Las fuerzas de seguridad iraníes han usado la violación y otras formas de violencia sexual —equivalentes a tortura y otros malos tratos— para intimidar y castigar a manifestantes pacíficas durante la sublevación bajo el lema “Mujer Vida Libertad” en 2022; así lo afirma Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy.
El informe “They violently raped me”: Sexual violence weaponized to crush Iran’s “Woman Life Freedom” uprising, de 120 páginas, documenta de forma pormenorizada la atroz experiencia de 45 sobrevivientes (26 hombres, 12 mujeres y 7 menores) que sufrieron violación, violación en grupo u otras formas de violencia sexual a manos de agentes de inteligencia y de seguridad tras su arresto arbitrario por oponerse a décadas de opresión y arraigada discriminación de género. Hasta la fecha, las autoridades iraníes no han acusado ni procesado a ningún agente por los casos de violación y otra violencia sexual documentados en el informe.
“Nuestra investigación pone al descubierto el uso de la violación y otra violencia sexual por parte de agentes de inteligencia y de seguridad de Irán para torturar, castigar e infligir daños físicos y psicológicos duraderos a las personas que se manifestaban, entre las que había menores hasta de 12 años. Los espeluznantes testimonios que recabamos apuntan a un patrón general de violencia sexual utilizada por las autoridades iraníes como principal arma de represión de las protestas y la disidencia para aferrarse a toda costa al poder”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Fiscales y jueces de Irán no sólo fueron cómplices al ignorar u ocultar las denuncias de violación de personas sobrevivientes, sino que además utilizaron 'confesiones' presuntamente obtenidas mediante tortura para presentar cargos falsos contra sobrevivientes e imponerles condenas de muerte o prisión. Las víctimas, privadas de un recurso efectivo y de resarcimiento, se enfrentan a la impunidad institucionalizada, el silenciamiento y múltiples cicatrices físicas y psicológicas que son profundas y duraderas.”
El informe revela que entre los autores de violación y otras formas de violencia sexual había agentes de la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar Basij y el Ministerio de Inteligencia, así como de varias secciones de la policía iraní, como la Policía de Seguridad Pública (polis-e amniyat-e omumi), la Unidad de Investigación (agahi) y las Fuerzas Especiales (yegan-e vijeh). Algunas personas sobrevivientes eran mujeres y niñas que se habían quitado el hiyab en un gesto desafiante, así como niños y hombres que habían salido a la calle para expresar su indignación ante décadas de opresión y discriminación de género.
Es difícil calcular la incidencia de la violencia sexual durante la sublevación bajo el lema “Mujer Vida Libertad”, ya que se denunciaron menos casos de los reales debido al estigma y el miedo a represalias. Sin embargo, la documentación exhaustiva de 45 casos por la organización de derechos humanos en más de la mitad de las provincias de Irán indica, junto con los relatos de sobrevivientes y otras personas detenidas sobre más casos de violación y otra violencia sexual contra decenas de manifestantes bajo custodia, que las violaciones documentadas forman parte de un patrón general.
Amnistía Internacional comunicó sus conclusiones a las autoridades iraníes el 24 de noviembre pero no ha recibido respuesta hasta la fecha.
“¿No es lo que queréis de la liberación?”
De las 45 personas sobrevivientes cuyos casos se documentan en el informe, 16 fueron violadas: seis mujeres, siete hombres, una niña de 14 años y dos adolescentes varones de 16 y 17 años. Seis de ellas —cuatro mujeres y dos hombres— sufrieron violación en grupo a manos de hasta 10 agentes varones.
Agentes del Estado violaron a mujeres y niñas vaginal, anal y oralmente, y a hombres y niños analmente. Los agentes llevaron a cabo las violaciones con sus órganos sexuales y sus dedos o con porras metálicas y de madera, botellas de cristal y mangueras. Las violaciones se cometieron en centros de detención y furgones policiales, así como en escuelas y edificios residenciales reutilizados ilegalmente como lugares de detención.
Farzad, a quien violaron en grupo en un furgón de las fuerzas especiales de la policía, contó a Amnistía Internacional: “Agentes vestidos de civil nos pusieron de cara a las paredes del vehículo y nos aplicaron descargas eléctricas en las piernas [...] Me torturaron a golpes [...] que me causaron rotura de nariz y de dientes. Me bajaron los pantalones y me violaron [...] Me estaban destrozando, vomitaba mucho y sangraba del recto.”
Maryam, violada en grupo en un centro de detención de la Guardia Revolucionaria, contó lo que le habían dicho sus violadores: “Todas sois adictas al pene, así que te hemos hecho pasar un buen rato. ¿No es eso lo que queréis de la liberación?”
Amnistía Internacional documentó también los casos de 29 personas que habían sobrevivido a otras formas de violencia sexual distintas de la violación. En estos casos, los agentes del Estado habitualmente agarraban, manoseaban y daban puñetazos y patadas en el pecho, los genitales y las nalgas a las víctimas; las obligaban a estar desnudas, a veces delante de cámaras de vídeo; les aplicaban descargas eléctricas; y les clavaban agujas o aplicaban hielo en los testículos (a hombres) y les cortaban el pelo o arrastraban violentamente por el cabello (a mujeres); además, los agentes amenazaban a las personas sobrevivientes de violación o a sus familiares.
La violación y otra violencia sexual fueron acompañadas con frecuencia de tortura y otros malos tratos, como palizas, azotes, descargas eléctricas, administración por vía oral o inyección de medicamentos no identificados, privación de comida y agua, y condiciones de reclusión crueles e inhumanas. Además, las fuerzas de seguridad negaban asistencia médica sistemáticamente a las personas sobrevivientes, incluso cuando había lesiones derivadas de la violación.
Sin una vía nacional para obtener justicia
La inmensa mayoría de las personas sobrevivientes contaron a Amnistía Internacional que no habían presentado denuncia tras su liberación por miedo a sufrir más daño y porque estaban convencidas de que el poder judicial era un instrumento de represión y no de reparación.
Al comparecer ante las autoridades fiscales para ser interrogadas cuando aún estaban bajo custodia, seis personas sobrevivientes mostraron las cicatrices de las torturas sufridas o se quejaron de abusos pero fueron ignoradas.
Tres personas sobrevivientes presentaron denuncia formal tras su liberación, pero dos tuvieron que retirarla cuando las fuerzas de seguridad amenazaron con secuestrar o matar a sus familiares y la tercera fue ignorada durante meses, además de que un alto funcionario le dijo que había “confundido” un registro corporal con violencia sexual.
Amnistía Internacional examinó también un documento oficial filtrado —con fecha de 13 de octubre de 2022 y publicado por un medio de comunicación fuera de Irán en febrero de 2023— que revela que las autoridades ocultaron las denuncias de violación de dos mujeres jóvenes contra dos agentes de la Guardia Revolucionaria durante las protestas. En el documento, el fiscal adjunto de Teherán aconsejaba clasificar el caso como “completamente confidencial” y “cerrar[lo] con el tiempo”.
Afectadas por el trauma pero anhelando que se haga justicia
Personas sobrevivientes —hombres, mujeres, niños y niñas— contaron a Amnistía Internacional que seguían lidiando con los traumas físicos y psicológicos de la violación y otras formas de violencia sexual.
La madre de un escolar que había sido violado contó a Amnistía Internacional que su hijo había intentado suicidarse dos veces estando bajo custodia.
Una manifestante llamada Sahar relató los traumáticos efectos de la violencia sexual sufrida a manos de unos agentes de seguridad que le habían quitado la ropa —excepto la interior— y tocado los pechos y genitales mientras se burlaban de ella y amenazaban con violarla:
“Yo era una persona luchadora. Incluso cuando la República Islámica intentó que me desmoronara, yo seguí adelante. Pero últimamente pienso mucho en el suicidio [...] Me paso el día esperando a que llegue la noche para poder dormir.”
Zahra, violada por un agente de las Fuerzas Especiales de la policía, describió las secuelas psicológicas duraderas que padecía:
“Creo que nunca volveré a ser la misma persona de antes. No hay nada que consiga llevarme a mi estado anterior, devolverme el alma [...] Espero que mi testimonio permita hacer justicia y no sólo en mi caso.”
“Sin voluntad política y sin reformas jurídicas y constitucionales fundamentales, las barreras estructurales seguirán asolando el sistema de justicia iraní, que una y otra vez pone de manifiesto su lamentable incapacidad y falta de voluntad para investigar eficazmente los crímenes de derecho internacional”, ha afirmado Agnès Callamard.
“Sin perspectivas de justicia en el ámbito nacional, la comunidad internacional tiene la obligación de ponerse de parte de las personas sobrevivientes y procurar que obtengan justicia. Deberían apoyar la ampliación del mandato de la misión de investigación de la ONU sobre Irán para garantizar que un mecanismo independiente sigue recopilando, preservando y analizando pruebas de los crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos. Pedimos a los Estados que abran investigaciones criminales en sus países contra los presuntos perpetradores en virtud del principio de jurisdicción universal, con miras a dictar órdenes internacionales de detención.”