Las autoridades iraníes están llevando a cabo una campaña en gran escala para hacer cumplir la represiva legislación sobre el uso obligatorio del velo mediante la vigilancia generalizada de las mujeres y las niñas en los espacios públicos y controles policiales masivos dirigidos a las conductoras; así lo ha manifestado Amnistía Internacional con antelación al Día Internacional de la Mujer.

Se ha confiscado el vehículo arbitrariamente a decenas de miles de mujeres como castigo por incumplir la legislación sobre el uso del velo en Irán. Otras han sido enjuiciadas y condenadas a recibir azotes o a prisión, o a otro tipo de penas, como multas o asistencia forzosa a clases de “moralidad”.

Los testimonios de 46 personas —41 mujeres, entre ellas una mujer trans—, una niña y cuatro hombres que Amnistía Internacional ha recopilado en febrero de 2024, sumados a un examen de la documentación oficial, incluidas sentencias judiciales y órdenes de enjuiciamiento, indican que un gran número de organismos estatales están implicados en la persecución de mujeres y niñas sólo por el ejercicio de sus derechos a la autonomía corporal y a la libertad de expresión y de creencias. La organización ha publicado los extractos de 20 testimonios que permiten vislumbrar la aterradora realidad diaria de las mujeres y las niñas en Irán.

“En un intento siniestro de desgastar la resistencia al uso obligatorio del velo tras la sublevación 'Mujer Vida Libertad', las autoridades iraníes están aterrorizando a mujeres y niñas al someterlas continuamente a vigilancia y control policial, lo que altera su vida cotidiana y les causa enorme angustia. Sus tácticas draconianas abarcan desde dar el alto a conductoras en la carretera y confiscar sus vehículos de forma masiva, a imponerles castigos inhumanos como los azotes o penas de prisión”, ha afirmado Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“La persecución de mujeres y niñas se ha intensificado sólo unas semanas antes de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU someta a votación si se amplía la misión de investigación sobre Irán, establecida para investigar violaciones de derechos humanos desde la muerte bajo custodia de Mahsa/Jina Amini, especialmente contra mujeres y menores. Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben abordar la crisis de impunidad por los ataques a mujeres y niñas y garantizar que un mecanismo internacional independiente sigue recopilando, consolidando y analizando pruebas con vistas a futuras actuaciones judiciales.”

Quienes se encargan de hacer cumplir esta degradante legislación sobre el uso obligatorio del velo son: la Policía de Seguridad Moral (police amniat-e akhlaghi), la policía de tráfico, las fiscalías, los tribunales, el Ministerio de Inteligencia y la Guardia Revolucionaria, así como la fuerza paramilitar Basij y otros agentes vestidos de civil.

Perseguidas por no llevar el hiyab preceptivo dentro del vehículo

Los anuncios oficiales indican que, desde abril de 2023, la Policía de Seguridad Moral de Irán ha ordenadola confiscación arbitraria de cientos de miles de vehículos conducidos por mujeres o con pasajeras femeninas, incluso de nueve años, que no llevaban el hiyab o lo llevaban de forma “inapropiada”. Según los testimonios, tales órdenes se basan en fotografías tomadas por cámaras de vigilancia o en informes de agentes de civil que patrullan las calles y utilizan la aplicación policial Nazer para informar de matrículas de vehículos con infractoras a bordo.

Las mujeres contra quienes se actúa —y sus familiares— reciben llamadas telefónicas y mensajes de texto amenazadores en los que reciben instrucciones de presentarse ante la Policía de Seguridad Moral para depositar su vehículo por incumplir la obligación de llevar velo. Amnistía Internacional examinó capturas de pantalla de 60 mensajes de texto enviados a 22 mujeres y hombres en 2023.

En los últimos meses, las autoridades también han llevado a cabo operaciones masivas de parada y control de vehículos al azar para interceptar a mujeres conductoras en carreteras muy transitadas. Los agentes de policía obligan a estacionar a las conductoras y pasan sus matrículas por el sistema para comprobar si están marcadas para confiscación; en caso de que sí, les ordenan dirigirse a comisaría para depositar su vehículo. Traen grúas para incautarse de los vehículos de las mujeres que se niegan a obedecer la orden.

Amnistía Internacional ha hablado con 11 mujeres que describieron intimidantes episodios de persecución al volante, interceptación e incautación repentina de su vehículo en trayectos escolares, al trabajo, a citas médicas o a realizar otras actividades diarias. Recalcaron el desprecio absoluto de la policía por su seguridad, y algunas contaron que las habían abandonado en autopistas con mucho tráfico o en ciudades alejadas de su localidad natal.

Mujeres y hombres contaron que el proceso de retirada de sus coches por la Policía de Seguridad Moral implica largas colas y trato degradante por parte de los agentes, incluidos insultos basados en el género y reprimendas por la apariencia a mujeres y niñas incluso de nueve años, así como órdenes humillantes de taparse el pelo y amenazas de flagelación, encarcelamiento y prohibición de viajar.

En muchos casos, las autoridades de la Policía de Seguridad Moral ordenan el desbloqueo del vehículo después de 15-30 días, una vez que se han abonado las arbitrarias tarifas de aparcamiento y traslado de grúa y que la mujer o la niña —o un pariente varón en su nombre— se ha comprometido por escrito a acatar el uso obligatorio del velo.

En otros casos, la Policía de Seguridad Moral remite a la mujer o la niña a las autoridades fiscales, señalando que ha sido denunciada repetidamente por no llevar el hiyab en el interior del vehículo, y haciendo que el desbloqueo de su vehículo dependa de la orden de enjuiciamiento.

Maltratadas y sin acceso a lugares y servicios públicos

Las mujeres contaron también a Amnistía Internacional que era habitual que les prohibieran el acceso a transportes públicos, aeropuertos y servicios bancarios y que éste dependía de que llevaran el yihab. Las mujeres explicaron con detalle cómo los agentes encargados de hacer cumplir la ley impedían el acceso, sobre todo a aeropuertos, a las mujeres y niñas que llevaban gorra y comprobaban rigurosamente la longitud y holgura de sus mangas, pantalones y uniformes.

Las mujeres dijeron que tales encuentros solían ir acompañados de insultos, incluidos insultos basados en el género, y amenazas de enjuiciamiento. Una mujer relató a la organización un incidente a finales de 2023 en el que un agente encargado de hacer cumplir la ley había propinado un puñetazo en el pecho a su sobrina de 21 años en una estación de metro de Teherán.

Una adolescente de 17 años contó a Amnistía Internacional que, tras ser captada sin llevar el velo en un aula por una cámara de vigilancia, había sido suspendida temporalmente por la directora de su escuela, quien había amenazado con denunciarla a la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria si volvía a quitárselo.

Enjuiciamientos y fallos injustos

Amnistía Internacional tuvo conocimiento de unas 15 mujeres y una adolescente de 16 años en siete provincias que habían sido procesadas simplemente por no llevar hiyab o llevar uno “inapropiado”, o por llevar gorra en el interior de sus vehículos, en espacios públicos como centros comerciales, teatros, aeropuertos o estaciones de metro, o en fotografías publicadas en sus cuentas de redes sociales.

La magnitud de los enjuiciamientos es difícil de determinar, ya que las autoridades no publican estadísticas. Sin embargo, una declaración realizada en enero de 2024 por Mohammad Reza Mirheidary, jefe de policía de la provincia de Qom, refiriéndose a 1.986 causas penales relacionadas con el uso obligatorio del velo sólo en Qom desde marzo de 2023, indica que muchos de estos casos no salen a la luz. Una mujer contó a Amnistía Internacional que un juez le había mostrado 30 o 40 expedientes apilados en su mesa, comentando que todas las causas estaban relacionadas con el uso obligatorio del velo. Varias mujeres más dijeron que los funcionarios fiscales y los agentes de policía se quejaban de una gran carga de trabajo debido a la resistencia de las mujeres a acatar el uso obligatorio del velo.

Amnistía Internacional documentó los casos de cuatro mujeres con una orden de enjuiciamiento que les exigía asistir hasta a cinco clases de “moralidad” y evitar toda conducta “delictiva” en un periodo de hasta un año para que se archivara la causa penal en su contra. Una de ellas contó que el agente de la fiscalía que impartía las clases culpó a las 40 mujeres que asistían a ellas de los altos índices de divorcio y las reprendió por aparecer “desnudas”.

La organización documentó los casos de otras tres mujeres que fueron condenadas al pago de multas.

A otra mujer le ordenaron escribir una carta de arrepentimiento y la amenazaron con ponerle una multa.

Amnistía Internacional examinó un informe del Ministerio de Inteligencia en el que se daban instrucciones de vigilar las actividades en Internet de una mujer artista, señalada por sus publicaciones en Instagram.

En el momento de publicarse este artículo había en curso actuaciones judiciales contra seis de las mujeres cuyos casos fueron documentados por Amnistía Internacional.

Además de las penas impuestas, las autoridades fiscales y judiciales amenazaron a la mayoría de las mujeres y niñas con la flagelación y la prisión; además, a una la amenazaron de muerte y a otra con sufrir violencia sexual. El padre de una adolescente de 16 años contó a Amnistía Internacional que, durante el juicio, el juez del tribunal de menores preguntó agresivamente a su hija por qué no cumplía la obligación de llevar velo y la amenazó con la flagelación y la cárcel. Finalmente fue absuelta, pero tuvo que firmar un compromiso ante la Policía de Seguridad Moral.

En enero de 2024, las autoridades ejecutaron la condena a recibir 74 azotes impuesta a Roya Heshmati por aparecer sin velo en público. En un testimonio publicado en su cuenta de redes sociales describe la sesión de azotes a manos de un agente, en presencia de un juez y en una sala que describe como una “cámara de tortura medieval”.

Información complementaria

El Parlamento de Irán está a punto de aprobar un proyecto de ley dirigido a codificar e intensificar el asalto de las autoridades contra mujeres y niñas por incumplimiento de la obligación de llevar velo. En febrero de 2024, el presidente Ebrahim Raisi asumió formalmente el importante coste económico de implementar dicha ley, allanando el camino a su aprobación por el Consejo de Guardianes.