“Los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad iraníes han cometido espantosos actos de tortura como palizas, flagelación, descargas eléctricas, violaciones y otros actos de violencia sexual contra manifestantes menores de edad de tan sólo 12 años para acabar con su participación en protestas en todo el país”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
A los seis meses del levantamiento popular sin precedentes desencadenado en Irán por la muerte bajo custodia de Mahsa (Zhina) Amini, Amnistía Internacional revela la violencia infligida a personas menores de edad detenidas durante las protestas y después de ellas. La investigación expone los métodos de tortura que emplearon la Guardia Revolucionaria iraní, la fuerza paramilitar Basij, la Policía de Seguridad Pública y otras fuerzas de seguridad y de inteligencia contra niños y niñas bajo custodia para castigarlos y humillarlos, y obtener “confesiones” forzadas.
“Agentes estatales iraníes han arrancado a niños y niñas de sus familias y los han sometido a atrocidades inimaginables. Es aberrante que unos funcionarios hayan ejercicio este poder de forma criminal contra menores vulnerables y asustados, infligiéndoles un dolor intenso y angustia tanto a ellos como a sus familias, y dejándolos con graves secuelas físicas y mentales. Esta violencia contra menores de edad pone de manifiesto una estrategia deliberada para aplastar el vibrante espíritu de la juventud del país e impedir que reclamen libertad y derechos humanos”, afirmó Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Las autoridades deben poner en libertad a todas las personas menores de edad detenidas sólo por protestar pacíficamente. Dado que no hay ninguna posibilidad de que se investigue en el país de forma imparcial y efectiva la tortura infligida a menores, pedimos a todos los Estados que ejerzan la jurisdicción universal sobre los funcionarios iraníes —incluidos aquellos que tienen responsabilidad de mando o superior— razonablemente sospechosos de ser responsables penales de crímenes de derecho internacional, incluida la tortura de menores manifestantes.”
Desde que comenzaron las investigaciones de Amnistía Internacional sobre la brutal represión del levantamiento por las autoridades iraníes, la organización ha documentado con detalle los casos de siete menores. La organización obtuvo testimonios de las víctimas y sus familias, así como otros testimonios sobre torturas generalizadas a decenas de niños y niñas de 19 testigos presenciales: 2 abogados y 17 personas adultas que estaban recluidas junto con las personas menores. Las víctimas y los testigos entrevistados eran de provincias de todo Irán, incluidos Azerbaiyán Oriental, Golestán, Kermanshah, Jorasán Razaví, Juzestán, Lorestán, Mazandarán, Sistán y Baluchistán, Teherán y Zanyán.
Amnistía Internacional ha eliminado toda referencia a datos personales como la edad de las personas menores y las provincias donde estuvieron detenidas para protegerlas a ellas y a sus familias de las represalias.
Detención masiva de menores
Las autoridades iraníes han reconocido que el número total de personas detenidas en relación con las protestas era superior a 22.000. Aunque no han facilitado un desglose de cuántas de ellas eran menores de edad, los medios de comunicación estatales informaron de que eran una parte importante de quienes protestaban. Basándose en testimonios de decenas de personas detenidas de todo el país que presenciaron cómo las fuerzas de seguridad detenían a decenas de menores, unido al hecho de que las personas menores y jóvenes han estado en primera línea de las protestas, Amnistía Internacional calcula que podría haber miles de menores de edad entre las personas afectadas en la oleada de detenciones.
Las conclusiones de Amnistía Internacional indican que las personas menores detenidas, al igual que las adultas, eran llevadas primero, a menudo con los ojos vendados, a centros de detención de la Guardia Revolucionara, el Ministerio de Inteligencia, la Policía de Seguridad Pública, la unidad de investigación de la policía iraní (Agahi) o la fuerza paramilitar Basij. Tras días o semanas de reclusión en régimen de incomunicación o de desaparición forzada, eran trasladadas a prisiones reconocidas. Agentes vestidos de civil secuestraron a otras en la calle durante las protestas o después de ellas, las llevaron a lugares no oficiales, como almacenes, donde las torturaron y luego las abandonaron en lugares remotos. Estos secuestros fueron perpetrados sin ninguna garantía procesal con la intención de castigar, intimidar y disuadir a las personas menores de edad de participar en las protestas.
Muchas personas menores están recluidas junto con personas adultas, lo que vulnera las normas internacionales, y son sometidas a las mismas constantes de tortura y otros malos tratos. Un exdetenido adulto dijo a Amnistía Internacional que, en una provincia, los agentes de Basij obligaron a varios niños a permanecer de pie con las piernas separadas en una fila con detenidos adultos y les administraron descargas eléctricas en los genitales con pistolas paralizantes.
Aparentemente, la mayoría de las personas menores detenidas en los últimos seis meses han salido en libertad, a veces bajo fianza pendientes de investigaciones o de ser enjuiciadas. Muchas sólo fueron liberadas después de haber sido obligadas a firmar cartas de “arrepentimiento” y de prometer no llevar a cabo “actividades políticas” y asistir a concentraciones progubernamentales.
A menudo, antes de ponerlas en libertad, los agentes estatales las amenazaban con el enjuiciamiento por cargos que conllevaban la pena de muerte o con detener a sus familiares si se quejaban.
En al menos dos casos documentados por Amnistía Internacional, pese a la amenaza de represalias, las familias de las víctimas presentaron denuncias oficiales ante las autoridades judiciales, pero ninguna ha sido investigada.
Violaciones y otros actos de violencia sexual
La documentación de Amnistía Internacional revela también que los agentes estatales usaron las violaciones y otros actos de violencia sexual, como descargas eléctricas en los genitales, tocar éstos y amenazas de violación, como arma contra las personas menores detenidas para quebrantar su espíritu, humillarlas y castigarlas y/o obtener “confesiones”. Ésta es una constante que también han denunciado ampliamente mujeres y hombres adultos bajo custodia.
Los agentes estatales también lanzaron insultos de carácter sexual a niñas detenidas y las acusaron de querer mostrar su cuerpo desnudo sólo por haber protestado en favor de los derechos de las mujeres y las niñas y desobedecer la obligación de usar el velo.
Una madre dijo a Amnistía Internacional que agentes del Estado habían violado a su hijo con una manguera cuando estaba sometido a desaparición forzada. Contó:
“Mi hijo me dijo: ‘[Me] colgaron hasta el punto de que creí que estaban a punto de desgarrarse los brazos. Me obligaron a decir lo que querían porque me habían violado con una manguera. Me agarraron la mano y pusieron por la fuerza mis huellas digitales en los documentos’.”.
Palizas, flagelación, descargas eléctricas y otros abusos
Las fuerzas de seguridad golpeaban normalmente a los menores en el momento del arresto, en los vehículos durante el traslado y en los centros de detención. Otros métodos de tortura denunciados fueron azotes, administración de descargas eléctricas con pistolas paralizantes, administración forzada de píldoras no identificadas y mantenerles la cabeza bajo el agua.
En un caso, varios niños en edad escolar fueron secuestrados por escribir en un muro la consigna de protesta “Mujeres, Vida, Libertad”. Un familiar de una de las víctimas dijo a Amnistía Internacional que agentes estatales vestidos de civil secuestraron a los chicos, los llevaron a un lugar no identificado, los torturaron y amenazaron con violarlos y, horas después, los abandonaron semiinconscientes en una zona remota. La víctima contó a su familiar:
“Nos dieron descargas eléctricas, me pegaron en la cara con la culata de una pistola, me dieron descargas eléctricas en la espalda y me pegaron con la porra en los pies, la espalda y las manos. Me amenazaron con que si se lo contaba a alguien, [nos detendrían otra vez], nos tratarían peor aún y enviarían nuestros cadáveres a nuestras familias.”
Víctimas y familias dijeron a Amnistía Internacional que los agentes estatales también asfixiaron a los niños, los colgaron de los brazos o de pañoletas envueltas alrededor del cuello y los obligaron a realizar actos humillantes.
Un chico contó:
“Nos dijeron [a más de una docena de personas] que hiciéramos ruidos de gallina durante media hora, el tiempo necesario para ‘poner un huevo’. Nos obligaron a hacer flexiones durante una hora. Yo era el único niño. En otro centro de detención, nos pusieron a 30 personas en una jaula para 5.”
Los agentes del Estado también usaron torturas psicológicas, como amenazas de muerte, para castigar e intimidar a las personas menores y/o obligarlas a hacer “confesiones” forzadas. Los medios de comunicación estatales han emitido las “confesiones” forzadas de al menos dos chicos detenidos durante las protestas.
La madre de una niña que fue detenida por la Guardia Revolucionaria contó a Amnistía Internacional:
“La acusaron de quemar hiyabs, insultar al Líder Supremo y querer derrocar [la República Islámica], y le dijeron que iban a condenarla a muerte. La amenazaron para que no se lo dijera a nadie […] La obligaron a firmar y a poner las huellas digitales en documentos. Tiene pesadillas y no quiere ir a ninguna parte. Ni siquiera puede leer sus libros de texto.”
Las personas menores también fueron recluidas en condiciones crueles e inhumanas como hacinamiento extremo, acceso limitado a aseos y lugares para lavarse, privación de comida y agua potable suficientes, exposición a frío extremo y aislamiento prolongado. Las niñas estaban bajo custodia de miembros varones de las fuerzas de seguridad sin tener en cuenta las necesidades específicas debidas a su género. También se negó a estos niños y niñas atención médica adecuada, ni siquiera para lesiones sufridas bajo tortura.
