Las autoridades iraníes deben garantizar el derecho de manifestación pacífica, investigar las denuncias de que las fuerzas de seguridad utilizaron ilegalmente armas de fuego contra manifestantes desarmados, y proteger frente a la tortura y otros malos tratos a las personas detenidas. Así lo manifestó Amnistía Internacional hoy, ante la preocupación por el hecho de que la represión de las manifestaciones que se propagaron en Irán durante la última semana se está intensificando.

Las declaraciones oficiales confirmaron que al menos 22 personas, entre ellas dos agentes de seguridad, murieron desde el 28 de diciembre, fecha en que miles de iraníes empezaron a echarse a las calles para protestar contra la pobreza, la corrupción, la represión política y el autoritarismo.

“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen derecho a defenderse, y tienen el deber de proteger la seguridad de la población. Sin embargo, las denuncias sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes pacíficos desarmados resultan sumamente inquietantes, y ese uso supondría una violación de las obligaciones de derechos humanos contraídas por Irán en virtud del derecho internacional”, manifestó Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“El gobierno iraní debe iniciar sin demora una investigación efectiva e independiente sobre los homicidios y otros informes de uso de fuerza excesiva o innecesaria, y debe llevar a todos los responsables de violaciones de derechos humanos ante la justicia.”

En las redes sociales y en los medios de comunicación se publicaron vídeos y declaraciones de testigos presenciales que mostraban o describían cómo la policía antidisturbios y otras fuerzas de seguridad usaban fuerza excesiva e innecesaria: por ejemplo, dispararon munición real contra manifestantes desarmados, golpearon con bastones a manifestantes y utilizaron gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersar las protestas. Amnistía Internacional no pudo verificar los vídeos o los relatos de los testigos.

Cientos de persona en peligro de tortura       
Durante los últimos siete días, más de mil personas fueron detenidas y recluidas en cárceles tristemente famosas por la tortura y otros malos tratos que se infligen en ellas, y a muchas de estas personas se les negó el acceso a sus familias y abogados.

La Human Rights Activist News Agency (Agencia de Noticias Activistas de Derechos Humanos) informó que, solamente en la prisión de Evin, en Teherán, las autoridades dejaron registro de al menos 423 personas detenidas entre el 31 de diciembre de 2017 y el 1 de enero de 2018.

Se cree que muchos de los centenares de personas detenidas fueron recluidas en condiciones de hacinamiento en la “sección de cuarentena” de la prisión de Evin, que sólo tiene capacidad para unas 180 personas.

La “sección de cuarentena” es el lugar donde a menudo se recluye a las personas detenidas poco después de su arresto, y se las somete a comprobaciones para ver si llevan drogas o sufren alguna infección contagiosa antes de ser trasladadas a una sección general. Algunas personas fueron trasladadas a secciones de la prisión gestionadas por miembros de la Guardia Revolucionaria o del Ministerio de Inteligencia.

“Las autoridades iraníes tienen un historial atroz respecto a llevar a cabo detenciones arbitrarias masivas de manifestantes pacíficos. Dada la alarmante magnitud de la actual oleada de detenciones, es sumamente probable que muchas de las personas recluidas sean manifestantes pacíficos a quienes se ha detenido arbitrariamente y que ahora se encuentran en prisiones en las que las condiciones son pésimas y donde la tortura es una herramienta habitual para extraer confesiones y castigar la disidencia”, manifestó Philip Luther.

“Las autoridades iraníes deben garantizar que todas las personas recluidas exclusivamente por participar de forma pacífica en manifestaciones, expresar su apoyo a las protestas o criticar a las autoridades son puestas en libertad de manera inmediata e incondicional. Todas las personas detenidas deben gozar de protección frente a la tortura y otros malos tratos.”

La mayoría de las manifestaciones parecen haber sido pacíficas pero, en algunos casos, estallaron incidentes violentos por parte de manifestantes, que arrojaron piedras o prendieron fuego deliberadamente a edificios, vehículos y otros bienes.

“Las personas sospechosas de haber tenido un conducta delictiva deben ser acusadas sin demora de un delito común reconocible y juzgadas de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos. Además, a sus familias debe comunicárseles de inmediato su situación jurídica y su paradero exacto”, mencionó Philip Luther.

Retórica agresiva
Pese a que, el domingo 30 de diciembre de 2017, el presidente Hassan Rouhani aseguró que los manifestantes tienen derecho a criticar al gobierno, la argumnetación posterior de las autoridades sugirió que éstas tienen la intención de responder a la agitación de una manera cada vez más implacable.

El 1 de enero, Sadegh Larijani, jefe del poder judicial, recomendó un “enfoque enérgico” por parte de “todos los fiscales”.

El 2 de enero, el presidente del Tribunal Revolucionario de Teherán, Mousa Ghanzafar Abadi, advirtió de que el Ministerio del Interior declaró  ilegales las protestas y que quienes continúen con ellas se enfrentarán a fuertes sanciones. Amenazó a los líderes y organizadores de las protestas diciendo que pueden ser acusados de “enemistad con Dios” (moharebeh), delito punible con la pena de muerte, “ya que están relacionados con servicios de inteligencia extranjeros cuyas agendas están aplicando”.

Ese mismo día, el líder supremo de Irán, Sayed Ali Jamenei, acusó a los “enemigos” del país de provocar las protestas.

El 3 de enero, el ministro de Información y Tecnologías de la Comunicación de Irán, Mohammad Javad Azari Jahromi, declaró que la popular aplicación de mensajería social Telegram seguiría bloqueada a menos que accediera a eliminar el “contenido terrorista”.

El presidente de Telegram  declaró que la empresa negó la petición de las autoridades de cerrar canales que apoyan y promueven pacíficamente las protestas. La aplicación de redes sociales Instagram también permanece bloqueada. El 31 de diciembre, el ministro Jahromi  declaró que el bloqueo del acceso a Telegram e Instagram, que comenzó ese día, sería temporal.

La agresiva argumentación de las autoridades vino acompañada de la publicación, por parte de medios de comunicación afines al gobierno, de una lista de manifestantes buscados en la que se muestran sus rostros, y de una petición a la población para que los identifique y los denuncie a las autoridades.

“La escalada de la intimidación a manifestantes y las restricciones francamente desproporcionadas impuestas al derecho a la libertad de expresión online en los últimos días intensifica el temor de que las autoridades iraníes puedan recurrir a tácticas cada vez más enérgicas para aplastar las voces disidentes”, manifestó Philip Luther.

“Protestar pacíficamente es un derecho, y hay muchas personas en Irán que quieren ejercerlo. En lugar de optar por reprimir y acusar absurdamente a los manifestantes de formar parte de conspiraciones organizadas desde el extranjero, las autoridades iraníes deben abordar su propio historial de no respetar toda una gama de derechos civiles, políticos, económicos y sociales.”

Información complementaria
Desde el 28 de diciembre de 2017, las protestas que comenzaron en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, se propagaron hasta 40 ciudades del país.

Los lemas coreados en las manifestaciones expresaron una mezcla de agravios económicos y políticos, que van desde las quejas por la pobreza, el elevado desempleo, la corrupción y la desigualdad, hasta las demandas de liberación de presos políticos y el rechazo tajante al sistema político gobernante, que los manifestantes calificaron de “dictadura clerical”, y a sus denominadas facciones Reformista y Principalista.

Irán no fue escenario de protestas de esta magnitud desde las que siguieron a las controvertidas elecciones presidenciales de 2009. En aquella ocasión, cientos de manifestantes murieron y miles sufrieron detención y reclusión arbitrarias, tortura y otros malos tratos cuando las autoridades reprimieron con dureza la agitación social.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Irán es Estado Parte, defiende el derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión.