• Impunidad de los grupos parapoliciales


• La policía falla a las víctimas de la violencia entre comunidades (étnicas)


• Se silencia a periodistas, activistas e influencers mediante ataques y cargos falsos


• Los campamentos de socorro necesitan ayuda urgente

Cuando han transcurrido más de 400 días desde que comenzó la violencia étnica entre la comunidad meitei dominante y la minoría kuki y otras comunidades tribales de las montañas, el gobierno indio del Partido del Pueblo Indio (Bharatiya Janata Party) y el gobierno del estado de Manipur no han logrado poner fin a la violencia y el desplazamiento ni proteger los derechos humanos en el estado, ha manifestado Amnistía Internacional.

Desde el 3 de mayo de 2023, al menos 200 personas han sido asesinadas y más de 60.000 han quedado desplazadas, mientras que hogares, negocios, aldeas y lugares de culto han sido incendiados, atacados, saqueados y destrozados. Las autoridades han seguido reprimiendo a quienes se han atrevido a alzar la voz para denunciar los hechos.

Los 14 meses de inacción e impunidad de las autoridades deben terminar de inmediato.

Aakar Patel, presidente de la junta directiva de Amnistía Internacional India

“La flagrante inacción de los gobiernos estatal y central para poner fin a los abusos contra los derechos humanos, proteger a la población y hacer rendir cuentas a los presuntos responsables en Manipur ha dejado a las comunidades aterrorizadas y devastadas. Los 14 meses de inacción e impunidad de las autoridades deben terminar de inmediato”, ha manifestado Aakar Patel, presidente de la junta directiva de Amnistía Internacional India.

Impunidad de los grupos parapoliciales: “Mujeres violadas, aldeas incendiadas, población masacrada… sin consecuencias.”

Los grupos parapoliciales como Arambai Tenggol y Meitei Lippun, que apoyan a la comunidad meitei dominante en Manipur, han adquirido notoriedad debido a la inacción de las autoridades para poner fin a la violencia de los grupos y llevar a los sospechosos ante la justicia. Han reclutado a miles de voluntarios, que a menudo portan armas de uso militar presuntamente saqueadas de las armerías de la policía estatal, como ha hecho Arambai Tenggol.

Desde el inicio del conflicto, Amnistía Internacional ha tenido constancia de al menos 32 incidentes denunciados de violencia de género contra mujeres de las comunidades tribales étnicas y al menos dos incidentes de secuestro de personal de la policía de Manipur a manos de Arambai Tenggol y Meitei Lippun. Sin embargo, durante el pasado año no se ha procesado a ningún miembro de estos grupos.

Los integrantes de estos grupos hacen comentarios discriminatorios habituales contra los grupos tribales étnicos, refiriéndose a ellos como gente “forastera” e “ilegal” y pidiendo su aniquilación y asesinato. Sin embargo, durante el último año no se han tomado medidas concretas para frenar esta retórica de odio.

Según ha manifestado Greeshma Kuthar, periodista independiente que informa sobre la violencia étnica en curso en Manipur: “El grupo parapolicial Arambai Tenggol ha dirigido a turbas a aldeas kuki-zo que luego han sido incendiadas y masacradas, matando a personas. Hay partes iniciales de denuncia en los que figuran como acusados de agresiones sexuales a mujeres kuki-zo. Hay vídeos virales de sus miembros decapitando personas… sin consecuencias. Para que pueda haber algún tipo de reparación, deben ser enjuiciados por sus crímenes”.

En enero de 2024, Arambai Tenggol convocó a una “reunión” a los representantes meitei de las legislaturas estatal y central (incluido el ministro principal del estado). Estos representantes se habían comprometido unilateralmente a cumplir con las demandas del grupo Arambai Tenggol, que eran discriminatorias para las comunidades tribales. El grupo también afirmó que el ministro principal había accedido a cumplir con las demandas, pese a que no había asistido a la reunión. Amnistía Internacional no ha podido encontrar ninguna condena ni aclaración pública del ministro principal con respecto a las afirmaciones hechas por el grupo Arambai Tenggol.

Inacción de la policía: “La turba secuestró a mi madre… (la policía) mientras la policía miraba sin hacer nada.”

Amnistía Internacional documentó al menos tres casos de miembros de comunidades tribales que desde noviembre de 2023 se enfrentaban a obstáculos para registrar oficialmente sus denuncias ante la policía de Manipur. En los tres, miembros meitei de la policía de Manipur habían agredido o intimidado a grupos kuki o confiscado sus pertenencias sin protocolo.

Haokip*, un abogado kuki cuya familia poseía desde hacía 23 años una escuela en Imphal que había sido incendiada por una turba de Meitei en mayo de 2023, dijo: “Mi madre intentó llamar al puesto de policía, que estaba a unos 30 metros de distancia, pero no hubo respuesta. La turba la secuestró a ella y a otras 25 personas que buscaban refugio en la escuela ante la mirada de la policía, sin que ésta hiciera nada más que seguir mirando impasible.”

Guite*, sobreviviente kuki cuya casa familiar fue incendiada, dijo: “Logramos huir y presentar una denuncia en la policía, pero un año después, seguimos sin tener noticias… (sin) información sobre si se ha llevado a cabo alguna investigación o no”.

El Tribunal Supremo de India ha criticado a la policía de Manipur por los retrasos en la presentación de los partes iniciales de denuncia y la investigación de los casos de violencia, calificando la situación de “colapso absoluto de la ley y el orden en el estado”. A diferencia de la iniciativa de la Oficina Central de Investigaciones al hacerse cargo del emblemático caso de la violación grupal de dos mujeres kuki en mayo de 2023 después de que un video de la terrible experiencia se hiciera viral, y concluir que la policía de Manipur había actuado en connivencia, muchos casos menos conocidos continúan tratando de atraer la atención de los aparatos gubernamentales estatal y central.

El ministro principal de Manipur, Biren Singh, ha denunciado las peticiones de rendición de cuentas en casos de violencia de género como “intentos de difamar al gobierno del Partido del Pueblo Indio y al primer ministro Narendra Modi”. Entretanto, según informes, también ha etiquetado a la comunidad tribal kuki como “inmigrantes ilegales”, “terroristas“ y “traficantes de drogas”, un relato que los miembros de Arambai Tenggol y Meitei Lippun también han hecho suyo.

Los gobiernos central y estatal han seguido sin prevenir ni poner fin a la violencia contra las comunidades étnicas, y sin llevar ante la justicia a los presuntos responsables.

Aakar Patel

“Desde la impunidad de la que gozan los grupos parapoliciales y la retórica divisiva del ministro principal hasta la inacción de la policía en el estado, los gobiernos central y estatal han seguido sin prevenir ni poner fin a la violencia contra las comunidades étnicas, y sin llevar ante la justicia a los presuntos responsables, lo que perpetúa la impunidad”, declaró Aakar Patel.

Ataque a la disidencia: “Amenazaron con que si no me disculpaba, volverían y me quemarían la casa”.

Desde el comienzo de la violencia, las autoridades del estado de Manipur han recurrido a diversos métodos para reprimir a la sociedad civil, como acosar a activistas de derechos humanos y periodistas interponiendo denuncias penales falsas, y negarse a investigar los casos de intimidación por parte de grupos parapoliciales de una manera oportuna.

Babloo Loitongbam, reconocido activista de derechos humanos cuyo hogar fue destrozado en octubre de 2023, dijo: “Atacaron mi casa después de que hablara con los medios de comunicación sobre la violencia en curso en Manipur y el papel de Arambai Tenggol y Meitei Lippun, y la inacción del ministro principal para controlar la violencia. Mis palabras provocaron a la milicia del ministro principal”.

Cuando estaba en el trabajo, 15 hombres armados entraron en la casa de Babloo y comenzaron a “destruirla” mientras exigían una disculpa pública. “El coche de mi padre quedó destrozado. A mi madre la golpearon… tiene más de 70 años. “Amenazaron con que si no me disculpaba, volverían y me quemarían la casa”, contó.

Otras figuras destacadas que han criticado a las autoridades han sido blanco de actos intimidatorios similares, como el músico de Manipuri Akhu Chingangbam y la exagente de policía Brinda Thounaojam.

En septiembre de 2023, la policía de Manipur presentó partes iniciales de denuncia contra tres periodistas del equipo de investigación de la Asociación de Directores de Prensa de India sobre la violencia en Manipur. También presentaron un parte inicial de denuncia contra Makepeace Sitlhou, periodista independiente y becaria Fulbright, por publicar comentarios críticos con el gobierno del Partido del Pueblo Indio en la plataforma de redes sociales X (anteriormente conocida como Twitter). Sitlhou, a quien entretanto el Tribunal Supremo de India ha otorgado protección frente al arresto, dijo: “A las autoridades no les gusta que escribas historias que cuestionen su relato. Estoy convencida de que pueden demandarme cuando les convenga”.

Crisis humanitaria: “El gobierno del estado no ha ayudado en absoluto”.

Amnistía Internacional ha entrevistado a personal sanitario, residentes, organizaciones humanitarias y periodistas en distintos campamentos de acogida en Manipur, donde actualmente viven más de 50.000 personas internamente desplazadas. Transmitieron la imagen de un estado “completamente ausente”, pese a las afirmaciones de “intervención oportuna” de los gobiernos central y estatal y de la promesa de un paquete de ayuda económica por parte del primer ministro Modi en abril de 2024.

Kim Zou*, de Fieldnotes, una plataforma de medios digitales independiente que informa desde el terreno en Manipur, manifestó: “El estado ha fracasado rotundamente a la hora de proporcionar asistencia humanitaria suficiente. En febrero de 2024, el gobierno dejó deliberadamente de suministrar materiales de asistencia humanitaria. En el campamento de socorro de Lamka se organizó una protesta para exigir sustento básico. Las ONG, las iglesias y otros grupos de la sociedad civil se han unido para ayudar a las personas internamente desplazadas”.

Un miembro* de una organización de la sociedad civil que trabaja para brindar asistencia humanitaria y rehabilitación, explicó que debido a los cortes y el mal estado de las carreteras su personal tarda hasta 15 horas en llegar a las zonas afectadas, en particular a las ubicadas en la región montañosa de Manipur, dominada por la minoría kuki. “Todo el desarrollo, la infraestructura y las instituciones se concentran en el valle, que es solo el 10% de Manipur. Desafortunadamente, las iniciativas de los gobiernos central y estatal no se han materializado por completo (para el resto)”, dijo.

Haciendo referencia a las restricciones adicionales a las que se enfrenta ahora la organización para acceder a la financiación extranjera, otro miembro* de esa organización comentó: “Antes de que estallara la violencia nunca nos habíamos enfrentado a este problema. La Oficina de Información (la agencia de seguridad interior y contrainteligencia de la India) nos hizo preguntas absurdas, como ‘¿cuántos AK47 han comprado con este dinero? ¿y cuántas balas?’ Pero a pesar de presentar toda la documentación, devolvieron el dinero”.

Amnistía Internacional ha documentado anteriormente el uso abusivo por parte del gobierno indio de la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras, principal ley nacional de regulación de la financiación extranjera para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil independientes.

Gangte*, activista de la salud, explicó al describir el empeoramiento de las condiciones en los campamentos de socorro de Moreh: “No queda personal en el centro de atención primaria de salud. Lo atienden personas voluntarias sin formación médica. Únicamente sobrevivimos. El gobierno del estado no ha ayudado en absoluto”.

Tras el estallido del conflicto, la mayoría de los estudiantes tribales se marcharon del estado o se desplazaron a las zonas montañosas, mientras que los estudiantes meitei se mudaron a la región del valle. En noviembre de 2023, la administración de la Universidad de Manipur prohibió selectivamente a los estudiantes de medicina kuki desplazados presentarse a los exámenes, lo que provocó protestas.

Los informes sobre la falta de medidas de asistencia humanitaria y rehabilitación adecuadas —incluidos alojamiento, saneamiento, alimentación y agua adecuados, atención médica y acceso a oportunidades de educación— sugieren que los esfuerzos de las autoridades para respetar y proteger los derechos humanos de las personas internamente desplazadas no se ajustan a las normas contenidas en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas.

Las autoridades del estado de Manipur y el gobierno central de India tienen la obligación de […] proteger a las personas y los grupos frente los abusos contra esos derechos. No pueden optar por seguir mirando hacia otro lado.

Aakar Patel

Amnistía Internacional pide a las autoridades centrales de India y a las del estado que se coordinen entre sí y con los grupos locales para responder adecuadamente a la magnitud y la gravedad de la situación. Deben garantizar que todas las personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares por miedo a la violencia tienen acceso a los productos y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Las autoridades deben facilitar el derecho de las personas desplazadas a regresar voluntariamente a su hogar y reconstruir su vida garantizando un reasentamiento seguro.

“Las autoridades del estado de Manipur y el gobierno central de India tienen la obligación de respetar los derechos humanos y proteger a las personas y los grupos frente los abusos contra esos derechos. Amnistía Internacional pide al gobierno indio que ponga fin con urgencia a la violencia y garantice que las víctimas, incluidas las de la violencia de género en Manipur, tienen acceso a la justicia y a un recurso efectivo. No pueden optar por seguir mirando hacia otro lado”, manifestó Aakar Patel.

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*Se ha cambiado u ocultado el nombre para proteger la identidad.