En respuesta al proyecto de ley Aparajita sobre mujeres e infancia (Ley de Reforma de la Legislación Penal de Bengala Occidental), adoptado hoy por el gobierno del estado de Bengala Occidental, que introduce la pena capital para castigar el delito de violación causante de muerte o “estado vegetativo”, Aakar Patel, presidente de la junta directiva de Amnistía Internacional India, ha declarado:
“Las autoridades deben impartir justicia y hacer rendir cuentas por la horrible violación y asesinato de la doctora en el Hospital Universitario R. G. Kar de Calcuta en agosto. Sin embargo, la pena de muerte nunca es la respuesta, y tampoco ofrece una ‘solución rápida’ para prevenir la violencia contra las mujeres. No hay pruebas de que tenga un efecto disuasorio especial. Incluso el Comité Verma, que se constituyó en 2012 para reformar las leyes y las prácticas de justicia penal relacionadas con los delitos de violencia sexual, incluida la violación en India, y la Comisión Jurídica de India se han opuesto a la pena de muerte en los casos de violencia contra las mujeres.”
“Lo que realmente se necesita es una reforma procedimental e institucional de gran alcance que aborde las causas fundamentales de la delincuencia y haga hincapié en su prevención. Las autoridades de Bengala Occidental y de todo el país deben aplicar plenamente las recomendaciones formuladas por el Comité Verma, incluida la capacitación y la reforma de la policía, las medidas preventivas y la forma en que se registran e investigan las denuncias de violencia sexual. Estos son los primeros pasos importantes que, a largo plazo, harán que India sea más segura, también para las mujeres.”
“Instamos a la Oficina Central de Investigaciones (CBI) a realizar una investigación rápida y exhaustiva de este terrible caso y a llevar a los responsables ante la justicia sin recurrir a la pena de muerte. Los retrasos indebidos fomentarán el clima de miedo, impunidad e incertidumbre.”
Información complementaria
El 9 de agosto, una médica en formación de 31 años fue violada y asesinada en el Hospital Universitario R. G. Kar de Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental, en el este de India. El incidente desató una oleada de protestas en todo el país.
El 13 de agosto, citando la falta de avances significativos y la posibilidad de que se destruyeran pruebas, el Tribunal Superior de Calcuta reasignó a la Oficina Central de Investigaciones (CBI) la investigación del caso, que estaba a cargo de la policía. El tribunal señaló graves deficiencias por parte de la administración del hospital.
Hoy, el gobierno Bengala Occidental ha adoptado el proyecto de ley Aparajita sobre mujeres e infancia (Ley de Reforma de la Legislación Penal de Bengala Occidental) que modifica la Bharatiya Nyaya Sanhita, de 2023, la Bharatiya Nyaya Suraksha Sanhita, de 2023, y la Ley sobre la Prevención de Delitos Sexuales contra la Infancia, de 2012. Las reformas endurecen en el estado el castigo de varios tipos de delitos de violación.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La organización considera la pena de muerte una violación del derecho a la vida tal como lo reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, y la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.
