades que tanto tiempo lleva disfrutando. Habida cuenta del draconiano carácter de la ley, la manera más efectiva de proteger a la población de Hong Kong frente a la represión es garantizar el estricto cumplimiento de los derechos humanos.”

“Pekín debe reafirmar los derechos de la población de Hong Kong, utilizando como guía las garantías establecidas en el derecho internacional. Las normas de la ONU exigen que los derechos humanos ocupen un lugar central en cualquier ley de seguridad nacional, y las autoridades tanto chinas como de Hong Kong siguen estando obligadas a seguir este principio.”

Información complementaria

En virtud de la ley de seguridad nacional, cuyos últimos detalles no se hicieron públicos hasta anoche a última hora, los delitos de separatismo, subversión, terrorismo y connivencia con fuerzas extranjeras o externas son punibles con una pena mínima de tres años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.

El gobierno central chino también establecerá una Oficina de Salvaguardia de la Seguridad Nacional en Hong Kong, con su propio personal encargado de hacer cumplir la ley y con la capacidad de ejercer jurisdicción sobre determinados casos.

Esto significa que, en determinadas circunstancias, las personas sospechosas pueden ser trasladadas para ser recluidas y juzgadas en la China continental, donde a las personas acusadas de poner en peligro la seguridad nacional se les niega habitualmente el derecho a un juicio justo.

Aunque la ley tiene una disposición que reconoce salvaguardias genéricas de los derechos humanos, otras partes permiten a la Oficina de Salvaguardia de la Seguridad Nacional ejercer amplios poderes mientras, en la práctica, eluden la supervisión de los sistemas legislativo y judicial de Hong Kong, incluida la inmunidad procesal en la jurisdicción local.

La ley otorga también a los cuerpos locales de cumplimiento de la ley poderes de investigación adicionales, al tiempo que reduce la supervisión judicial.

El Consejo de Seguridad de la ONU, la Asamblea General y numerosos órganos expertos han subrayado reiteradamente que el pleno cumplimiento del derecho internacional, en concreto el derecho internacional de los derechos humanos, es la base fundamental y la mejor práctica para una estrategia de éxito en la lucha contra las amenazas a la seguridad nacional.

Decenas de personas fueron detenidas durante protestas el miércoles, y la policía declaró que siete habían sido detenidas como sospechosas de violar la ley de seguridad nacional por la noche. Un hombre fue detenido después de que lo registraran y encontraran en su bolsa una bandera de “Independencia para Hong Kong”.

El derecho y las normas internacionales de derechos humanos disponen que expresar pacíficamente las opiniones personales sobre la independencia no constituye una amenaza para la seguridad nacional.

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