Indonesia: Tribunal Supremo absuelve a adolescente sobreviviente de violación condenada a prisión por aborto


Ante la decisión del Tribunal Supremo de Indonesia de absolver a una adolescente condenada a prisión por interrumpir un embarazo consecuencia de una agresión sexual, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia, Usman Hamid, declaró:

“Esta es una sentencia histórica para las mujeres en Indonesia. Esta adolescente no es una delincuente, sino alguien que sufrió una agresión sexual y no hizo, ni más ni menos, que hacer valer sus derechos sobre su cuerpo. Cuesta creer que los tribunales intentasen imponer esta condena temeraria, atroz y absurda a una adolescente víctima de violencia sexual que no debería haber estado ni un solo día entre rejas.

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“Acogemos con satisfacción el fallo del Tribunal Supremo, que debe transmitir a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y fiscales de todo el país el mensaje de que su papel es proteger a las víctimas de violación, no agravar su sufrimiento.

Las autoridades de Indonesia deben despenalizar el aborto en todas las circunstancias. Ninguna mujer ni niña debe ser sometida a ninguna clase de castigo por tratar de abortar o por abortar. Las autoridades deben asimismo garantizar el acceso a un aborto seguro y legal a todas las mujeres y niñas, sobre todo a las víctimas de violación, agresión sexual o incesto. Estas son obligaciones contraídas por Indonesia en virtud del derecho internacional de derechos humanos”.

Información complementaria

El 19 de julio de 2018, el Tribunal de Distrito de Muara Bulian, del distrito de Batanghari, provincia de Jambi, condenó a una joven de 15 años a seis meses de prisión por abortar después de haber sido violada por su hermano. La víctima recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Jambi, que resolvió a su favor el 27 de agosto de 2018. Los fiscales elevaron el caso al Tribunal Supremo, que volvieron a resolver a favor de la adolescente.

En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, Indonesia tiene la obligación legal de garantizar que las víctimas de violación o incesto tienen acceso puntual a un aborto seguro y legal. Además, la denegación de servicios de aborto a mujeres y niñas embarazadas como consecuencia de violación, agresión sexual o incesto es una violación del derecho de todas las personas a no sufrir tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes.

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