“El homicidio ilegítimo a manos de las fuerzas de seguridad iraníes de al menos 23 adolescentes arroja más luz sobre la mortífera determinación de aplastar las extensas protestas en curso que desencadenó la muerte bajo custodia de Mahsa (Zhina) Amini, de 22 años, el 16 de septiembre y que se han convertido en lo que muchas personas de Irán califican de alzamiento general contra las instituciones de la República Islámica”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
En una detallada declaración, la organización enumera los nombres y las circunstancias que rodearon la muerte de 23 adolescentes como consecuencia de fuerza ilegítima ejercida en las protestas habidas entre el 20 y el 30 de septiembre de 2022. Las víctimas son 20 chicos de entre 11 y 17 años, y 3 muchachas, 2 de las cuales tenían 16 años y una, 17. La mayoría de los varones murieron como consecuencia de disparos de munición real realizados por las fuerzas de seguridad contra ellos; 2 murieron tras ser alcanzados por perdigones disparados a corta distancia, y uno y 3 muchachas, tras una paliza mortal de las fuerzas de seguridad.
Según los datos recopilados por Amnistía Internacional, las personas menores de edad representan el 16% del total de manifestantes y personas ajenas a las protestas que han muerto en ellas. La organización tiene constancia hasta ahora de los nombres y datos de 144 personas —entre hombres, mujeres y menores— que las fuerzas de seguridad de Irán han matado entre el 19 de septiembre y el 3 de octubre. Estas víctimas son únicamente aquellas cuyos nombres ha podido identificar hasta ahora la organización. Amnistía continúa sus investigaciones sobre denuncias de homicidios y cree que el número de víctimas mortales es mayor.
“Las fuerzas de seguridad de Irán han matado a casi dos docenas de menores de edad en un intento de aplastar el espíritu de resistencia de la valiente juventud del país. Si la comunidad internacional fuera una persona, ¿cómo podría mirar a los ojos a estos y estas jóvenes y a sus progenitores? Tendría que agachar la cabeza avergonzada por su inacción ante la impunidad generalizada de que gozan las autoridades iraníes por sus crímenes sistemáticos y sus violaciones flagrantes de derechos humanos”, manifestó Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Las autoridades iraníes han hecho caso omiso reiteradamente de todos los llamamientos para que pongan fin al uso ilegítimo de la fuerza y enjuicien a los responsables de homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, y tortura y otros malos tratos de manifestantes, transeúntes y personas privadas de libertad. El precio de esta impunidad sistemática se está pagando con vidas humanas, incluidas las de menores de edad. Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben celebrar con carácter de urgencia una sesión especial y adoptar una resolución que establezca un mecanismo de investigación y rendición de cuentas de carácter independiente e internacional sobre Irán”.
Diez de las víctimas adolescentes pertenecían a la oprimida minoría baluchi de Irán y las fuerzas de seguridad las mataron el día más letal de la represión, el 30 de septiembre, en Zahedán, provincia de Sistán y Baluchistán. Según los datos recabados por Amnistía Internacional, al menos siete de las personas menores de edad que murieron en Zahedán recibieron disparos en el corazón, la cabeza u otros órganos vitales.
Fuentes informadas y pruebas audiovisuales que ha examinado la organización muestran que a una de ellas, Javad Pousheh, de 11 años, las fuerzas de seguridad le dispararon con munición real en la parte de atrás de la cabeza durante la represión violenta de una protesta que se celebraba después de las plegarias del viernes frente a una comisaría de policía y cerca de un gran lugar de oración. La bala salió por la mejilla derecha dejando un gran agujero.
Las 13 personas adolescentes restantes murieron en las provincias de Teherán (5), Azerbaiyán Occidental (4), Alborz (1), Kermanshah (1), Kohgilouyeh y Bouyer Ahmad (1), y Zanyán (1). Dos de ellas eran de nacionalidad afgana: Mohammad Reza Sarvari, varón de 14 años, y Setareh Tajik, muchacha de 17.
Las autoridades difunden historias falsas
El 7 de octubre, el abogado de Mohammad Reza Sarvari, a quien las fuerzas de seguridad mataron a tiros durante las protestas en Shahr-e Rey, provincia de Teherán, el 21 de septiembre, publicó en Internet una copia del certificado de defunción del joven, en el que constaba como causa de la muerte “hemorragia y tejido cerebral destrozado” por “ser alcanzado por un proyectil de movimiento rápido”. El abogado escribió que se sentía obligado a divulgar el documento oficial dada la propagación de historias falsas por las autoridades en los medios de comunicación estatales y mediante declaraciones de funcionarios que atribuían de forma creciente la muerte de menores asesinados por las fuerzas de seguridad a “suicidio”.
Las fuerzas de seguridad dispararon tanto perdigones como munición real contra el joven Amir Mehdi Farrokhipour, de 17 años, durante las protestas en Teherán del 28 de septiembre. Según fuentes informadas, éste murió por heridas de bala en el pecho, mientras que funcionarios de los servicios de inteligencia obligaron a su padre a grabar una declaración en vídeo en la que decían que su hijo había muerto en un accidente de coche, amenazándolo con matar o hacer daño a sus hijas si se negaba.
Otros ejemplos de intentos de encubrimiento por el Estado son los casos de dos muchachas de 16 años, Nika Shakarami y Sarina Esmailzadeh, que murieron tras recibir golpes letales en la cabeza por las fuerzas de seguridad. Los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad han sometido a las familias de las jóvenes a hostigamiento e intimidación intensos para que grabasen declaraciones en vídeo en las que reiteraban la historia oficial de que sus hijas se habían “suicidado” al saltar de un tejado.
La última oleada de homicidios de manifestantes está enraizada en una profunda crisis de impunidad sistémica por los crímenes más graves de derecho internacional que prevalece desde hace tiempo en Irán y que, dada la escala y la gravedad de las violaciones de derechos humanos pasadas y en curso, no ha abordo suficientemente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hace falta con urgencia un mecanismo internacional de investigación y rendición de cuentas para obtener, consolidar, preservar y analizar pruebas de los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en Irán y de otras violaciones graves de derechos humanos de un modo que cumpla las normas generales de admisibilidad en las actuaciones penales y ayude en la investigación y el enjuiciamiento de los presuntos responsables penales.
“Las autoridades iraníes hostigan e intimidan sistemáticamente a las familias de las víctimas para ocultar la verdad de que tienen las manos manchadas de sangre de menores de edad. Estos despreciables métodos menoscaban aún más la escala y la perversidad de la represión de las autoridades iraníes y proporcionan más pruebas de que todas las vías para la verdad y la justicia están cerradas en el ámbito nacional”, concluyó Heba Morayef.
Información complementaria
Amnistía Internacional ha revelado que el máximo órgano militar de Irán ordenó a los comandantes de las fuerzas armadas de todas la provincias que “reprimieran con severidad” a las personas que salieron a las calles para protestar por la muerte bajo custodia de Mahsa (Zhina) Amini a manos de la “policía de la moral”. La organización ha documentado el uso generalizado y no justificado de medios letales y armas de fuego por las fuerzas de seguridad iraníes que, o bien tenían intención de matar a manifestantes, o bien deberían haber sabido, con un grado de certeza razonable, que el uso de armas de fuego causaría muertes.
Las autoridades iraníes han reaccionado con anterioridad a las protestas con constantes similares de uso ilegítimo de la fuerza, incluidos medios letales, que, por ejemplo, causaron la muerte de cientos de manifestantes y transeúntes, 21 menores de edad entre ellos, durante las protestas de noviembre de 2019.
