Las autoridades de Irán llevan a cabo una virulenta campaña represiva tras el estallido de protestas en todo el país el 15 de noviembre, y han arrestado a miles de manifestantes, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y estudiantes para impedir que hablen sobre la implacable represión de Irán.

La organización ha llevado a cabo entrevistas con decenas de personas dentro de Irán que han descrito cómo, en los días y semanas coincidentes con las protestas y en el periodo posterior a éstas, las autoridades iraníes han mantenido incomunicadas a personas detenidas y las han sometido a desaparición forzada, tortura y otros malos tratos.

Al menos 304 personas perdieron la vida y miles resultaron heridas entre el 15 y el 18 de noviembre al aplastar las autoridades las protestas usando medios letales, según informes fidedignos recopilados por la organización. Las autoridades iraníes se han negado a comunicar una cifra de víctimas mortales.

“Desgarradoras declaraciones de testigos presenciales indican que, casi inmediatamente después de que las autoridades iraníes masacraran a cientos de personas que participaban en las protestas de ámbito nacional, procedieron a organizar una campaña represiva en gran escala concebida para infundir miedo e impedir que alguien hable de lo ocurrido”, ha afirmado Philip Luther, director de Investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

Material videográfico verificado por el Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía, respaldado por declaraciones de testigos, muestra a fuerzas de seguridad iraníes abriendo fuego contra manifestantes desarmados que no representan ningún peligro inminente. La mayoría de las muertes registradas por la organización se produjeron como consecuencia de impactos de bala en la cabeza, el corazón, el cuello y otros órganos vitales, lo que indica que las fuerzas de seguridad disparaban a matar.

La ONU ha afirmado que dispone de información que sugiere que entre las personas fallecidas hay al menos 12 menores de edad. De acuerdo con la investigación de Amnistía Internacional, entre estas personas figuran Mohammad Dastankhah, de 15 años, que recibió un disparo en el corazón en Shiraz, provincia de Fars, cuando pasaba en las inmediaciones de las protestas de regreso a su casa desde la escuela, y Alireza Nouri, de 17 años, a quien mataron en Shahriar, provincia de Teherán.

“En vez de proseguir con esta brutal campaña de represión, las autoridades iraníes deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente”, ha afirmado Philip Luther.

“La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes, entre ellas la celebración de un periodo extraordinario de sesiones sobre Irán del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para ordenar una investigación sobre los homicidios ilegítimos de manifestantes, la terrible oleada de detenciones, desapariciones forzadas y tortura de personas detenidas, con miras a garantizar la rendición de cuentas.”

Oleada de detenciones masivas

El 17 de noviembre, tercer día de protestas, medios de comunicación estatales informaron de la detención de más de 1.000 manifestantes. El 26 de noviembre, Hossein Naghavi Hosseini, portavoz del comité parlamentario iraní para seguridad nacional y política exterior, afirmó que 7.000 personas habían sido detenidas. Las autoridades no han proporcionado todavía una cifra oficial.

Varias fuentes comunicaron de forma independiente a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad siguen llevando a cabo allanamientos en todo el país para proceder a arrestos en casas y lugares de trabajo.

Se ha detenido a niños de sólo 15 años junto con adultos, por ejemplo en la prisión de Fashafouyeh, provincia de Teherán, conocida por la práctica de la tortura y otros malos tratos. También se ha recluido a personas detenidas en cuarteles militares y centros escolares.

Diversas autoridades gubernamentales, entre ellas el líder supremo y el presidente de la Magistratura, han tildado a las personas que se manifestaban de “canallas” y “alborotadores”, y las han relacionado con potencias extranjeras. Medios de comunicación estatales han reclamado el uso de la pena de muerte contra los “líderes” de las protestas.

También se ha detenido y recluido arbitrariamente a periodistas, estudiantes y defensores defensoras de los derechos humanos, entre ellos activistas de los derechos de las minorías y de los derechos laborales, y personas pertenecientes a grupos étnicos minoritarios.

El periodista Mohammad Massa’ed fue detenido el 23 de noviembre tras publicar en Twitter un comentario sobre el cierre casi total de Internet impuesto por las autoridades entre el 16 de noviembre y aproximadamente el 24 de noviembre. Quedó en libertad con fianza varios días después.

La activista Soha Mortezaei fue una de las decenas de estudiantes arrestados durante una protesta en la Universidad de Teherán el 18 de noviembre. Está detenida desde entonces sin acceso a familiares o abogados. Funcionarios de seguridad emplazados en la universidad habían amenazado previamente con torturarla con descargas eléctricas y recluirla en un hospital psiquiátrico.

Entre los activista de los derechos de las minorías arrestados figuran Akbar Mohajeri, Ayoub Shiri, Davoud Shiri, Babak Hosseini Moghadam, Mohammad Mahmoudi, Shahin Barzegar y Yashar Piri, que fueron detenidos en sus lugares de trabajo en Tabriz, provincia de Azerbaiyán Oriental.

Se ha informado de que algunas prisiones y centros de detención adolecen ahora de un grave hacinamiento. El 25 de noviembre, el presidente del consejo municipal de Rey, provincia de Teherán, expresó ante periodistas su preocupación por el hacinamiento extremo en la prisión de Fashafouyeh, que carece de capacidad e instalaciones para albergar a un número tan elevado de personas detenidas.

Al menos dos personas que participaron en las protestas dijeron a Amnistía Internacional que han pasado a la clandestinidad porque temen por sus vidas, y agregaron que hay muchas personas en una situación semejante.

Una de estas personas dijo: “Estoy escondido desde que las fuerzas de seguridad me vieron y me filmaron en las protestas. Me golpearon con una porra antes de poder escapar. Ahora estoy escondido con una herida grave en una pierna. No estoy seguro porque han ido a mi casa a detenerme. Mi situación en este momento no es distinta de estar en la cárcel.”

Aunque se ha puesto en libertad a algunas de las personas detenidas, muchas continúan recluidas en régimen de incomunicación y se les niega el acceso a familiares y abogados. Algunas familias dijeron a Amnistía Internacional que están profundamente preocupadas por seres queridos que necesitan acceso a tratamiento médico, habida cuenta del atroz historial de las autoridades en cuanto a negación de atención médica a personas en las prisiones.

Tortura y otros malos tratos

Relatos de testigos presenciales y documentos videográficos indican que algunas personas detenidas han sido sometidas a tortura y otros malos tratos, inclusive mediante palizas y flagelaciones. Una persona dijo que un familiar que fue puesto en libertad con fianza llegó con hematomas y cortes en la cara y la cabeza y está tan traumatizado por su experiencia que se niega a salir de la casa.

Un vídeo verificado y geolocalizado por el Cuerpo de Verificación Digital muestra cómo llevan a personas detenidas con las manos esposadas a las dependencias de la comisaría de policía de Mali Abad, en Shiraz, provincia de Fars, y después las fuerzas de seguridad les propinan golpes, puñetazos y patadas.

Fuentes fidedignas han informado a Amnistía Internacional de que en la prisión de Raja’i Shahr, en Karaj, provincia de Alborz, cientos de detenidos, entre ellos menores de edad, fueron trasladados a la prisión en camiones. Estas fuentes afirman que personas detenidas, con las manos esposadas y los ojos vendados, reciben a diario puñetazos, patadas, azotes y golpes de las fuerzas de seguridad.

Víctimas y testigos presenciales han comunicado también a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad iraníes han allanado hospitales y centros médicos en todo el país, han detenido a manifestantes heridos y los han trasladado a centros de detención, negándoles de ese modo el acceso a una atención médica de la que puede depender su vida.

Una fuente dijo que agentes de inteligencia obligaron a la dirección de un hospital en la provincia de Juzestán a facilitarles una lista con los nombres de los pacientes admitidos recientemente.

Otro hombre describió cómo fue arrestado por agentes vestidos de civil cuando iba a ser dado de alta en un hospital de la provincia de Alborz tras haber recibido tratamiento para una herida de bala en el vientre. Dijo que había visto a “muchas personas con heridas de bala y otras lesiones” en el centro de detención.

“Las autoridades tienen la obligación de proteger a todas las personas detenidas frente a la tortura y otros malos tratos. Dado el uso sistemático de la tortura en Irán, es primordial que las autoridades proporcionen a funcionarios de la ONU, titulares de mandatos y otros expertos pertinentes acceso a centros de detención y prisiones para que lleven a cabo investigaciones”, ha afirmado Philip Luther.

“Sin una presión internacional urgente, miles de personas continúan en peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.”

Desaparición forzada y detención en régimen de incomunicación

En decenas de casos comunicados a Amnistía Internacional, las personas detenidas han tenido escaso o ningún contacto con sus familias desde su detención, y algunas han estado recluidas en condiciones equivalentes a desaparición forzada, lo cual constituye delito en virtud del derecho internacional.

Algunos familiares han comunicado a la organización que han visitado comisarías de policía, oficinas de la fiscalía, Tribunales Revolucionarios, prisiones y otros centros de detención en busca de seres queridos que han sido objeto de desaparición forzada, pero las autoridades se niegan a facilitarles información.

Las madres de un grupo de activistas de los derechos de las minorías que fueron detenidos en el marco de allanamientos en las provincias de Azerbaiyán Oriental y Azerbaiyán Occidental dijeron que las autoridades les habían transmitido que no tenían “ninguna intención” de facilitarles información. “Podemos hacer lo que queramos con sus hijos. Podemos tenerlos detenidos todo el tiempo que queramos, incluso durante 10 años. [...] Los ejecutaremos y ustedes no podrán hacer nada al respecto”, dijo un funcionario.

Una de las personas sometidas a desaparición forzada es Bakhtiar Rahimi, activista kurdo de los derechos laborales que fue arrestado en su lugar de trabajo en Marivan, provincia de Kurdistán, el 27 de noviembre. Desde entonces no ha habido noticias sobre su suerte o paradero. Esto es especialmente preocupante ya que sufre problemas renales y cardiacos y necesita a diario medicación y atención médica especializada.

“El mundo no debe permanecer en silencio mientras las autoridades iraníes sigan cometiendo violaciones de derechos humanos en su despiadado intento de aplastar la disidencia”, ha afirmado Philip Luther.