- Un nuevo informe destaca el incumplimiento de las normas del GAFI y de la legislación internacional sobre derechos humanos
Las autoridades de India están aprovechando las recomendaciones de un organismo internacional de vigilancia de la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero para actuar contra grupos y activistas de la sociedad civil y poner trabas deliberadamente a su labor, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
El informe, “Weaponizing counter-terrorism: India’s exploitation of terrorism financing assessments to target civil society”, revela cómo las autoridades de India han abusado de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) —un organismo internacional encargado de combatir la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero— para introducir leyes draconianas en una campaña coordinada para reprimir al sector sin ánimo de lucro. A su vez, estas leyes se usan para presentar cargos relacionados con el terrorismo y, entre otras cosas, impedir el acceso de organizaciones y activistas a una financiación esencial.
“Con el pretexto de combatir el terrorismo, el gobierno de India ha aprovechado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para reforzar su arsenal de leyes de índole económica y antiterrorista que sistemáticamente se usan de forma indebida para atacar y silenciar las voces críticas. El GAFI debe hacer rendir cuentas a las autoridades indias por la persistente utilización abusiva de sus recomendaciones”, ha afirmado Aakar Patel, presidente de la junta directiva de Amnistía Internacional India.
“Al hacer un uso abusivo de estas leyes, las autoridades de India incumplen las normas del GAFI y el derecho internacional de los derechos humanos.”
“Sobrevivimos únicamente para defendernos en las causas judiciales”
Las organizaciones no gubernamentales de India necesitan una “licencia de contribución extranjera” para acceder a fondos extranjeros, tal como establece la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras. La adopción de este proyecto de ley en 2006 coincidió con el ingreso de India en el GAFI en calidad de Estado observador. En 2010 se introdujeron modificaciones en la ley para mejorar la condición de “Estado que no cumple” de India. Sin embargo, desde entonces, y concretamente en los últimos 10 años, se han cancelado las licencias de más de 20.600 ONG; casi 6.000 de estas cancelaciones han tenido lugar desde el inicio de 2022.
Según una encuesta realizada por Amnistía Internacional, 11 de 16 ONG (dedicadas a cuestiones relacionadas con minorías, grupos marginados y cambio climático) confirmaron que se habían visto privadas arbitrariamente de sus licencias de contribución extranjera mediante procedimientos de suspensión, cancelación o no renovación. Las organizaciones dijeron que las autoridades sólo ofrecieron explicaciones imprecisas, como acusarlas de “causar descrédito a instituciones públicas”, “trabajar contra el interés público o nacional” o aludir a su trabajo de derechos humanos. La mayoría de los grupos con los que habló Amnistía Internacional dijeron que habían tenido que reducir su personal entre un 50 y un 80 por ciento, lo que afectaba drásticamente al alcance de su trabajo. “Casi todos nuestros programas se han cerrado. […] Sobrevivimos únicamente para defendernos en las causas judiciales que se han incoado contra nosotros”, dijo un activista.
Sin embargo, las modificaciones introducidas en la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras en 2020 y otras anteriores no se ajustan a la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera, que establece que las leyes y normativas se dirijan únicamente contra las organizaciones sin ánimo de lucro que un país haya identificado —mediante un análisis minucioso, selectivo y “basado en los riesgos”— como vulnerable a abusos en la financiación del terrorismo.
El gobierno de India no se puso en contacto con ninguna de las ONG con las que habló Amnistía Internacional para llevar a cabo una “evaluación de riesgos”, a pesar de que el GAFI había subrayado específicamente la falta de divulgación en sus informes de evaluación mutua de 2010 y 2013. Este tipo de acciones tampoco se atienen a las directrices establecidas por la nota interpretativa del GAFI sobre la Recomendación 8, que tiene por objeto reducir al mínimo las consecuencias no deseadas a las que se enfrenta el sector sin ánimo de lucro al propugnar medidas antiterroristas específicas y selectivas.
“Nuestra junta directiva y nuestro personal han renunciado por miedo”
La promulgación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero de 2002 y las modificaciones introducidas en 2012 en la Ley de Prevención de Actividades Ilegales, que es la principal ley antiterrorista de India, fueron algunas de las condiciones previas para que India se convirtiera en el miembro número 34 del GAFI.
Con el tiempo, las modificaciones de estas leyes, basadas en las recomendaciones del GAFI en las últimas evaluaciones de India en 2010 y 2013, permitieron que el GAFI cambiara la calificación de India, de Estado “que no cumple” a Estado que “cumple en gran medida”.
Sin embargo, relatores especiales de las Naciones Unidas han denunciado en reiteradas ocasiones las controvertidas y excesivamente amplias disposiciones de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales, que violan el derecho y las normas internacionales de derechos humanos y contradicen incluso los principios rectores del GAFI. Las autoridades de India han hecho caso omiso de todos estos llamamientos y han seguido aplicando estas leyes de forma discriminatoria contra las voces disidentes, como el activista estudiantil musulmán Umar Khalid, el activista de derechos humanos cachemir Khurram Parvez, el periodista Irfan Mehraj y otras 16 personas (en el caso de Bhima Koregaon), 10 de las cuales continúan detenidas sin juicio desde 2018 por presuntamente “financiar el terrorismo”, entre otros cargos. La Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero también se ha usado contra Amnistía Internacional, lo que obligó a la organización a interrumpir sus actividades en el país en septiembre de 2020.
“La motivación de estas medidas es meramente política y su objetivo es crear un entorno hostil a las organizaciones internacionales. El Grupo de Acción Financiera no debe permitir que las autoridades indias usen estas leyes para erosionar sistemáticamente el derecho a la libertad de asociación y a la libertad de expresión en el país, especialmente de actores de la sociedad civil y minorías religiosas”, ha afirmado Aakar Patel.
Amnistía Internacional recomienda la derogación o modificación sustancial de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales, la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero y la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras para armonizarlas con las normas internacionales de derechos humanos. Y, lo más importante, las organizaciones sin ánimo de lucro, incluidas las que han sido objeto de acciones adversas en virtud de las tres leyes, deben ser consultadas en la próxima evaluación de India por el GAFI. Las autoridades de India deben garantizar la protección efectiva del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión.
Información complementaria
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), del que India es miembro desde 2010, es un organismo intergubernamental integrado por 37 Estados miembros que tiene el mandato de combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en todo el mundo. Lleva a cabo su trabajo mediante un conjunto de recomendaciones —integradas por 40 normas globales respaldadas internacionalmente— para orientar la aplicación por las autoridades nacionales de “medidas jurídicas, normativas y operativas para combatir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y otras amenazas relacionadas para la integridad del sistema financiero.”
La publicación del nuevo informe de Amnistía Internacional tiene lugar antes de la cuarta ronda del proceso de evaluación mutua de India por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en noviembre de 2023.
