La visita a España de la jueza federal argentina María Servini de Cubría, para investigar los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, es un hecho histórico en la lucha contra impunidad en España. Se trata de la única investigación abierta en todo el mundo por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante este período.

Amnistía Internacional espera que España no obstaculice esta vez la visita de la jueza y colabore adecuadamente, en virtud del principio de jurisdicción universal.

La jueza Servini de Cubría investiga una querella presentada en su juzgado el 14 de abril de 2010, por “genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”. El estado español, que hasta el día de hoy desestima reiteradamente las demandas de investigación de estos hechos, debe colaborar con la justicia argentina ya que el derecho internacional faculta a cualquier estado a abocarse a este tipo de crímenes, sin restricciones basadas en el territorio donde fueron cometidos o la nacionalidad de los involucrados.

“La lucha contra la impunidad en España es una obligación de toda la comunidad internacional. Las autoridades españolas deben colaborar con la causa que se desarrolla en Argentina, independientemente de que lleven adelante sus propias investigaciones, cosa que hasta el momento no están haciendo, según nuestra organización ha documentado extensamente”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La jueza tiene previsto visitar Bilbao, Málaga y Madrid para entrevistarse con víctimas de graves crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, así como visitar fosas donde están enterrados cadáveres de víctimas de desaparición forzada y acceder a los archivos que documentan este período de la historia de España. Servini de Cubría viajó acompañada por el nuevo fiscal de la causa, Ramiro González, lo que demuestra el compromiso con esta investigación no sólo del Poder Judicial de la Argentina, sino también de la Procuración General de la Nación.

España, después de casi 40 años, no ha cumplido con su obligación internacional de poner fin a la impunidad. El viaje de Servini de Cubría demuestra la importancia de la jurisdicción universal como herramienta para que las víctimas de los crímenes de derecho internacional y sus familiares obtengan verdad, justicia y reparación.

Para Amnistía Internacional, las autoridades españolas han demostrado falta de voluntad política para que estos crímenes de derecho internacional se investiguen. El Poder Judicial deniega investigar y archiva sistemáticamente las denuncias de las víctimas; el Poder Legislativo no sólo es reacio a ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, sino que además confirmó la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977. Y recientemente la Audiencia nacional denegó la extradición de dos presuntos torturadores en incumplimiento del derecho internacional.

El gobierno español ya ha obstaculizado las declaraciones de víctimas en la causa que se lleva adelante en la Argentina. En mayo de 2013 la jueza argentina quiso tomar declaraciones testimoniales a través de videoconferencia a víctimas de tortura, pero las suspendió después de que el embajador argentino en Madrid le informara de la recepción de una nota verbal del ministerio de Asuntos Exteriores español "manifestando el descontento y malestar que causaba a las autoridades de ese país" la forma de recabar esos testimonios.

Amnistía Internacional expresó entonces y reitera ahora que España está obligada a investigar estos crímenes, a colaborar y, en su caso, a no obstaculizar el trabajo de investigación de la justicia argentina de dichos crímenes, con el objetivo de garantizar los derechos de las víctimas.