El procurador general de la República no ha examinado debidamente todas las posibles líneas de investigación sobre las denuncias de complicidad de las fuerzas armadas y otras autoridades en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, dijo Amnistía Internacional hoy, luego de que sus representantes se reunieran con familiares de las víctimas.

En conferencia de prensa en ciudad de México, Amnistía Internacional criticará las vacilantes investigaciones supervisadas por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y expondrá las demandas de los padres de los 43 estudiantes. La Procuraduría General ha declarado que ya han agotado todas las líneas de investigación.

“Tenemos toda una lista de motivos de preocupación sobre la forma en que se ha llevado la investigación y sobre si se ha tratado exhaustivamente todos estos delitos, incluidos la desaparición forzada y el homicidio de seis personas durante el ataque inicial a los estudiantes. Dada esta preocupación por la posible complicidad de las autoridades del gobierno local y del ejército, es de máxima importancia que se exploren exhaustivamente todas las líneas de investigación y que no quede piedra por remover”, dijo Amnistía Internacional.

Esta última llamada se produce al día siguiente de que un grupo de científicos forenses austríacos anunciara que no habían podido identificar el ADN de los restos quemados encontrados en una fosa común. Las nuevas pruebas a que se sometan las muestras podrían tardar meses.

La desaparición forzada de los estudiantes ha puesto de relieve la terrible situación de los derechos humanos en México, donde según datos oficiales han muerto violentamente más de 100.000 personas desde que comenzó la “guerra contra la droga” en 2006 y han desaparecido al menos 23.000. La creciente violencia ha desplazado a miles de comunidades y Amnistía Internacional sigue recibiendo denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y las fuerzas de seguridad que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.

“La desaparición de estos estudiantes es un crimen que ha conmocionado al mundo. Esta tragedia ha cambiado la percepción distorsionada de que la situación de los derechos humanos en México está mejorando desde que asumió el poder el presidente Peña Nieto. Hay miles de casos más que apenas se han investigado y que no se pueden seguir ignorando. Hay que hacer mucho más para investigar los numerosos casos en los que hay indicios de connivencia por parte de las autoridades y de las fuerzas de seguridad en abusos contra los derechos humanos, como por ejemplo la ejecución masiva de civiles en Tlatlaya y las masacres de migrantes. Por desgracia, la impunidad por estos terribles crímenes sigue siendo la norma. Las instituciones federales y estatales incumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos, transmitiendo el mensaje de que estos abusos están permitidos de hecho”.