Las autoridades iraníes deben investigar inmediatamente las informaciones según las cuales al menos cinco personas murieron bajo custodia tras la represión de unas protestas contra el sistema, y tomar todas las medidas necesarias para proteger a las personas detenidas de la tortura y prevenir futuras muertes, declaró hoy Amnistía Internacional.

“El manto de secreto y la falta de transparencia que rodea lo ocurrido a estas personas es alarmante. En lugar de precipitarse a decir que se suicidaron, las autoridades deben abrir de inmediato una investigación independiente, imparcial y transparente que incluya la realización de autopsias independientes”,afirmó Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Llevamos tiempo documentando las  espantosas condiciones imperantes en los centros de reclusión de Irán, incluido el uso de la tortura. Toda persona que tenga presuntamente alguna responsabilidad de estas muertes debe ser suspendida de sus funciones y enjuiciada en unas actuaciones en las que se respeten las normas internacionales de un juicio justo y sin recurso a la pena de muerte”.

El temor por el bienestar de centenares de personas detenidas vio agudizado por la muerte de Sina Ghanbari, de 23 años, que estaba en el sector de “cuarentena” de la prisión de Evin, en Teherán, donde se recluye a los detenidos inmediatamente después del arresto para tramitar su reclusión. Las informaciones sobre las circunstancias que rodean la muerte de Ghanbari son contradictorias, y los activistas ponen en duda las afirmaciones de las autoridades de que se había suicidado.

Desde entonces, se sabe de al menos otras cuatro muertes bajo custodia, dos de ellas en el sector de “cuarentena” de Evin, según la destacada abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh. Se desconoce actualmente la identidad de estas dos personas. Según los informes, este mes perdieron la vida al menos otras dos personas detenidas durante la represión —Vahid Heydari y Mohsen Adeli—, que murieron bajo custodia en Arak, provincia de Markazi, y Dezfoul, en la provincia de Juzestán. En los cuatro casos, los activistas y varios familiares pusieron en duda las afirmaciones oficiales de que los detenidos se habían suicidado.

Muchos familiares de los cientos de personas detenidas informaron de que no pudieron acceder a información sobre sus seres queridos y de que las autoridades los sometieron a intimidación y amenazas incluso por hacer averiguaciones.

“Las autoridades no sólo deben informar a los familiares del paradero de las personas detenidas, sino permitirles que las visiten y garantizar que tienen representación legal. Nadie debería sufrir represalias por preguntar por el paradero de un ser querido o buscar la verdad sobre su suerte”, concluyó Magdalena Mughrabi.