La muerte del presidente Ebrahim Raisí no debe negar al pueblo de Irán su derecho a la justicia, la verdad y la reparación por el sinfín de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidas desde la década de 1980, durante el tiempo en que Raisí fue escalando en el poder. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, tras el fallecimiento del presidente en un accidente de helicóptero ocurrido en la provincia de Azerbaiyán Oriental.
Ebrahim Raisí, que en 1980, a los 20 años, fue nombrado fiscal general de Karaj, provincia de Alborz, rápidamente fue ascendiendo para asumir diversos altos cargos judiciales y ejecutivos, antes de convertirse en presidente del país en 2021. Durante los últimos 44 años estuvo directamente implicado o supervisó la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales de miles de disidentes políticos en la década de 1980, así como el homicidio ilegítimo, la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura de miles de manifestantes, y la violenta persecución de las mujeres y niñas que desafiaban el uso obligatorio del velo, entre otras graves violaciones de derechos humanos.
“Ebrahim Raisí debería haber sido sometido a una investigación penal, por delitos que incluyen los crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada y tortura, mientras estaba vivo. Su muerte no debe privar a sus víctimas y a los familiares de éstas de su derecho a la verdad y a ver rendir cuentas a los demás cómplices de sus crímenes”, ha manifestado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Durante décadas, los perpetradores penalmente responsables han disfrutado de la impunidad sistemática que impera en Irán. Ahora la comunidad internacional debe actuar para establecer vías de rendición de cuentas para las víctimas de crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos cometidos por Ebrahim Raisí y otras autoridades iraníes.”
Ahora la comunidad internacional debe actuar para establecer vías de rendición de cuentas para las víctimas de crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos cometidos por Ebrahim Raisí y otras autoridades iraníes.
Diana Eltahawy, directora regional adjunta de para Oriente Medio y el Norte de África
Implicación en las matanzas penitenciarias de 1988
En 1988, Ebrahim Raisí fue miembro de la “comisión de la muerte” que llevó a cabo las continuas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de varios miles de disidentes políticos en las cárceles de Evin, en Teherán, y Gohardasht, en la provincia de Alborz, entre finales de julio y principios de septiembre de 1988. Desde entonces, y durante décadas, se ha negado cruelmente a supervivientes y familiares de las víctimas la verdad, la justicia y la reparación, y se les ha perseguido por pedir rendición de cuentas.
En mayo de 2018, Ebrahim Raisí defendió públicamente los homicidios en masa, y describió las masacres como “uno de los orgullosos logros del sistema [de la República Islámica]”.
En un informe publicado en noviembre de 2018, Amnistía Internacional pidió que Ebrahim Raisí fuera sometido a una investigación penal por los constantes crímenes de lesa humanidad de desaparición forzada, persecución, tortura y otros actos inhumanos, incluida la ocultación sistemática de la suerte de las víctimas y del destino final de sus restos.
Durante las décadas en que Ebrahim Raisí ocupó múltiples cargos políticos, incluido el de presidente de la Magistratura desde 2019 hasta 2021, el poder judicial de Irán fue un impulsor clave de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, y sometió a decenas de miles de personas a detenciones y reclusiones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos, juicios flagrantemente injustos y castigos que violaban la prohibición de la tortura y otros malos tratos, como la flagelación, la amputación y la lapidación.
Bajo su mandato, el poder judicial otorgó impunidad total a autoridades del gobierno y fuerzas de seguridad sospechosas de ser penalmente responsables del homicidio ilegítimo de centenares de hombres, mujeres, niños y niñas y de someter a cientos de manifestantes a detenciones arbitrarias masivas y como mínimo a cientos de ellos a desaparición forzada, y a tortura u otros malos tratos durante las protestas que tuvieron lugar en todo el país en noviembre de 2019 y después de ellas.
Como presidente de Irán y del Consejo Supremo de Seguridad Nacional durante el levantamiento “Mujer Vida Libertad” de septiembre-diciembre de 2022, Ebrahim Raisí alabó y supervisó la violenta represión, por parte de las fuerzas de seguridad, de las protestas que recorrieron el país, una represión que condujo al homicidio ilegítimo de centenares de manifestantes y transeúntes, causó heridas a miles más y provocó la tortura y otros malos tratos, incluida la violación y otras formas de violencia sexual, de manifestantes a quienes se había detenido.
Implicación en el terrible aumento de las ejecuciones
Tras la llegada de Ebrahim Raisí a la presidencia en 2021, él y otros altos cargos bajo su mando incrementaron el uso de la pena de muerte en una renovada “guerra contra las drogas”. Desde entonces, las ejecuciones aumentaron enormemente, hasta culminar en la ejecución de al menos 853 personas en 2023: un aumento del 172% desde 2021.
Este terrible aumento de las ejecuciones se debió en gran parte a una vuelta a una letal política antidroga que, en 2023, dio lugar a que las autoridades llevaran a cabo al menos 481 ejecuciones relacionadas con las drogas: un aumento del 264% desde 2021.
En diciembre de 2022, el gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley basado en las instrucciones de Ebrahim Raisí que, de ser aprobado, ampliará el uso de la pena de muerte para los delitos de drogas. El 8 de enero de 2024, la Comisión Jurídica y Judicial del Parlamento aprobó los principios generales del proyecto de ley.
Bajo la supervisión de Ebrahim Raisí como presidente del país y de la Magistratura, las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 2.462 personas en todo Irán.
Implicación en el ataque violento contra los derechos de las mujeres
En 2022, Ebrahim Raisí orquestó un cumplimiento más estricto de las leyes que imponían la obligatoriedad del uso del velo, con unas acciones que culminaron en la muerte bajo custodia de Mahsa/Jina Amini en septiembre, unos días después de haber sido violentamente detenida por la policía “de la moral” iraní entre informes fidedignos de tortura y otros malos tratos. Esta muerte provocó el levantamiento “Mujer Vida Libertad” y su posterior y mortífera represión.
Desde el levantamiento, las autoridades iraníes, bajo la presidencia de Ebrahim Raisí y diversos órganos ejecutivos bajo su mando, como el Ministerio del Interior, han perseguido a mujeres y niñas en una violenta campaña de opresión para hacer cumplir las degradantes y discriminatorias leyes iraníes sobre el uso obligatorio del velo.
Desde abril de 2024, las autoridades iraníes han intensificado su violento cumplimiento del uso obligatorio del velo con la implementación de una nueva campaña de ámbito nacional denominada “Plan Noor” (Plan Luz). En las últimas semanas se ha observado un evidente aumento de las patrullas de seguridad en los espacios públicos para hacer cumplir la obligatoriedad del uso de velo mediante la vigilancia del cabello, el cuerpo y el atuendo de las mujeres.
Se han publicado en las redes sociales vídeos inquietantes en los que se puede ver a las fuerzas de seguridad agrediendo físicamente a mujeres y niñas en público y deteniendo y recluyendo a mujeres y niñas de manera violenta: entre otras cosas, arrastrándolas mientras gritan hasta introducirlas en furgones policiales.
“El legado de Ebrahim Raisí es un crudo recordatorio de la crisis de impunidad en Irán, donde aquellos sobre quienes pesa una sospecha razonable de que han cometido crímenes de derecho internacional no sólo eluden su responsabilidad sino que además son recompensados con alabanzas y altos cargos dentro de la maquinaria de represión de la República Islámica que, sin unas reformas fundamentales constitucionales, legislativas y administrativas, continuará”, ha manifestado Diana Eltahawy.
“En virtud del principio de jurisdicción universal, los Estados deben iniciar investigaciones penales sobre las autoridades iraníes sobre las que pese una sospecha razonable de que son responsables de crímenes de derecho internacional, con el fin de garantizar que las personas supervivientes y las familias de las víctimas vean que los autores de los crímenes son llevados ante la justicia y rinden cuentas de sus actos.”
Información complementaria
Según las autoridades y los medios de comunicación estatales de Irán, Ebrahim Raisí murió el 19 de mayo de 2024 cuando su helicóptero se estrelló en la región de Varzeghan, en la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental. Todas las personas que viajaban a bordo, incluidos el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amirabdollahian, y los pilotos y la tripulación del helicóptero, murieron.
