El máximo órgano militar de Irán dio instrucciones a los jefes de las fuerzas armadas en todas las provincias de “reprimir con severidad” a las personas que salieron a las calles a manifestarse tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini a manos de la policía de la moral de Irán, ha afirmado hoy Amnistía Internacional tras obtener documentos oficiales filtrados que revelan el plan de las autoridades de aplastar sistemáticamente las protestas a toda costa. Hasta la fecha, la represión ha dejado al menos 52 víctimas mortales identificadas y cientos de personas heridas.
En un análisis detallado publicado hoy, Amnistía Internacional divulga datos sobre el plan de las autoridades iraníes de aplastar brutalmente las manifestaciones mediante el despliegue de la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar Basij, la Fuerza de Aplicación de la Ley de la República Islámica de Irán, la policía antidisturbios y agentes de seguridad vestidos de civil. La organización también comparte datos sobre el uso generalizado de fuerza letal y de armas de fuego por las fuerzas de seguridad iraníes, que o bien tenían intención de matar a manifestantes, o deberían haber sabido con un grado razonable de certeza que su uso de armas de fuego causaría muertes.
“Las autoridades iraníes decidieron intencionadamente hacer daño o matar a personas que salieron a las calles para expresar su indignación por décadas de represión e injusticia. En el marco de una epidemia de impunidad sistemática que prevalece desde hace tiempo en Irán, decenas de hombres, mujeres, niñas y niños han sido víctimas de homicidios ilegítimos en episodio más reciente de baños de sangre”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“A menos que la comunidad internacional adopte medidas colectivas y firmes, que deben ir más allá de meras declaraciones de condena, innumerables personas más pueden ser víctimas de homicidio, mutilación, tortura, agresión sexual o metidas entre rejas por el solo hecho de participar en las protestas. Documentos filtrados a los que ha tenido acceso Amnistía Internacional ponen de relieve la patente necesidad de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas internacional independiente.”
Según relatos de testigos presenciales y materiales audiovisuales examinados por Amnistía Internacional, ninguna de las 52 víctimas identificadas suponía una amenaza inminente de muerte o lesión grave que justificara el uso de armas de fuego contra ellas.
Negación y encubrimiento del Estado después de una semana de homicidios ilegítimos
Amnistía Internacional ha obtenido una copia filtrada de un documento oficial que afirma que, el 21 de septiembre de 2022, la Jefatura General de las Fuerzas Armadas dictó una orden a los jefes en todas las provincias en la que se les daban instrucciones de “reprimir con severidad a alborotadores y antirrevolucionarios”. Esa misma noche, el uso de medios letales en todo el país se intensificó y decenas de hombres, mujeres, niños y niñas murieron sólo durante esa noche.
Otro documento filtrado muestra que, el 23 de septiembre, el jefe de las fuerzas armadas en la provincia de Mazandarán ordenó a las fuerzas de seguridad en todas los pueblos y ciudades de la provincia “reprimir sin piedad, incluso causando muertes, cualquier disturbio de alborotadores y antirrevolucionarios”.
Amnistía Internacional tiene constancia hasta ahora de los nombres de 52 personas, incluidas 5 mujeres y al menos 5 personas menores de edad, muertas a manos de las fuerzas de seguridad de Irán entre el 19 de septiembre y el 25 de septiembre. Dos tercios de las muertes registradas (al menos 34) corresponden al 21 de septiembre. La organización cree que el número real de víctimas mortales es muy superior, y continúa con sus esfuerzos por identificar a las víctimas.
Amnistía Internacional ha examinado fotografías y vídeos que muestran que la mayoría de las víctimas murieron por disparos de munición real efectuados por las fuerzas de seguridad. Al menos tres hombres y dos mujeres murieron cuando las fuerzas de seguridad dispararon proyectiles metálicos desde corta distancia, mientras que Sarina Esmailzadeh, una joven de 16 años, murió tras ser brutalmente golpeada en la cabeza con porras.
En un intento de eximirse de responsabilidad en las muertes, las autoridades iraníes han difundido relatos falsos sobre las víctimas, en los que intentan describirlas como “peligrosas”, “individuos violentos”, o afirman que murieron a manos de “alborotadores”. Las autoridades también han intimidado y hostigado a las familias de las víctimas para que guarden silencio, o les han prometido compensaciones económicas si grababan vídeos para atribuir la responsabilidad de la muerte de sus seres queridos a “alborotadores” que trabajan para “enemigos” de la República Islámica de Irán.
Manifestantes torturados y víctimas de otros malos tratos
Amnistía Internacional ha documentado constantes generalizadas de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad, incluidas brutales palizas a manifestantes y transeúntes. La organización también ha documentado agresiones sexuales y otras formas de violencia sexual y de género, por ejemplo casos en los que las fuerzas de seguridad agarraron los pechos de las mujeres o les tiraron violentamente del cabello cuando ellas se quitaron el pañuelo en señal de protesta.
El 28 de septiembre, una persona que se manifestaba en Isfahán relató a Amnistía Internacional: “He visto golpear a manifestantes. La noche anterior, mis amistades contaron que vieron cómo una mujer [manifestante] era arrastrada por el suelo tirándole del cabello. Iba perdiendo la ropa según la arrastraban, pero las fuerzas de seguridad siguieron tirándole del cabello…”.
“Hace dos noches”, agregó, “varias de mis amistades fueron golpeadas con porras. Una de ellas, que ahora tiene hematomas en el antebrazo y en las piernas, me dijo que las fuerzas de seguridad las arrinconaron en un callejón y las golpearon con porras. Un miembro de las fuerzas de seguridad dijo entonces: ‘Vamos a dispararles también en la pierna’, y otro agente de seguridad dijo: ‘No, vámonos’. Son así de brutales”.
Amnistía Internacional ha visto material filmado e informes que sugieren que algunos manifestantes han participado en actos de violencia. Sin embargo, Amnistía Internacional hace hincapié en que los actos violentos de una minoría de manifestantes no justifican el uso de medios letales.
Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, aunque algunas personas realicen actos de violencia, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben garantizar que quienes siguen actuando pacíficamente pueden continuar con su protesta sin ser objeto de interferencias indebidas o intimidación de las fuerzas de seguridad. Cualquier fuerza que se utilice para responder a este tipo de violencia debe atenerse en todo momento a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad de cuerdo con el derecho internacional. Las fuerzas de seguridad no deben usar armas de fuego excepto para defenderse o defender a otras personas contra una amenaza inminente de muerte o lesión grave y sólo cuando los medios menos extremos y lesivos sean insuficientes para proteger la vida.
