En los últimos días, miles de reclusos de al menos ocho prisiones del país organizaron protestas por el miedo a contagiarse del coronavirus; los funcionarios de prisiones y las fuerzas de seguridad han respondido a esas protestas de manera mortífera.
En varias prisiones se utilizaron munición real y gas lacrimógeno para reprimir las protestas, lo que ha causado la muerte de unos 35 presos y heridas a centenares más, según fuentes dignas de crédito. En al menos una prisión, las fuerzas de seguridad golpearon a quienes participaban en la protesta, y han causado posiblemente la muerte de un recluso.
“Resulta abominable que, en lugar de responder a las demandas legítimas de los presos respecto a ser protegidos frente a la COVID-19, las autoridades iraníes hayan recurrido una vez más a matar a gente para silenciar su preocupación”, manifestó Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Se necesita urgentemente una investigación independiente sobre la tortura y las muertes bajo custodia, con el fin de llevar a los responsables ante la justicia.”
“A las fuerzas de seguridad se les deben dar instrucciones para que dejen inmediatamente de utilizar fuerza letal ilegítima, y para que se abstengan de castigar a los presos que reclaman su derecho a la salud.”
Amnistía Internacional pide asimismo a las autoridades iraníes que pongan en libertad inmediata e incondicional a todas las personas recluidas exclusivamente por ejercer sus derechos. A pesar de algunas liberaciones iniciales, las autoridades iraníes se negaron a poner en libertad a la inmensa mayoría de los presos y presas de conciencia, centenares de los cuales permanecen encarcelados. Las autoridades deben considerar también la posibilidad de poner en libertad a las personas recluidas en prisión preventiva o a aquellas que puedan correr más riesgo a causa del virus.
Protestas en prisiones durante la pandemia de COVID-19
En las últimas semanas, los presos y sus familias estuvieron dando la alarma de que las autoridades iraníes no han protegido lo suficiente a la población penitenciaria durante la pandemia de COVID-19.
Los medios de comunicación independientes y las organizaciones de derechos humanos han denunciado que los reclusos de varias prisionesdieron positivo en la prueba del virus. Por eso, muchos reclusos han organizado huelgas de hambre en protesta a la negativa de las autoridades a sus demandas de liberaciones, pruebas de virus en las prisiones, provisión de productos e instalaciones de higiene adecuados, y la cuarentena de los presos sospechosos de estar infectados.
Homicidio de presos
El 30 y 31 de marzo, según fuentes independientes, entre las que se encuentran las familias de los presos, las fuerzas de seguridad hicieron uso de fuerza excesiva para sofocar las protestas en la prisión de Sepidar y la de Sheiban, en la ciudad de Ahvaz, provincia de Juzestán. El jefe de policía de la provincia de Juzestán admitió que las protestas habían sido reprimidas por miembros de la Guardia Revolucionaria y la fuerza paramilitar Basij después de que algunos reclusos prendieran fuego a cubos de basura.
Las protestas en la prisión de Sepidar parecen haberse iniciado cuando las autoridades incumplieron sus promesas anteriores de poner en libertad, como medida de precaución para impedir la propagación de la COVID-19, a los presos que no suscitaban en las autoridades preocupación específica en materia de seguridad.
Numerosos vídeos grabados desde fuera de las dos prisiones y publicados en las redes sociales muestran humo alzándose desde los edificios, mientras se oyen disparos y gritos.
La información facilitada por las familias de los presos, así como por periodistas y organizaciones y activistas de derechos humanos árabes ahwazíes, sugiere que las fuerzas de seguridad utilizaron munición real y gas lacrimógeno para poner fin a las protestas en la prisión de Sepidar, y causaron hasta 15 muertes.
Los familiares de un preso muerto en la prisión de Sepidar dijeron a Amnistía Internacional, con la condición de mantener el anonimato, que varios días después de las protestas un agente de policía les llamó y les indicó que acudieran a recoger el cadáver de su ser querido. La policía declaró que había muerto de una sobredosis de drogas, aunque la familia insiste en que él nunca había consumido drogas. Las autoridades se han negado a proporcionar a la familia un certificado de defunción o ninguna otra confirmación escrita de la causa de la muerte. Puesto que el preso fallecido no sufría enfermedades previas, su familia sospecha que murió por inhalación de gas lacrimógeno durante la protesta.
En la prisión de Sheiban, periodistas y activistas informaron de que, cuando las fuerzas de seguridad contuvieron los disturbios, a los presos que habían participado en las protestas los desnudaron y los golpearon en el patio de la prisión. Las fuerzas de seguridad mataron a unos 20 presos, según la información proporcionada por familiares de los presos, periodistas y activistas y organizaciones derechos humanos árabes ahwazíes.
Mohammad Ali Amouri, activista de los derechos de las minorías, y varios presos más fueron trasladados de la prisión de Sheiban tras los disturbios, y continúan incomunicados en un lugar desconocido. Amnistía Internacional teme que puedan correr peligro de sufrir tortura.
Homicidio de un joven condenado a muerte por un delito cometido cuando era menor
Danial Zeinolabedini, condenado a muerte por un delito cometido cuando tenía menos de 18 años, también murió en circunstancias sospechosas la semana pasada. Había participado en las protestas de la prisión de Mahabad, provincia de Azerbaiyán Occidental, cuando fue trasladado a la prisión de Mianboad, en esa misma provincia, el 30 de marzo. El 31 de marzo llamó angustiado a su familia para contarles que los guardias penitenciarios le habían golpeado con brutalidad y para suplicarles ayuda.
El 3 de abril, su familia recibió una llamada de las autoridades que afirmaban que se había suicidado y les ordenaban que acudieran a recoger el cadáver. Sin embargo, su familia no está de acuerdo con esa afirmación, y asegura que el cuerpo estaba cubierto de hematomas y cortes. Amnistía Internacional examinó una fotografía del cadáver de Danial Zeinolabedini y cree que muestra señales coincidentes con tortura.
Montse Tiana (en nombre del AILRC-ES)
