Ante la decisión del Parlamento húngaro de aprobar una nueva ley que permitirá gobernar por decreto, sin una supervisión significativa y sin fecha límite clara ni exámenes periódicos, bajo el estado de excepción, David Vig, director de Amnistía Internacional Hungría, declaró

“La ley crea un estado de excepción indefinido e incontrolado, y da a Viktor Orbán y a su gobierno carta blanca para restringir los derechos humanos. Ésta no es la forma de abordar una crisis muy real, la causada por la pandemia de COVID-19".

“Necesitamos sólidas salvaguardias para garantizar que cualquier medida de restricción de los derechos humanos adoptada en aplicación del estado de excepción es estrictamente necesaria y proporcionada para proteger la salud pública. Esta nueva ley no debe otorgar facultades ilimitadas al gobierno para gobernar por decreto más allá de la pandemia".

“Durante su mandato como primer ministro, Viktor Orbán supervisó el retroceso de los derechos humanos en Hungría, azuzando la hostilidad hacia grupos marginados y tratando de silenciar las voces críticas en el país. Permitir que su gobierno gobierne por decreto probablemente aceleraría este retroceso.”

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Los planes respecto a la nueva ley han sido criticados por organismos internacionales como el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, el Instituto Internacional de Prensa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

La nueva ley se asienta sobre dos disposiciones. En primer lugar, solicita el mandato parlamentario para que el ejecutivo gobierne por decreto sin cláusula de suspensión ni ninguna otra disposición que garantice que el Parlamento puede ejercer eficazmente su función de supervisión.

En segundo lugar, la ley tipifica dos nuevos delitos que no se ajustan a las leyes y normas internacionales de derechos humanos. Toda persona que difunda información falsa o tergiversada que interfiera con la “adecuada protección” del público o que cause “alarma o agitación” entre el público, podría ser penada con hasta cinco años de cárcel.

Toda persona que interfiera con la ejecución de una orden de cuarentena o aislamiento también podría ser condenada a hasta cinco años de cárcel, ampliables a ocho si a consecuencia de su actuación se produce algún fallecimiento.