En respuesta al temor por la ejecución inminente en Irán de tres manifestantes de Isfahán—Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi y Saeed Yaghoubi— suscitado por la emisión en medios de comunicación estatales de sus “confesiones” y la confirmación por el Tribunal Supremo de su injusta sentencia condenatoria y pena de muerte, a pesar de existir motivos de preocupación relacionados con la tortura y las garantías procesales, Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha manifestado:
“La escandalosa velocidad con la que el sistema judicial iraní ha dado curso al juicio y la sentencia de estos manifestantes —en un contexto de “confesiones” empañadas por tortura, deficiencias procedimentales graves y falta de pruebas— es un ejemplo más del descarado desprecio de las autoridades iraníes por el derecho a la vida y a un juicio justo.” En una grabación de audio, Majid Kazemi dijo desde la prisión que se había visto obligado a realizar declaraciones autoincriminatorias falsas después de que los interrogadores lo golpearan, lo sometieran a descargas eléctricas y a simulacros de ejecución y lo amenazaran con violarlo, ejecutar a sus hermanos y hostigar a sus padres.
“El uso de la pena de muerte contra estos hombres es un acto de venganza flagrante contra una generación valiente de manifestantes por exigir con tenacidad los derechos de la población iraní durante los últimos siete meses. Es una prueba más de que las autoridades están adoptando medidas cada vez más violentas y extremas para atormentar y aterrorizar a la población de Irán con el fin de acabar con las protestas a cualquier precio e imponer el silencio y la sumisión mediante la fuerza bruta.”
“En medio de la horrible oleada de ejecuciones de decenas de personas llevada a cabo por las autoridades desde finales de abril de 2023, la comunidad internacional debe tomar medidas urgentes y audaces para detener la ejecución de estos manifestantes antes de que sea demasiado tarde. Las autoridades penitenciarias comunicaron a sus familias que hoy era su última visita. La comunidad internacional también debe presionar a las autoridades iraníes para que establezcan de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones. Instamos a todos los Estados a ejercer la jurisdicción universal sobre todos los funcionarios iraníes contra los que existan sospechas razonables de responsabilidad penal en delitos de derecho internacional.”
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi y Saeed Yaghoubi fueron detenidos en noviembre de 2022 tras participar en las manifestaciones celebradas en la ciudad de Isfahán durante la oleada de protestas que desencadenó en todo el país la muerte bajo custodia de Mahsa (Zhina) Amini.
Según fuentes bien informadas, fueron torturados tras ser sometidos a desaparición forzada y obligados a realizar las declaraciones incriminatorias en las que se basó la causa penal en su contra. Las fuentes contaron que los interrogadores colgaron a Majid Kazemi cabeza abajo y le mostraron un vídeo en el que torturaban a su hermano, también detenido. También lo sometieron al menos a 15 simulacros de ejecución haciéndole subirse a una silla y colocándole una soga alrededor del cuello, y bajándolo en el último momento. En los días previos al juicio, amenazaron con matar a sus hermanos si no aceptaba sus cargos y “confesaba” lo que le dijeran.
En un mensaje de audio desde la prisión de Dastgerd, donde se encuentran recluidos, se escucha a Majid Kazemi decir: “Juro por Dios que soy inocente. No llevaba ningún arma. [Las fuerzas de seguridad] no dejaban de golpearme y ordenarme que dijera que esta arma es mía. […] Les dije que diría lo que quisieran, pero que por favor dejaran en paz a mi familia. Hice lo que ellos querían por la tortura”.
Los hombres fueron enjuiciados en diciembre de 2022 y enero de 2023 y condenados a muerte por el cargo de “enemistad con Dios” (moharebeh) por presunta tenencia de un arma de fuego. El 10 de mayo, las autoridades anunciaron que el Tribunal Supremo había confirmado sus condenas a pesar de la vulneración de su derecho al debido proceso, importantes deficiencias procedimentales, falta de pruebas y denuncias de tortura que nunca se investigaron. Según fuentes bien informadas, las autoridades habían comunicado en varias ocasiones a las familias de los hombres antes de la decisión del Tribunal Supremo que serían indultados y puestos en libertad por falta de pruebas.
Hoy se citó a las familias para una visita con los hombres durante la cual las autoridades penitenciarias les comunicaron que se trataba de la última, lo que suscita graves motivos de preocupación por que puedan ser ejecutados mañana por la mañana. Las familias han convocado una protesta ante la prisión de Dastgerd esta noche a las 10, hora de Teherán.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución, porque considera que viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
