Las autoridades iraquíes deben emprender acciones concretas para revelar la suerte y el paradero de al menos 643 hombres y niños que en junio de 2016 fueron objeto de desaparición forzada a manos de las Unidades de Movilización Popular en el contexto de las operaciones militares para recuperar Faluya, entonces en poder del denominado Estado Islámico. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional cuando se conmemoran siete años desde el secuestro de los hombres y los niños.

Las Unidades de Movilización Popular están formadas por milicias de gran tamaño y bien establecidas, y legalmente se consideran parte de las Fuerzas Armadas iraquíes.

“Han pasado siete años desde que el entonces primer ministro, Haider al Abadi, formó un comité para investigar esas desapariciones y otros abusos cometidos por las Unidades de Movilización Popular durante las operaciones de Faluya. Sin embargo, hasta ahora, el comité no ha hecho públicas ninguna de sus conclusiones y no se ha hecho rendir cuentas a nadie por sus actos”, ha manifestado Aya Majzoub, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Las víctimas de desaparición forzada no son sólo las personas que desaparecen, sino también sus familiares y seres queridos, que siguen viviendo con la angustia de no conocer la suerte que éstos han corrido. Hay numerosos gobiernos que no han proporcionado a estas familias las respuestas que merecen, y no les han otorgado reparación. Para poner fin al reinado de la impunidad en Irak, el gobierno debe hacer públicas las conclusiones del comité de Investigación, garantizar que toda información sobre la suerte o el paradero de los hombres y niños desaparecidos se pone en conocimiento de sus familias, y que se entregan las pruebas a las autoridades judiciales para que los responsables puedan ser llevados ante la justicia en juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte.”

“Hasta hoy, seguimos sin saber nada sobre ellos”

A principios de junio de 2016, miles de hombres, mujeres, niños y niñas que huían de la zona de Saqlawiya, en la provincia de Anbar, fueron interceptados por hombres armados con ametralladoras y fusiles de asalto. Estos hombres fueron identificados por testigos como miembros de las Unidades de Movilización Popular, por los emblemas de sus uniformes y banderas.

Tal como se expuso con detalle en una investigación llevada a cabo en 2016 por Amnistía Internacional, los hombres armados metieron a algunos de los hombres y niños capturados en autobuses y en un gran camión. Sigue sin conocerse la suerte que corrieron aquellos a los que se llevaron en esos vehículos. A pesar de los múltiples intentos realizados a lo largo de los años por las familias de los desaparecidos para presionar a las autoridades con el fin de que se lleve a cabo una investigación, estas familias no han recibido respuesta.

Una mujer, que estaba entre las personas capturadas por las Unidades de Movilización Popular el 3 de junio de 2016, contó a Amnistía Internacional que al menos otros seis miembros de su familia habían sido secuestrados. Su esposo y uno de sus hermanos continúan en paradero desconocido. Esta mujer dijo: “No hay mayor tragedia que perder a alguien a quien amas. Perdimos a nuestros seres queridos: esposos, tíos, padres... Se los llevaron a todos. Lo único que recuerdo es tristeza”.

Esta mujer fue puesta en libertad el mismo día de su secuestro, y cuatro de sus hermanos fueron liberados tres días después. Según su relato, a sus hermanos los torturaron día y noche, y éstos vieron a las Unidades de Movilización Popular enterrando viva a gente, y oyeron los ruidos de cómo se torturaba a personas.

Otra mujer cuyos seres queridos fueron secuestrados por hombres armados en vehículos de las Unidades de Movilización Popular el 2 de junio de 2016 contó a Amnistía Internacional que 15 miembros de su familia, entre ellos su esposo, su hermano y su hijo, permanecen en paradero desconocido. A pesar de sus esfuerzos, las autoridades no han emprendido acciones ni han proporcionado reparación a la familia.

“Llevábamos una vida feliz [...] Si pudieran oírme, les diría que ya basta de estar lejos. Nos vence el cansancio. Os necesitamos, porque la vida no merece la pena sin vosotros. Vuestros hijos os necesitan y preguntan por vosotros. Si pudierais regresar [...] Estoy dispuesta a olvidarlo todo, olvidar todo el dolor y empezar a vivir de nuevo, una vida feliz, sólo con que regreséis.”

Según el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, se calcula que en Irak han desaparecido entre 250.000 y 1 millón de personas desde 1968, lo que convierte al país en uno de los que más personas desaparecidas tiene en el mundo.

Las autoridades no toman medidas concretas para investigar las desapariciones

El 5 de junio de 2016, la Oficina del entonces primer ministro de Irak, Haider al Abadi, estableció un comité para investigar las desapariciones y otras violaciones de derechos humanos cometidas, también por las Unidades de Movilización Popular, en el contexto de las operaciones militares para retomar Faluya. También encargó al gobierno local de Anbar que creara un comité de investigación aparte; el 11 de junio de 2016, este comité publicó conclusiones, que envió al primer ministro, en las que se revelaba que 643 hombres y niños de la zona de Saqlawiyah se hallaban en paradero desconocido. Las familias de los desaparecidos aseguran que la cifra real es más alta.

Desde aquella fecha, no está claro qué medidas ha tomado el comité creado por el primer ministro para investigar de manera efectiva las desapariciones, y el comité no ha informado públicamente de ninguna de sus conclusiones. Según contaron familias y grupos de defensa de los derechos a Amnistía Internacional, las autoridades no han comunicado ningún resultado a las familias de las personas desaparecidas. Hasta ahora, las autoridades iraquíes han guardado silencio respecto a las acciones que han emprendido para abordar e investigar estas violaciones de derechos humanos y proporcionar justicia y reparación a las víctimas.

Desde 2016, Amnistía Internacional ha solicitado reiteradamente información sobre esta investigación, entre otras cosas en cartas dirigidas a la Oficina del Primer Ministro y al Ministerio de Asuntos Exteriores el 19 de mayo de 2023. Hasta el día de hoy, Amnistía Internacional no ha recibido ninguna respuesta sustancial en la que se den datos sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas.

El 4 de abril de 2023, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas publicó un informe tras su visita a Irak, realizada en noviembre de 2022. En él instaba Irak a “incluir inmediatamente las desapariciones forzadas como un delito aparte”. También pedía a Irak que “establezca una estrategia integral de búsqueda e investigación para todos los casos de desaparición, y refuerce y amplíe la capacidad forense nacional para garantizar que todas las víctimas tienen acceso a procesos de exhumación y servicios forenses”.

La obligación de tipificar como delito la desaparición forzada

La desaparición forzada actualmente no es un delito en virtud de la legislación iraquí, y por tanto no puede ser enjuiciada como delito en sí misma. Como Estado Parte en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, Irak tiene la obligación de tipificar como delito la desaparición forzada, investigarla, llevar a los responsables ante la justicia y garantizar reparación a las víctimas.

La Fundación Al Haq por los Derechos Humanos, organización de la sociedad civil independiente con sede en Bagdad, ha dicho a Amnistía Internacional: “El hecho de que no se promulgue una ley para proteger a las personas frente a la desaparición forzada indica la inacción a la hora de poner fin a los casos de desaparición forzada. Nuestra organización continúa con sus esfuerzos por apoyar las voces de las víctimas y sus familias para, junto con ellas, revelar la verdad sobre la suerte corrida por miles de personas”.

Amnistía Internacional pide a las autoridades que proporcionen resarcimiento y reparación, incluidas indemnización y rehabilitación, a las familias de las personas desaparecidas en junio de 2016, y que aprueben legislación efectiva que tipifique como delito la desaparición forzada de acuerdo con el derecho internacional.