La población de Irán sigue sufriendo las devastadoras consecuencias de la brutal represión ejercida por las autoridades contra el levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad” en un contexto de impunidad sistemática por los crímenes de derecho internacional cometidos, ha declarado hoy Amnistía Internacional, en vísperas del segundo aniversario de las protestas que tuvieron lugar en todo el país contra décadas de opresión y discriminación por motivos de género.

No se han llevado a cabo investigaciones penales efectivas, imparciales e independientes sobre las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades iraníes durante y después de las protestas nacionales que tuvieron lugar de septiembre a diciembre de 2022, incluido el uso generalizado e ilegítimo de la fuerza y de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad dispararon fusiles de asalto, armas de fuego cargadas con perdigones de metal y latas de gas lacrimógeno, y golpearon duramente con porras a quienes se manifestaban, lo que se tradujo en el homicidio ilegítimo de cientos de manifestantes y transeúntes, incluidos decenas de niños y niñas, y en lesiones que alteraron la vida de muchas personas más. Las autoridades han tratado de silenciar a los familiares que buscan verdad y justicia por los homicidios ilegítimos de sus seres queridos sometiéndolos a detención arbitraria, enjuiciamientos injustos, amenazas de muerte y otras formas de hostigamiento implacable.

Dos años después, las autoridades han llevado aún más lejos su ataque a los derechos humanos, librando una “guerra contra las mujeres y las niñas” al reprimir con creciente violencia a quienes desafían la draconiana legislación sobre el uso obligatorio del velo, y han intensificado el uso de la pena de muerte para silenciar a la disidencia.

“El aniversario del levantamiento ‘Mujeres, Vida, Libertad’ es un recordatorio inquietante de que en Irán hay innumerables personas que siguen sufriendo las consecuencias de la brutal represión de las autoridades. Se siguen negando la vedad, justicia y reparación a víctimas y sobrevivientes de los crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios iraníes durante el levantamiento y después de éste, así como a sus familiares”, afirmó Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Las autoridades iraníes han dedicado los últimos dos años a librar una campaña de negación y distorsión para ocultar las pruebas de sus crímenes e intentar intimidar a las personas sobrevivientes y las familias de las víctimas, a fin de silenciarlas. Ante la nula perspectiva de que se lleven a cabo investigaciones independientes e imparciales internamente, es imperativo que los Estados, a través de sus fiscalías nacionales y acogiéndose al principio de jurisdicción universal, inicien investigaciones penales sobre los delitos cometidos por las autoridades iraníes”.

Intensificación de la “guerra contra las mujeres”

Como parte de sus iniciativas para sofocar el poderoso movimiento de derechos de las mujeres contra el uso obligatorio del velo, que se ganó fuerza tras la muerte bajo custodia de Mahsa/Jina Amini, y el levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad”, en abril de 2024, las autoridades iraníes lanzaron una campaña a nivel nacional llamada “Plan Noor”. Desde entonces se ha observado un evidente aumento de las patrullas de seguridad a pie, en motocicleta, en automóvil y en furgones policiales en los espacios públicos para hacer cumplir la obligatoriedad del uso de velo.

El aniversario del levantamiento ‘Mujeres, Vida, Libertad’ es un recordatorio inquietante de que en Irán hay innumerables personas que siguen sufriendo las consecuencias de la brutal represión de las autoridades.

Diana Eltahawy, Amnistía Internacional

La represión también ha incluido peligrosas persecuciones de automóviles para detener a conductoras, confiscación masiva de sus vehículos, encarcelamiento, flagelación y otras penas que equivalen a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El 22 de julio de 2024, agentes de la policía iraní dispararon municiones letales contra el automóvil en el que viajaba Arezou Badri, de 31 años, dejándola gravemente herida. Según informes de los medios de comunicación, los agentes estaban tratando de confiscar el automóvil como parte de la aplicación de la legislación sobre el uso obligatorio del velo.

En agosto de 2024, circuló en las redes sociales un video perturbador en el que se veía a varios agentes agrediendo violentamente a dos niñas de 14 años que se habían quitado el velo. Una de las niñas, Nafas Hajisharif, dijo en una entrevista con los medios: “Me tiraban del pelo, me gritaban y me insultaban… cuando me metieron en el furgón me tiraron al suelo. Una agente me pegó, me puso la rodilla en el cuello y me golpeó la cabeza con fuerza. Tenía la cabeza bloqueada entre los asientos y mientras me daban patadas en el costado”.

“Son varias las entidades estatales que están llevando acabo un ataque sin cuartel contra las mujeres y las niñas que reivindican sus derechos humanos a la libertad de expresión, reunión pacífica, religión, creencias y autonomía. Entre quienes se encargan de hacer cumplir la legislación degradante y discriminatoria sobre el uso obligatorio del velo figuran la Policía de Seguridad Moral (police amniat-e akhlaghi), la policía de tráfico, las fiscalías, los tribunales, el Ministerio de Inteligencia, la Guardia Revolucionaria, incluidas sus fuerzas Basij, y agentes vestidos de civil.

Entretanto, el Parlamento iraní está a punto de aprobar un “Proyecto de Ley de apoyo a la cultura de la castidad y el hiyab” con el que pretende legalizar la intensificación del ataque de las autoridades a las mujeres y las niñas que cuestionan la obligación de llevar el velo.

Aumento de la aplicación de la pena de muerte

Desde el levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad”, las autoridades iraníes han duplicado la aplicación de la pena de muerte, siendo 2023 el año en que se registró el mayor número de ejecuciones de los últimos ocho años. Las autoridades recurrieron a esta pena como herramienta de opresión para aterrorizar a la población, incluida la minoría étnica baluchi, que es objeto de persecución y se ha visto afectada de manera desproporcionada por las ejecuciones.

Las autoridades han ejecutado arbitrariamente a 10 hombres desde diciembre de 2022 en relación con las protestas de septiembre a diciembre de ese año, incluido Reza (Gholamreza) Rasaei, que fue ejecutado en secreto el 6 de agosto de 2024.

Las ejecuciones se llevaron a cabo tras simulacros de juicio manifiestamente injustos que se basaron en “confesiones” obtenidas mediante tortura y otros malos tratos, incluida la violencia sexual, que no fueron investigadas de forma independiente e imparcial.

Más de una docena de personas siguen en corriendo el riesgo de ser ejecutadas o condenadas a muerte en relación con las protestas, entre ellas Mojahed Kourkouri.

Esta escalada incluye el uso de la pena de muerte contra mujeres por cargos de motivación política. La defensora de los derechos humanos Sharifeh Mohammadi y la activista de la sociedad civil kurda Pakhshan Azizi fueron declaradas culpables recientemente de “rebelión armada contra el Estado” (baghi) y condenadas a muerte por Tribunales Revolucionarios en causas separadas, únicamente por su activismo pacífico. Se conocen informes alarmantes de que fueron sometidas a tortura y otros malos tratos bajo custodia. Al menos otras dos mujeres, Wrisha Moradi y Nasim Gholami Simiyari, han sido juzgadas también por “rebelión armada contra el Estado” (baghi) en causas separadas.

Utilización de la violencia sexual como arma

En los últimos dos años, las autoridades han seguido negando que los funcionarios sometieran a las personas detenidas durante las protestas a tortura y otros malos tratos, incluida la violación y otras formas de violencia sexual.

Durante el levantamiento, las fuerzas de seguridad e inteligencia de Irán sometieron a las personas detenidas a tortura y otros malos tratos de forma generalizada. En diciembre de 2023, Amnistía Internacional detalló el uso espeluznante de la violación, incluida la violación en grupo, y otras formas de violencia sexual por parte de las autoridades iraníes para aplastar las protestas y aterrorizar y castigar a quienes se manifestaban, incluidos niños y niñas de tan solo 12 años.

En marzo de 2024, el Consejo Superior de Derechos Humanos de la República Islámica de Irán, que no es un órgano independiente, sino que depende del poder judicial, respondió a la investigación de Amnistía Internacional afirmando que el poder judicial de Irán había investigado las denuncias y encontrado que “en 28 de las 31 provincias no se ha[bían] presentado denuncias por violación, agresión y acoso sexual”. Sin embargo, Amnistía Internacional ha documentado sistemáticamente el modo en que la fiscalía y las autoridades judiciales han desestimado o encubierto pruebas de violencia sexual, incluidas denuncias de supervivientes.

En las tres provincias donde los funcionarios dijeron que habían recibido denuncias de violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad e inteligencia, las autoridades afirmaron que estas personas se hacían pasar por agentes encargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, un documento oficial filtrado en octubre de 2022 por el fiscal adjunto de Teherán reconocía que dos presuntos autores de violaciones de manifestantes eran agentes de la Guardia Revolucionaria y aconsejaba clasificar el caso como “completamente confidencial”.

Crisis de impunidad sistémica

Los funcionarios iraníes sospechosos de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos siguen eludiendo la justicia.

En marzo de 2024 se hizo público el informe del “Comité Especial para Examinar los Disturbios de 2022”, comité no judicial y sesgado establecido por el presidente difunto para facilitar la campaña oficial de negación, distorsión y encubrimiento. El comité afirmó que las fuerzas de seguridad habían “actuado de manera responsable” en respuesta a las protestas, pese a estar bien documentado que emplearon fuerza ilegítima, incluidos medios letales.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU amplió el mandato de la misión de investigación de la ONU sobre Irán en abril de 2024, pero las autoridades iraníes persisten en negarse a cooperar con el organismo independiente y en negar a sus miembros el acceso al país.

Amnistía Internacional se hace eco de las recomendaciones de la misión a todos los Estados para que, en virtud del principio de jurisdicción universal, inicien investigaciones penales sobre funcionarios iraníes con sospechas razonables de haber cometido crímenes de derecho internacional, independientemente de que el acusado se encuentre o no en su territorio, y para que inicien “investigaciones estructurales sobre la situación general vinculada a las protestas de 2022 sin que se haya identificado a un sospechoso”.