La muerte del ex presidente egipcio Hosni Mubarak arrebata a la población de Egipto una oportunidad clave de ver que se hace justicia por la sucesión interminable de abusos cometidos durante sus 30 años de gobierno, entre ellos la muerte de centenares de manifestantes en los disturbios de 2011 que pusieron fin a su presidencia.

Hosni Mubarak, que ha muerto hoy en El Cairo a los 91 años de edad, había sido condenado en principio a cadena perpetua en 2012 por no proteger a manifestantes a quienes estaban matando e hiriendo. Amnistía Internacional acogió con satisfacción aquella sentencia por considerarla un “importante avance” en la lucha contra la impunidad, pero en marzo de 2017 fue anulada y Mubarak quedó en libertad.

“Las políticas características del gobierno de Hosni Mubarak’ –tortura y detención arbitraria en gran escala– siguen siendo una realidad cotidiana en Egipto. Mubarak no rindió jamás cuentas por la sucesión interminable de abusos que se cometieron bajo su supervisión”, ha manifestado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“El legado de Hosni Mubarak pervive a través de los instrumentos de represión que creó, cuya muestra más visible son los incontables servicios de seguridad que, nueve años después de su caída, mantienen un férreo control sobre el país.”

Al menos 840 personas murieron y 6.000 resultaron heridas durante los 18 días de protestas que derrocaron finalmente a Mubarak. Además, quienes sufrieron reclusión arbitraria por tiempo prolongado y tortura y otros malos tratos durante sus 30 años de gobierno no han visto aún ningún indicio de verdad, justicia y reparación.

A pesar de la larga lista de cargos presentados contra él, entre ellos asesinato, tentativa de asesinato, corrupción y especulación, el único delito del que Mubarak llegó a ser declarado culpable en sentencia firme fue malversación de fondos públicos. Por este cargo fue condenado a tres años de prisión. Mubarak cumplió gran parte de la condena en un hospital militar, debido sus constantes problemas de salud.

Hosni Mubarak se convirtió en presidente de Egipto tras el asesinato de su predecesor, ocurrido en 1981. Lo primero que hizo fue imponer el estado de excepción, lo que permitió conceder amplios poderes a las fuerzas de seguridad y restringir la libertad de prensa, de expresión y de reunión. Estuvo vigente hasta que se produjo el derrocamiento de Mubarak, pero se restableció en abril de 2017.

La legislación de excepción creó también un sistema de justicia paralelo, que burlaba el sistema ordinario y sus ya limitadas salvaguardias. Como consecuencia de ello, decenas de miles de personas fueron recluidas sin cargos ni juicio, a menudo en condiciones terribles. En la actualidad, las autoridades egipcias han recreado ese sistema por medio de legislación antiterrorista.

Durante su presidencia, Hosni Mubarak gustaba de promocionar su función de jefe las fuerzas aéreas en la guerra de 1973 contra Israel con el fin de granjearse la legitimidad popular. Sin embargo, esta táctica no le sirvió para nada con la desilusionada generación posterior, que estaba cada vez más enfurecida debido a las violaciones generalizadas de derechos humanos y la falta de oportunidades económicas. Estos factores generaron una oposición constante al gobierno y las políticas de Mubarak, que alcanzó su punto álgido cuando, en 2011, miles de personas inundaron las calles en demanda de reformas y justicia social. El final de los 30 años de Mubarak en el poder fueron 18 días de protestas, a las que se respondió con violencia y represión por medios como empleo de gas lacrimógeno y munición real.

El gobierno de Mubarak supervisó también la creación del infame y muy temido Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado, que llegó a tener más de 100.000 empleados y que se creía que era responsable de centenares de casos de tortura y otros abusos, entre ellos numerosas detenciones arbitrarias.

Aunque quedó disuelto oficialmente tras el levantamiento de 2011, este organismo recibió luego el nombre de Agencia de Seguridad Nacional y volvió a instituirse. Ha mantenido siempre los mismos métodos de tortura, como colgar a las víctimas de las muñecas y los tobillos y someterlas a brutales palizas y a descargas eléctricas, con la misma impunidad.

“Mubarak consolidó el ‘Estado profundo’ de Egipto, que cimentó a su vez la invulnerabilidad y falta de rendición de cuentas de las fuerza de seguridad, a las que no se han exigido responsabilidades por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la época de Mubarak y en los años transcurridos desde entonces. Las fuerzas de seguridad han seguido actuando hasta la fecha como si estuvieran por encima de la ley”, ha afirmado Philip Luther.

Hoy día, Egipto continúa gobernado por un presidente surgido del ejército, que supervisa una crisis de derechos humanos sin precedentes, en la que se cometen sistemáticamente las mismas violaciones terribles de derechos humanos, en muchos casos a una escala aún mayor. La reclusión arbitraria y sin juicio y la tortura sistemática siguen siendo la realidad cotidiana de numerosas personas y sus familias, para quienes representa un cruel recordatorio de que la impunidad de las violaciones de derechos humanos perpetúa aún más los abusos y la injusticia.