Las malas noticias sobre la penosa relación del régimen iraní con los derechos humanos no dejan, tristemente, de acumularse. A comienzos de noviembre, Amnistía Internacional hablaba del “terrible deterioro de los derechos humanos” en el país. Poco después, el descontento con la situación económica provocó el estallido de revueltas que se han saldado con miles de detenciones y más de 300 muertes. Las mujeres iraníes son tal vez uno de los colectivos más afectados por la falta de respeto de sus derechos.

Contemplen la foto que encabeza este blog. Es el rostro de la abogada Nasrin Sotoudeh. La cara de una mujer iraní culpable. ¿De qué? Pues de múltiples delitos, entre ellos “incitar a la corrupción y la prostitución” y “cometer abiertamente un acto pecaminoso [...] apareciendo en público sin hiyab (velo islámico)”.

¿Pruebas? Numerosas: quitarse el hiyab durante visitas penitenciarias, defender a mujeres que protestan pacíficamente contra su uso forzoso y conceder entrevistas a medios de comunicación para hablar del arresto y detención violenta de esas mujeres.

Estas acciones —y otras similares que le valieron ya en 2016 una condena de cinco años por “difusión de propaganda contra el sistema” y “reunión y colisión para cometer delitos contra la seguridad nacional” — le valieron el pasado 11 de marzo de 2019 la "benévola" condena total de 38 años de prisión y 148 latigazos.

Se trata de una pena que, dejando atrás la ironía, es muy dura incluso en el duro contexto iraní. Según ha documentado Amnistía Internacional, el juez Mohammad Moghiseh aplicó el artículo 134 del Código Penal, que permite a los magistrados imponer una pena superior a la máxima legalmente establecida (29 años) cuando la persona acusada se enfrenta a más de tres cargos.



 

“Os haré sufrir a todas”

Claro, es difícil esperar clemencia alguna de un juez que en un juicio de tres activistas contra el uso obligatorio del hiyab asegura: “os haré sufrir a todas”.

Estamos hablando del juicio de Monireh Arabshahi, Yasaman Aryani y Mojgan Keshavarz. Estas tres mujeres decidieron celebrar el Día Internacional de la Mujer de un modo muy especial. El pasado 8 de marzo se subieron en un vagón exclusivo para mujeres del metro de Teherán y, con la cabeza descubierta, empezaron a repartir flores, grabando la acción en vídeo. En la grabación se ve a Yasaman decirle a una pasajera: “espero que un día podamos caminar juntas por la calle, tú con tu hiyab y yo sin él”.

El vídeo se hizo viral y despertó la ira de las autoridades iraníes. En abril, Yasaman fue detenida y llevada a un lugar desconocido. Su madre fue detenida un día después, cuando acudió al centro de detención de Vozara para averiguar el paradero de su hija. Mojgan fue también detenida, tras ser golpeada en presencia de su hija de nueve años.

Las tres activistas fueron recluidas varios días en régimen de aislamiento y presionadas sin éxito para que confesaran que había elementos extranjeros tras su acción y que se arrepentían de sus actos.
En agosto, Monireh y Yasaman fueron condenadas a 16 años de cárcel cada una por “asociación y colusión contra la seguridad nacional”, “difundir propaganda contra el Estado” y “alentar la corrupción y la prostitución”. Mojgan fue condenada a 23 años y seis meses de prisión porque se le consideró también culpable de “insulto a santidades islámicas”.

Durante el proceso, ninguna de las tres mujeres iraníes tuvo acceso a un abogado de su elección. Sin embargo, sí tuvieron que aguantar los gritos e insultos del juez Mohammad Moghiseh, presidente de la sección 28 del Tribunal Revolucionario de Teherán que, en un momento dado, les espetó la ya conocida amenaza de hacerlas sufrir.

Una amenaza que tristemente se hace realidad. Recluida en la prisión de Shahr e-Rey, Yasaman resultó herida a finales de julio, tras ser atacada por otra interna que había sido recientemente trasladada a la prisión desde un hospital para enfermos mentales.

 



Todo comenzó cuando ella y otras compañeras pidieron que otra condenada por su activismo en contra del régimen fuese trasladada a la enfermería para recibir tratamiento médico después de haberse desmayado. Cuando finalmente llegó una enfermera, Yasaman pidió explicaciones por el retraso. El personal médico de la prisión se enfadó e incitó a las internas por delitos comunes a atacarla. Lamentablemente, este tipo de comportamientos de los funcionarios de prisiones no es infrecuente en Qarchak.

Por muchas dificultades que estas activistas experimenten, dentro y fuera de prisión, valor y determinación no es algo que les falte. En julio de 2019, Nasrin Sotoudeh daba las gracias a los miembros de Amnistía Internacional de todo el mundo y les decía: “Para mí, permanecer en silencio frente a la injusticia no es una opción. En realidad me resulta mucho más difícil soportar las injusticias sociales que la prisión. Incluso ahora, me mantengo firme en mi defensa de la justicia”.

Nasrin, Yasamani, Monireh y Mojgan no son tristemente las únicas activistas encarceladas por hacer campaña contra las leyes que hacen obligatorio el uso del hiyab en público. Según dichas normas, toda mujer o niña a partir de los nueve años que sea vista en público sin hiyab puede ser multada o condenada a entre 10 días y dos meses de cárcel. Esto supone, según Amnistía Internacional “una flagrante violación de los derechos a la libertad de expresión y de religión, y del derecho a la intimidad”.

Entre las mujeres encarceladas en algún momento por oponerse a esa violación de los derechos humanos están Narges Hosseini (condenada a dos años por quitarse el hiyab en la Avenida de la Revolución de Teherán) o Vida Movahedi (condenada a un año de prisión por no usar velo y actualmente en libertad), pionera en esta forma de protesta que comenzó en diciembre de 2017. Desde entonces, al menos 35 mujeres han sufrido el violentas agresiones, detenciones y tortura y otros malos tratos o han sido condenadas a largas penas de cárcel en juicios flagrantemente injustos.

Muchas decidieron salir del país antes de que la sentencia se hiciera efectiva, como Azam Jangravi (tres años de cárcel por el delito de fomentar “la corrupción y la prostitución”) Shaparak Shajarizadeh (dos años de cárcel por no respetar la obligación de vestir el velo islámico) o Maryam Shariatmadari (un año de cárcel).

La Chica Azul: el castigo que infligen a las mujeres iraníes por asistir a partidos de fútbol

La discriminación contra las mujeres en Irán no se limita al uso obligatorio del velo. Tienen vetado también acudir a lugares como los estadios de fútbol. Esta prohibición dio lugar a uno de los más tristes exponentes del sufrimiento que las leyes discriminatorias del régimen iraní causan a las mujeres: el caso de Sahar Khodayari, la Chica Azul.

A comienzos del pasado mes de septiembre Sahar, una joven de 30 apasionada por el fútbol, se prendió fuego en frente del Tribunal Revolucionario Islámico de Teherán tras saber que podría ser condenada a seis meses de cárcel por haber entrado al estadio de fútbol y haber asistido a un partido de su club favorito, el Esteghal FC. Sahar sufrió quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo y murió pocos días más tarde.

La muerte de la Chica Azul (apelativo con el que se la conocía debido al color de la camiseta del Esteghal, que vestía el día en que fue detenida por asistir a un partido de fútbol de este club disfrazada de hombre), causó una tremenda conmoción en Irán.

Las autoridades judiciales han prometido una investigación sobre el caso y, para calmar los ánimos, a comienzos de octubre se permitió la presencia de mujeres en el partido de clasificación para el Mundial 2022 entre Irán y Camboya. Tristemente, ambas medidas parecen más un truco propagandístico que los primeros pasos para cambiar las leyes discriminatorias que niegan a las mujeres iraníes sus derechos.

Tras conocer la muerte de Sahar, la diputada reformista Parvaneh Salashouri, tuiteó: “Donde los hombres determinan el destino de las mujeres y las privan de sus derechos humanos básicos y hay mujeres que ayudan a los hombres en su tiranía, todos nosotros somos responsables de la detención y la inmolación de chicas en este país”.

Dicho con otras palabras, las de Philip Luther, Director de Investigación para Oriente Medio de la organización: “En lugar de castigar cruelmente a mujeres por reclamar sus derechos, las autoridades iraníes deben poner fin a la arraigada y generalizada discriminación y violencia que sufren”.