“Las autoridades iraníes deben revocar inmediatamente las injustas sentencias condenatorias y la pena de muerte impuestas a tres jóvenes manifestantes que fueron sometidos a terribles torturas con métodos como flagelación, descargas eléctricas, suspensión cabeza abajo y amenazas de muerte a punta de pistola”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. La organización ha sabido que agentes de la Guardia Revolucionaria violaron a uno de ellos e infligieron torturas sexuales a otro poniéndole hielo en los testículos durante dos días.
Arshia Takdastan, de 18 años; Mehdi Mohammadifard, de 19, y Javad Rouhi, de 31, recibieron dos penas de muerte cada uno en diciembre de 2022 por “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz). El tribunal afirmó que los jóvenes habían “incitado” a provocar incendios o cometer actos de vandalismo “generalizados” mediante bailes, palmadas, cantos o arrojando hiyabs a hogueras durante unas protestas celebradas en Noshahr, en el norte de la provincia de Manzandarán, el 21 de septiembre de 2022. Javad Rouhi fue condenado a una tercera pena de muerte por “apostasía” basándose en sus “confesiones” bajo tortura de que había quemado un ejemplar del Corán durante las protestas. La apelación de los tres hombres está tramitándose ante el Tribunal Supremo.
“El hecho de que Arshia Takdastan, Mehdi Mohammadifard y Javad Rouhi y sus angustiadas familias vivan bajo la sombra de la ejecución mientras unos agentes de la Guardia Revolucionaria Islámica y miembros de la fiscalía, razonablemente sospechosos de responsabilidad o complicidad en los abusos sexuales y otras formas de tortura que les fueron infligidos, gozan de impunidad absoluta pone de relieve la pura crueldad y la inhumanidad del sistema judicial iraní”, dijo Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Las autoridades iraníes deben anular de inmediato las sentencias condenatorias y condenas a muerte de estos jóvenes y retirar todos los cargos relativos a su participación pacífica en protestas. Deben ordenar una investigación inmediata, transparente e imparcial para que todas las personas razonablemente sospechosas de tener responsabilidad en su tortura respondan ante la justicia en juicios justos”.
Semanas de torturas terribles
Javad Rouhi fue detenido el 22 de septiembre de 2022 y recluido más de 40 días en régimen de aislamiento en un centro de detención de la Guardia Revolucionaria conocido como Shahid Kazemi, situado dentro de la prisión de Tir Kola, en Sari, capital de la provincia de Manzandarán. Según la información obtenida por Amnistía Internacional, durante este periodo, fue sometido a palizas brutales y a flagelación, incluso en la planta de los pies, mientras estaba atado a un poste; lo aturdieron con pistolas paralizantes, estuvo expuesto a temperaturas heladoras y fue agredido sexualmente con la colocación de hielo en los testículos. Además, agentes de la Guardia Revolucionaria le apuntaron reiteradamente con una pistola en la cabeza y lo amenazaron con dispararle si no “confesaba”. Como consecuencia de estas torturas, Javad Rouhi sufrió lesiones en hombros y músculos, incontinencia urinaria, complicaciones digestivas y dificultades de movilidad y del habla. Sigue experimentando dolor intenso en la espalda y las caderas, y entumecimiento en la pierna derecha, todo lo cual requiere una atención médica especializada que no existe en la prisión.
Según fuentes informadas, durante la detención de Mehdi Mohammadifard el 2 de octubre de 2022, los miembros de la Guardia Revolucionaria lo golpearon y lo empujaron al suelo, lo que provocó la rotura de la nariz. Amnistía Internacional ha sabido que, tras su detención, estuvo recluido una semana en régimen de aislamiento en una celda infestada de ratones y cucarachas, y que, durante este periodo, fue sometido a palizas brutales suspendido cabeza abajo y violado, lo que le causó lesiones anales y hemorragias rectales que requirieron hospitalización.
Arshia Takdastan fue detenido el 24 de septiembre de 2022 y encerrado 28 días en régimen de aislamiento en el centro de detención de Shahid Kazemi. Según la investigación de Amnistía Internacional, fue sometido a palizas y amenazas de muerte, en ocasiones con una pistola apuntándole a la cabeza, si no “confesaba” delante de una cámara de vídeo. Los interrogadores también amenazaron con detener y torturar a su padre. Como consecuencia de la tortura, sufrió la rotura de un dedo del pie y pérdida de memoria.
Violaciones manifiestas del derecho a un juicio justo
A los tres hombres se les negó el acceso a asistencia letrada durante la fase de instrucción y a un abogado de su elección en el juicio, que consistió en una sola vista que duró menos de una hora para cada uno.
El Tribunal Revolucionario de Sari declaró en sus sentencias, que ha estudiado Amnistía Internacional, que los jóvenes habían “incitado” a provocar incendios o cometer actos de vandalismo “generalizados” mediante bailes, palmadas, cantos o quemando hiyabs. En los casos de Javad Rouhi y Arshia Takdastan, la fiscalía no presentó ninguna prueba de su implicación en estos actos. El Tribunal se basó únicamente en sus “confesiones” obtenidas bajo tortura de que Javad Rouhi había entrado por la fuerza y arrojado objetos de la caseta de la policía de tráfico, y de que Arshia Takdastan había lanzado piedras y una botella de cristal a un vehículo policial y bloqueado una carretera. El Tribunal también citó la “confesión” de Javad Rouhi de que había avisado a otros manifestantes de que no entrasen en la oficina del gobernador y dijo que esto demostraba su “liderazgo” Javad Rouhi sostuvo ante el Tribunal que su participación en las protestas había sido pacífica.
Para Mehdi Mohammadifard, la fiscalía citó también sus “confesiones” de que había prendido fuego a edificios oficiales y un videoclip que supuestamente lo mostraba lanzando cócteles molotov en la misma caseta de la policía de tráfico. Su abogado declaró ante el Tribunal que el vídeo no demostraba que hubiera provocado o participado en incendios generalizados y que sus “confesiones” se habían obtenido bajo coacción.
“Es abominable que mientras la mayoría de los Estados del mundo han relegado la pena de muerte a la historia, las autoridades iraníes la impongan de forma creciente por delitos como incendio provocado o vandalismo, lo que viola manifiestamente el derecho internacional”. Instamos a la comunidad internacional a que tome todas las medidas necesarias para presionar a las autoridades iraníes con el fin de que dejen de violar el derecho a la vida. Instamos, además, a todos los Estados a que ejerzan la jurisdicción universal sobre todos los funcionarios iraníes contra los que existan sospechas razonables de que son penalmente responsables de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos”, concluyó Diana Eltahawy.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, por considerarla la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.
