Las autoridades iraníes ejecutaron hoy a un joven manifestante, Mohsen Shekari, que había sido declarado culpable y condenado a muerte en un procedimiento que distaba mucho de parecerse a un juicio oral con sentido por participar en el levantamiento popular en curso que recorre el país, según ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

“Nos horroriza que las autoridades iraníes hayan ejecutado a Mohsen Shekari menos de tres semanas después de haberlo declarado culpable y condenado a la pena de muerte en un simulacro de juicio manifiestamente injusto. Ante el brutal cumplimiento de las autoridades iraníes de sus amenazas públicas de acelerar las causas de pena de muerte y llevar a cabo las ejecuciones con rapidez, tememos que otras personas manifestantes condenadas a muerte o acusadas de delitos punibles con esa pena corran el peligro inminente de ser ejecutadas, manifestó Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“La escandalosa velocidad con la que progresó el juicio de Mohsen Shekari por el sistema judicial iraní, sin darle la oportunidad de un juicio y un proceso de apelación adecuados, ilustra una vez más el hecho del que las autoridades recurren a la pena de muerte como instrumento de represión política. El objetivo está claro: infundir miedo a la población en un intento desesperado por aferrarse al poder y poner fin al levantamiento popular.”

Las autoridades declararon a Mohsen Shekari culpable del cargo impreciso y excesivamente general de “enemistad con Dios” (moharebeh) en relación con la acusación de “bloquear una calle en Teherán, provocando miedo y privando a la población de libertad y seguridad, y herir intencionadamente a un agente de seguridad con una arma blanca (cuchillo)”, lo que infringe el derecho internacional, que limita el uso de la pena de muerte a los más graves delitos, entendidos como tales los que implican homicidio intencional.

Amnistía Internacional teme que muchas otras personas corran peligro de ser condenadas a muerte en relación con el levantamiento popular, habida cuenta de los miles de personas detenidas y formalmente acusadas. Amnistía Internacional ha identificado al menos a otras 18 personas que corren peligro de ser ejecutadas en relación con las protestas y que se encuentran en distintas etapas del proceso de justicia penal.

Las 12 personas condenadas a muerte son: Sahand Nourmohammad-Zadeh, Mahan Sedarat Madani, Manouchehr Mehman Navaz, Mohammad Boroughani, Mohammad Ghobadlou, Saman Seydi, Hamid Ghare Hasanlou, Akbar Ghafarri, y otras cuatro personas de apellido Alborz y nombre desconocido.

Las seis personas que están siendo enjuiciadas/o han sido acusadas de delitos que acarrean la pena de muerte son: Abolfazl Mehri Hossein Hajilou, Mohsen Rezazadeh Gharegholou, Saeed Shirazi, Ebrahim Rahimi, Majidreza Rahnavard y Toomaj Salehi.

“Dado que las autoridades iraníes tienen la firme intención de continuar con su oleada de homicidios tanto en la calle como a través de simulacros de juicio, corresponde a la comunidad internacional tomar medidas urgentes para detener nuevas ejecuciones. Más allá de expresar su indignación y su condena, la comunidad internacional debe tomar todas las medidas necesarias para hacer rendir cuentas a todos los funcionarios —incluidos los de seguridad, inteligencia, la fiscalía y la judicatura— involucrados en crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida. Una de las medidas debe ser ejercer la jurisdicción universal para investigar a todos los presuntos autores de tales crímenes y, cuando haya pruebas suficientes, emitir órdenes de detención”, manifestó Diana Eltahawy.

Información complementaria

Incluso antes del inicio del levantamiento a mediados de septiembre, Amnistía Internacional advirtió de un aumento horrendo de las ejecuciones en Irán, donde las autoridades mataron al menos a 251 personas durante los primeros seis meses de 2022. La organización se oponen a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características de la persona condenada o el método de ejecución utilizado por el Estado para matarla. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.