Amnistía Internacional ha tenido noticia de que las autoridades iraníes han ejecutado en secreto a un joven que era menor de edad cuando fue detenido y que había pasado casi una década en el corredor de la muerte. Sajad Sanjari fue ahorcado en la prisión de Dizelabad, provincia de Kermanshah, al amanecer del 2 de agosto, pero no se informó a su familia hasta que un funcionario penitenciario les pidió ese día que recogieran el cadáver.

En agosto de 2010, la policía detuvo a Sajad Sanjari, que en esa fecha tenía 15 años, por el apuñalamiento con resultado de muerte de un hombre. Sajad Sanjari dijo que el hombre había intentado violarlo y alegó haber actuado en defensa propia, pero en 2012 fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte.

“Con la ejecución secreta de Sajad Sanjari, las autoridades iraníes han demostrado una vez más la crueldad absoluta de su sistema de justicia de menores. El uso de la pena de muerte contra personas que eran menores de 18 años en el momento del delito está absolutamente prohibido en el derecho internacional y constituye un ataque cruel contra los derechos de la infancia”, dijo Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“El hecho de que Sajad Sanjari haya sido ejecutado en secreto, negándole a él y a su familia incluso la oportunidad de despedirse, consolida una alarmante constante de las autoridades iraníes en la que llevan a cabo ejecuciones en secreto o notificándolas con poca antelación para reducir al mínimo las posibilidades de una intervención pública y privada para salvar vidas. Instamos a las autoridades iraníes a que pongan fin a estas atroces violaciones del derecho a la vida y de los derechos de la infancia reformando inmediatamente el Código Penal para prohibir el uso de la pena de muerte contra cualquier persona menor de 18 años en el momento del delito”.

Sajad Sanjari fue declarado culpable y condenado a muerte en enero de 2012. Durante el juicio, admitió haber apuñalado al hombre, pero afirmó que lo había hecho en defensa propia después de que el hombre hubiera intentado violarlo. Dijo que el hombre había amenazado con agredirlo la víspera, por lo que llevó consigo un cuchillo de cocina para asustarlo.

El tribunal rechazó la alegación de defensa propia de Sajad Sanjari después de que varios testigos dieran fe del buen carácter de la víctima y añadió que Sajad Sanjari no podía alegar defensa propia porque había sido advertido con antelación y, por tanto, tuvo tiempo de sobra para exponer el asunto ante las autoridades o pedir ayuda a residentes de su pueblo.

El Tribunal Supremo rechazó inicialmente, en diciembre de 2012, la declaración de culpabilidad y la condena a muerte por varios defectos en el proceso de instrucción, pero las confirmó en última instancia en febrero de 2014.

En junio de 2015 se concedió a Sajad Sanjari un nuevo juicio en virtud de la incorporación al Código Penal Islámico de 2013 de unas nuevas directrices para la imposición de condenas a personas menores de edad en el momento del delito que dejaban a discreción de los jueces reemplazar la pena de muerte por una condena alternativa si consideraban que el menor no había comprendido la naturaleza del delito o sus consecuencias o si existían dudas sobre su "desarrollo mental y madurez" en el momento del delito.

Sin embargo, un tribunal de lo penal de la provincia de Kermanshah volvió a condenar a Sajad Sanjari a muerte el 21 de noviembre de 2015 tras concluir, sin ninguna explicación, que había alcanzado la “madurez” en el momento del delito. Al llegar a esta conclusión, el tribunal no remitió a Sajad Sanjari a la Organización de Medicina Forense de Irán, organismo de carácter estatal, para una evaluación, y descartó la opinión de un asesor judicial oficial especializado en psicología infantil de que Sajad Sanjari no había alcanzado la madurez en el momento del delito. Durante su primer juicio en 2012, el tribunal había concluido que había alcanzado la “madurez” a los 15 años basándose en el “desarrollo del vello púbico”.

La condena fue confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo y se denegó una petición posterior de nuevo juicio.

En enero de 2017, las autoridades iraníes suspendieron la ejecución prevista de Sajad Sanjari tras el clamor internacional suscitado.

Ejecución inminente de otros jóvenes detenidos cuando eran menores

Otros dos jóvenes, Hossein Shahbazi y Arman Abdolali, detenidos y condenados a muerte por delitos que se cometieron cuando tenían 17 años, corren actualmente el riesgo de ser ejecutados de forma inminente. Los juicios de ambos estuvieron empañados por graves violaciones, incluido el uso de “confesiones” obtenidas bajo tortura.

La ejecución de Hossein Shahbazi estaba prevista para el 25 de julio de 2021, pero se aplazó en el último minuto tras el clamor internacional que suscitó. La ejecución podría ser reprogramada en cualquier momento.

Amnistía Internacional ha identificado a más de 80 personas en Irán que están actualmente en el corredor de la muerte por delitos que se cometieron cuando eran menores de edad.

En 2020, Amnistía Internacional tuvo constancia de la ejecución de al menos tres personas declaradas culpables de delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, lo que convirtió a Irán en el único país del mundo que lleva a cabo este tipo de ejecuciones.

Desde enero de 2005, Amnistía ha tenido información de la ejecución de al menos 95 personas que eran menores de 18 años en el momento en que se cometieron los delitos de los que habían sido declaradas culpables.

Es probable que la cifra real de las personas que podrían ser ejecutadas sea mayor. Según la legislación iraní, en casos de asesinato y algunos otros delitos punibles con la muerte, los niños de más de 15 años lunares y las niñas de más de 9 pueden ser tan culpables como una persona adulta y, por consiguiente, ser condenados a muerte.

Como Estado Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está obligado por ley a tratar como niño o niña a cualquier persona menor de 18 años, y a garantizar que no sean condenadas nunca a muerte ni a cadena perpetua.