Ante la ejecución el lunes de 21 personas en Irak, algunas de ellas presuntamente afiliadas al Estado Islámico y declaradas culpables de cargos de terrorismo, Lynn Maalouf, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha declarado:

“Ya es hora de que las autoridades iraquíes pongan fin a la ejecución de personas. Las ejecuciones de represalia no sólo no hacen justicia a las víctimas y a sus familias, sino que sirven para reforzar las percepciones de justicia parcial cuando las autoridades guardan silencio sobre otras violaciones graves de derechos, como la tortura y las desapariciones forzadas, que siguen perpetrándose en todo el país.

“En un momento en el que las autoridades ejercen presión para cerrar el capítulo del conflicto con el Estado Islámico, deberían garantizar que no lo hacen perpetuando el tipo de acciones que se han subrayado como las semillas de ciclos anteriores de violencia, de las que la trágica ejecución de ayer es un trágico ejemplo”.

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Desde que, hace tres años, finalizó la operación militar para recuperar zonas bajo control del Estado Islámico, los tribunales iraquíes han condenado y juzgado a decenas de personas por su presunta afiliación a esta organización en juicios injustos que a menudo han culminado con la imposición de la pena de muerte; en muchos casos, las condenas se basaron en “confesiones” obtenidas bajo tortura.

El año pasado, Irak ocupaba el cuarto lugar entre los países que llevan a cabo ejecuciones: entre 2018 y 2019, casi se duplicó el número de ejecuciones registradas.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características de la persona condenada o el método de ejecución utilizado por el Estado para ejecutarla. La pena de muerte constituye una violación del derecho a la vida y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.