“Las autoridades iraníes deben paralizar inmediatamente todas las ejecuciones de personas condenadas a muerte en relación con las protestas en todo el ámbito nacional”, ha declarado hoy Amnistía Internacional al condenar las ejecuciones arbitrarias de Mohammad Mehdi Karami y Seyed Mohammad Hosseini el 7 de enero y advertir de que Mohammad Ghobadlou y otras personas podrían correr la misma suerte.El 2 de enero, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia condenatoria y la pena de muerte impuestas a Mohammad Ghobadlou, de 22 años, en relación con las protestas en curso en toda la nación, lo que eleva a definitiva la sentencia y suscita el temor de que su ejecución sea inminente. La semana pasada, las autoridades anunciaron también cinco condenas a muerte más impuestas por Tribunales Revolucionarios en relación con las protestas.
“Es aberrante que las autoridades iraníes persistan en su oleada de homicidios sancionados por el Estado en su intento desesperado de acabar con las protestas y aferrarse al poder infundiendo temor entre la ciudadanía”, afirmó Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“La ejecución arbitraria de Mohammad Mehdi Karami y Seyed Mohammad Hosseini pocos días después de la confirmación de su condena a muerte revela que las autoridades iraníes siguen esgrimiendo la pena capital como arma de represión y sirve de estremecedor recordatorio de que decenas de personas más siguen corriendo el riesgo de ser ejecutadas.”
Mientras las autoridades iraníes continúan su ataque contra el derecho a la vida para aplastar las protestas, la ciudadanía de Irán sigue defendiendo los derechos humanos. Las familias de las personas que podrían ser ejecutadas y quienes las apoyan protestaron el 8 y el 9 de enero frente a la prisión de Raja’i Shahr, donde están recluidos Mohammad Ghobadlou y otras personas condenadas a muerte, a pesar de que las autoridades trataron de dispersarlas efectuando disparos al aire. La angustia de las familias se ve exacerbada por el persistente hermetismo de las autoridades sobre su uso de la pena de muerte y su negativa a avisar con antelación de las ejecuciones a familiares y profesionales de la abogacía.
En grave peligro de ejecución
Mohammad Ghobadlou se encuentra en grave peligro de ejecución después de que el Tribunal Supremo confirmara su sentencia condenatoria y la pena de muerte el 2 de de enero de 2023. Ghobadlou había sido condenado a muerte por “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) tras un simulacro de juicio acelerado y manifiestamente injusto ante un Tribunal Revolucionario de Teherán. La acusación se basó en “confesiones” obtenidas bajo tortura para declararlo culpable de atropellar con un vehículo a unos agentes, causando la muerte de uno de ellos y lesiones a otros.
Mohammad Ghobadlou fue juzgado también por un tribunal de lo penal en Teherán por cargos derivados de los mismos presuntos actos, lo que es contrario a la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo delito. Si es declarado culpable podría serle impuesta una segunda condena a muerte.
Las autoridades no hicieron exámenes adecuados de la salud mental de Mohammad Ghobadlou, y su madre ha afirmado que en la prisión se le niega la medicación para su enfermedad mental. El 29 de diciembre de 2022, un grupo de psiquiatras publicó una carta abierta al presidente del poder judicial pidiendo un examen más detallado de su salud mental y su posible impacto en su capacidad de discernir.
El abogado de Mohammad Ghobadlou solicitó la revisión judicial de su caso ante el Tribunal Supremo, que sigue pendiente de resolución.
Ejecutados tras juicios farsas injustos
El 5 de diciembre, un Tribunal Revolucionario de la provincia de Alborz condenó a muerte a Mohammad Mehdi Karami y a Seyed Mohammad Hosseini en un simulacro de juicio manifiestamente injusto. También fueron declarados culpables de “propagar la corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) en relación con la muerte de un agente paramilitar del Basij durante una protesta el 3 de noviembre de 2022.
El Tribunal dictó sentencia condenatoria y los condenó a muerte menos de una semana después de que comenzara el juicio, el 30 de noviembre de 2022. Antes del juicio, los medios de comunicación estatales difundieron sus “confesiones” forzadas y los calificaron de “asesinos”, violando así su derecho a la presunción de inocencia. Además, a ninguno de los dos se le permitió el acceso a un abogado de su elección.
Seyed Mohammad Hosseini reveló posteriormente a su abogado que las autoridades lo habían obligado a “confesar” bajo tortura y otros malos tratos: le propinaron patadas hasta que perdió el conocimiento, lo golpearon en las plantas de los pies con barras de hierro y le aplicaron descargas eléctricas en todo el cuerpo.
Sus ejecuciones, que tuvieron lugar justo dos meses después de su detención, se llevaron a cabo en secreto y sin aviso previo a sus abogados y familias.
Decenas de manifestantes en peligro
Amnistía Internacional teme que decenas de personas más sean condenadas a muerte en relación con las protestas dado que, desde que éstas estallaron, miles de personas han sido detenidas arbitrariamente e imputadas. Entre ellas figura Mohammad Boroughani, condenado a muerte por un Tribunal Revolucionario de Teherán por “enemistad con Dios” (moharebeh) en un simulacro de juicio manifiestamente injusto, tras ser declarado culpable por esgrimir supuestamente un machete, incendiar el edificio del gobernador y herir a un agente estatal. El 24 de diciembre, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia condenatoria y la pena de muerte. El 11 de enero, el director de Relaciones Públicas del Tribunal Supremo de Irán anunció en Twitter la suspensión de la ejecución de la condena a muerte pendiente del resultado de una revisión judicial del Tribunal Supremo. También corren peligro Arshia Takdestan, Javad Roohi, Manouchehr Mehman Navaz, Saleh Mirhashemi, Saeed Yaghoubi y Majid Kazemi, declarados culpables y condenados a muerte desde noviembre.
Por otra parte, entre las personas sometidas a juicio o acusadas de delitos que conllevan la pena de muerte figuran Abolfazl Mehri Hossein Hajilou, Mohsen Rezazadeh Gharagholou, Saeed Shirazi, Akbar Ghafari, Toomaj Salehi, Ebrahim Rigi (Riki), Farzad (Farzin) Tahazadeh and Farhad Tahazadeh, Karwan Shahiparvaneh, Reza Eslamdoost, Hajar Hamidi y Shahram Marouf-Mola.
Amnistía Internacional investiga las informaciones sobre otras personas condenadas y/o que podrían ser condenadas a muerte en relación con las protestas.
“Es crucial que la comunidad internacional no sólo apoye al pueblo de Irán, sino que actúe con urgencia para exigir responsabilidades a las autoridades iraníes. Los Estados deben ejercer la jurisdicción universal para someter a investigación penal a todos los funcionarios contra los que existan sospechas razonables de estar implicados en crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos, y dictar órdenes de detención cuando haya pruebas suficientes”, concluyó Diana Eltahawy.
Información complementaria
En 2022, las autoridades iraníes ejecutaron a dos hombres más en relación con las protestas en todo el país. El 8 de diciembre, fue ejecutado Mohsen Shekari menos de tres meses después de su detención y después de ser declarado culpable en un juicio flagrantemente injusto de “enemistad con Dios”. El 12 de diciembre, Majidreza Rahanvard fue ejecutado públicamente apenas dos semanas después de ser declarado culpable de “enemistad con Dios” en un juicio flagrantemente injusto.
