Amnistía Internacional habló con ocho personas —activistas, manifestantes y periodistas— de Bagdad, Nayaf y Diwaniya que afirmaron que las fuerzas de seguridad estaban usando fuerza excesiva, incluida munición real, para disolver manifestaciones. La organización también verificó y geolocalizó material audiovisual que refleja un patrón de disparos compatible con fuego de francotiradores, y los datos específicos de estos ataques se confirmaron con declaraciones de testigos de Bagdad. Mientras, la organización recabó nuevos testimonios que describen la siniestra campaña de hostigamiento, intimidación y detención de activistas pacíficos, periodistas y manifestantes por parte de las autoridades iraquíes.
“No debe permitirse que el uso descarado de fuerza excesiva y letal por las autoridades iraquíes contra manifestantes en Bagdad y otros lugares se esconda bajo la alfombra. La población iraquí pagó un precio muy alto sólo por intentar ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica”, afirmó Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio.
“Las autoridades deben cumplir de inmediato su promesa de abrir una investigación, una promesa que ya suena hueca en vista de que se sigue hostigando y amenazando a manifestantes para acallar su protesta, además de su persecución y muerte en las calles. Deben comprometerse a obligar a rendir cuentas a los responsables de estos delitos.”
Disparar a matar
Según un manifestante de Bagdad, un presunto francotirador disparó contra un participante en la manifestación y después contra los que habían acudido en su auxilio.
“Una persona había sido alcanzada por disparos de un francotirador. Cinco personas corrieron hasta ella para socorrerla y también fueron alcanzadas, una tras otra. Había cadáveres por toda la calle, todos con disparos en la cabeza y el pecho”, explicó.
Imágenes verificadas por Amnistía Internacional coinciden con el lugar y la descripción del incidente por el testigo. Sin embargo, la organización no pudo confirmar la identidad ni la filiación de los francotiradores.
El 6 de octubre, las autoridades iraquíes atribuyeron las muertes de manifestantes a “francotiradores anónimos” pero, según los testigos, los disparos de francotiradores provenían del otro lado de la línea de las fuerzas de seguridad. Y, que se sepa, las fuerzas de seguridad no protegieron a los manifestantes en ninguno de los casos de fuego de francotirador denunciados, ni la policía intervino para detener a ninguno de los responsables de disparos contra manifestantes. La responsabilidad de proteger a las personas que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de reunión recae en el gobierno.
Un manifestante dijo a Amnistía Internacional: “¿Cómo puede decir el gobierno que no sabe quién es el francotirador? Y, si las fuerzas de seguridad no lo sabían, ¿por qué no avisaron a los manifestantes en cuanto lo vieron? Se centraron en asegurarse de que nadie ayudaba a las personas heridas.”
En una zona de Bagdad, los manifestantes contaron a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad habían impedido a los participantes heridos llegar a hospitales cercanos y habían detenido a quienes lo habían logrado la noche del miércoles, 2 de octubre.
Testigos de la capital denunciaron también presuntos disparos de francotirador en las protestas celebradas del jueves 3 de octubre al domingo 6 de octubre. Asimismo informaron de hombres armados que disparaban contra manifestantes y después conducían en su dirección con la aparente intención de atropellarlos. Testigos de Bagdad también contaron que las fuerzas de seguridad habían rodeado a los manifestantes en el distrito bagdadí de Zafaraniya y habían disparado sin cesar munición real contra ellos.
Campaña de intimidación
Periodistas y activistas que hablaron con Amnistía Internacional denuncian asimismo haber recibido llamadas telefónicas amenazadoras así como advertencias indirectas de las fuerzas de seguridad, diciéndoles que “guardaran silencio” y que sus nombres se habían añadido a una “lista” elaborada por los servicios de inteligencia por “apoyar” a manifestantes. Se acusó a periodistas de publicar información falsa relativa al uso de fuerza excesiva por los servicios de seguridad.
Un manifestante de Bagdad contó: “Toda persona que haya usado su teléfono para hacer una llamada o para tomar o difundir fotos de violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas corre peligro”.
Testigos de Bagdad, Diwaniya y Nayaf dijeron que las fuerzas de seguridad habían detenido arbitrariamente a cientos de manifestantes, a los que solían perseguir por las bocacalles en medio del tumulto de gente huyendo del gas lacrimógeno y la munición real.
Mientras, el martes por la tarde se bloqueó el acceso a Internet y a las redes sociales tras su habilitación momentánea la noche del domingo. El acceso a Internet se desbloqueó brevemente el miércoles aunque desde entonces permanece restringido, mientras que el acceso a plataformas de redes sociales continuó bloqueado.
Activistas con los que habló Amnistía Internacional explicaron que estaban pidiendo un cambio de gobierno porque ya no creían en las promesas del actual, al que acusaban de hacer caso omiso de años de protesta.
“Llevamos protestando desde 2008 y no cambió nada. Ya no queremos partidos políticos que nos lideren o nos representen en estas protestas, porque sin ellos tenemos fuerza y credibilidad. Hemos apoyado al gobierno frente a Daesh [grupo armado que se autodenomina 'Estado Islámico'] y cuando liberaron zonas estuvimos de su parte. Hemos esperado, pero ¿cuál es la excusa ahora? Prometen números, empleos, cambios, y lo único que tenemos es más de lo mismo: corrupción y nepotismo”, contó un manifestante de Bagdad a Amnistía Internacional.
Los días 6 y 9 de octubre, en respuesta a las protestas, el gobierno iraquí formuló varias promesas, que incluían edificación de viviendas, prestaciones sociales a familias necesitadas y subvenciones a ciudadanos en paro, apoyo económico para abordar la pobreza e indemnizaciones a las familias de personas fallecidas en las manifestaciones.
“Es evidente que estas promesas no se van a cumplir, cuando sigue habiendo iraquíes acallados con amenazas, detenidos y asesinados en las calles. Las autoridades de Irak deben respetar el derecho de las personas a expresarse y a reunirse sin miedo a represalias. Deben poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas detenidas exclusivamente por el ejercicio pacífico de sus derechos de protesta y expresión, y comprometerse a exigir rendición de cuentas a las fuerzas de seguridad responsables de actos de intimidación y uso excesivo de la fuerza, entre otras cosas llevando ante la justicia a los autores de lesiones y homicidios ilegítimos”, dijó Lynn Maalouf.
