En respuesta a la absolución del defensor de derechos humanos Haris Azhar y de la defensora de derechos humanos Fatia Maulidiyanti de los cargos de difamación que había presentado un ministro del gobierno de Indonesia, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia, Usman Hamid, ha manifestado:

“Esta absolución abre nuevas vías de esperanza. Tras los recientes incidentes de intimidación contra personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, las absoluciones de hoy envían un mensaje claro a las autoridades indonesias encargadas de hacer cumplir la ley.”

“No hay que silenciar a quienes critican. Nadie debe acabar en prisión por hablar en YouTube de los intereses mineros ni de ningún otro tema que suscite críticas hacia las autoridades.”

“Esta absolución debería dar paso a la liberación de más activistas, periodistas y cualesquiera otras personas que estén recluidas únicamente por oponerse al gobierno o criticar sus políticas, o por señalar como motivo de preocupación conflictos de intereses en altos cargos del Estado.”

“En el contexto de las elecciones presidenciales del próximo mes, todas las personas candidatas deben mostrar su pleno compromiso con la libertad de expresión y promover públicamente el respeto de los derechos humanos en su programa electoral.”

“Para defender aún más los derechos humanos, pedimos a las autoridades indonesias que deroguen el delito de difamación en el código penal y en otras leyes relacionadas para garantizar que se aborde únicamente como tema civil, de conformidad con la legislación y las normas internacionales de derechos humanos.”

Información complementaria

El 8 de enero de 2024, el Tribunal de Distrito de Yakarta Oriental absolvió a Haris Azhar y a Fatia Maulidiyanti de un delito de difamación tras la causa iniciada por Luhut Binsar Pandjaitan, miembro del gobierno de Indonesia en calidad de ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones.

Los cargos se derivaban de un vídeo publicado en YouTube en el que ambos activistas especulaban sobre vínculos entre las operaciones militares del gobierno en Papúa y los presuntos intereses mineros de Pandjaitan en la zona.

El ministro denunció a Maulidiyanti y Azhar por difamación en septiembre de 2021, después de que el 20 de agosto de 2021 se publicase el vídeo con el título “El Señor Luhut está detrás de las relaciones económicas y operaciones militares de Intan Jaya”.

En el vídeo, Azhar —director de la ONG de derechos humanos Lokataru, con sede en Yakarta— y Maulidiyanti —entonces coordinadora de la Comisión para las Desapariciones y las Víctimas de la Violencia (Kontras), ONG dedicada a cuestiones de derechos humanos— alegaban la implicación del ministro en actividades controvertidas de extracción de oro en la provincia de Papúa. El debate también giró en torno a unas operaciones militares en Papúa, que aparentemente protegían los intereses mineros en la provincia.

Pandjaitan negó estas acusaciones. Acto seguido, este general retirado del ejército reprendió oficialmente a las personas activistas, les exigió una disculpa pública y expresó su descontento por que se refirieran a él como “El Señor” en el vídeo.

Como Maulidiyanti y Azhar se negaron a disculparse, Pandjaitan interpuso una denuncia ante la policía en la comisaría de Yakarta el 22 de septiembre de 2021 por difamación. Pandjaitan también solicitó una indemnización de 100.000 millones de rupias indonesias (unos 6,5 millones de dólares estadounidenses).

El 3 de abril de 2023 comenzó el juicio oral ante el Tribunal de Distrito de Yakarta Oriental. Según el acta de acusación formal leída por la fiscalía, se acusaba a las personas activistas de violar las disposiciones penales sobre difamación estipuladas en los artículos 27.3 y 45.3 de la Ley sobre Información y Transacciones Electrónicas (Ley ITE), así como en el artículo 55.1 del Código Penal.

Según los datos de Amnistía Indonesia, entre 2019 y 2023 se hizo uso indebido de la Ley ITE en al menos 504 casos, en los que se violó el derecho a la libertad de expresión de 535 personas. Las personas acusadas en virtud de la ley comprenden activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y profesorado universitario, entre otras.

Si desean más información, pónganse en contacto con: Renne Kawilarang (renne.kawilarang@amnesty.id)