Al menos 106 manifestantes han perdido la vida en 21 ciudades, según informes creíbles recibidos por Amnistía Internacional. La organización cree que la cifra real de fallecimientos podría ser muy superior, pues algunas fuentes indican que han muerto hasta 200 personas. Los medios de comunicación estatales han informado sólo de algunas muertes de manifestantes, así como de la de al menos cuatro miembros de las fuerzas de seguridad.
Hay imágenes de vídeo que muestran a las fuerzas de seguridad empleando armas de fuego, cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar las protestas y golpeando a manifestantes con porras. Las imágenes de casquillos hallados posteriormente en el suelo, así como el consiguiente elevado número de muertos, indican que utilizaron fuego real.
“Las autoridades deben poner fin de inmediato a esta brutal y mortífera represión y mostrar respeto a la vida humana”, declaró Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“La frecuencia y persistencia de los medios letales utilizados contra manifestantes pacíficos en estas protestas multitudinarias y en otras anteriores, así como la impunidad sistemática para las fuerzas de seguridad que matan a manifestantes, hacen temer seriamente que el uso intencionado y letal de armas de fuego para aplastar las protestas se ha convertido en un asunto de política de Estado”.
Altos cargos del gobierno, incluido el líder supremo de Irán Ali Jamenei, han hecho declaraciones en las que califican a quienes protestan de “canallas” y dan luz verde a las fuerzas de seguridad para aplastar las manifestaciones.
Según el derecho internacional, las fuerzas de seguridad sólo pueden recurrir al uso de medios letales cuando sea estrictamente inevitable para protegerse de un riesgo inminente de muerte o lesión grave.
Amnistía Internacional pide también a las autoridades iraníes que respeten los derechos a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión, lo que incluye levantar el bloqueo casi total del acceso a Internet concebido para restringir la difusión al mundo exterior de información sobre la represión.
Cientos de manifestantes bloquearon carreteras con sus coches estacionados como forma de protesta. Imágenes de vídeo verificadas recibidas por Amnistía Internacional muestran a la policía antidisturbios rompiendo ventanillas de coches cuyos conductores estaban aún en el interior.
Según relatos de testigos presenciales corroborados por imágenes de vídeo examinadas por Amnistía Internacional, también hubo francotiradores que dispararon a la multitud desde tejados y, en un caso, un helicóptero.
Aunque parece que la mayoría de las manifestaciones son pacíficas, en algunos casos, con la intensificación de la represión de las fuerzas de seguridad, un pequeño número de personas ha lanzado piedras y provocado incendios y daños a bancos y seminarios.
“Aun en el caso de que una pequeña minoría de manifestantes haya recurrido a la violencia, la policía debe actuar con moderación y usar sólo la fuerza estrictamente necesaria, proporcionada y legítima en respuesta a la violencia. La violencia de un puñado de personas no justifica una respuesta temeraria generalizada”, dijo Philip Luther.
Según varios testigos presenciales, las fuerzas de seguridad están llevándose cadáveres y a personas heridas de las carreteras y hospitales. En una constante acorde con prácticas anteriores, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad se han negado a devolver los cuerpos de muchas de las víctimas a sus familias o han obligado a éstas a enterrar a sus seres queridos apresuradamente y sin que se les practicara una autopsia independiente para determinar las causas y circunstancias de la muerte. Esto es contrario al derecho y a las normas internacionales sobre la investigación de homicidios ilegítimos.
Los medios de comunicación estatales informaron de que, a 17 de noviembre, habían sido detenidos más de 1.000 manifestantes desde que comenzaron las protestas.
Entre las personas detenidas está la defensora de los derechos humanos Sepideh Gholian, arrestada el 17 de noviembre tras participar en las protestas por exhibir un cartel sobre los precios del combustible. Se desconoce su actual paradero y Amnistía Internacional teme que pueda sufrir tortura y otros malos tratos, dados los terribles antecedentes de las autoridades de torturas a personas defensoras de los derechos humanos detenidas.
“Todas las personas detenidas exclusivamente por participar de forma pacífica en manifestaciones, expresar su apoyo a las protestas o criticar a las autoridades deben ser puestas en libertad de manera inmediata e incondicional. Todas las personas detenidas deben ser protegidas de la tortura y otros malos tratos”, dijo Philip Luther.
La organización pide a la comunidad internacional, incluidas la ONU y la UE, que actúe de inmediato para exigir cuentas a las autoridades iraníes por cometer homicidios ilegítimos y reprimir con violencia el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Cierre de Internet
El 16 de noviembre, menos de un día después del comienzo de las protestas, las autoridades impusieron un cierre casi total de Internet —aún vigente—, clausurando casi todos los medios de comunicación en línea para quienes están dentro de Irán. El bloqueo informativo resultante es un intento deliberado de las autoridades de impedir que se difundan imágenes y vídeos de los medios letales que están utilizando las fuerzas de seguridad.
Según la ONG NetBlocks, desde que empezaron las protestas, la conectividad de Irán con el mundo exterior ha caído hasta el 4% de los niveles normales. Todas las redes móviles están desconectadas y hay un apagón casi total de Internet y las telecomunicaciones en el ámbito nacional, aunque algunas personas han podido acceder aún a Internet a través de redes privadas virtuales (VPN) y otros medios.
“Desactivar deliberadamente las comunicaciones por Internet es un ataque sistemático al derecho a la libertad de expresión e indica que las autoridades tienen algo que ocultar. Las autoridades iraníes deben levantar inmediatamente todas las restricciones al acceso a Internet y las redes sociales, y permitir que las personas difundan información y expresen libremente sus opiniones”, afirmó Philip Luther.
Represión sistemática y coordinada
Diversas autoridades, incluido el líder supremo, presidente y presidente de la Magistratura, han demonizado a quienes protestan y han advertido de que las fuerzas de seguridad seguirán empleando la fuerza contra estas personas.
El 16 de noviembre, el ministro del Interior iraní dijo que las autoridades no seguirán mostrando “tolerancia” y “autocontrol” hacia las personas que protestan, pese a los informes cada vez más numerosos sobre víctimas entre manifestantes.
En un discurso pronunciado el 17 de noviembre, el líder supremo de Irán calificó a las quienes protestan de “canallas” a los que habían incitado a la violencia contrarrevolucionarios y enemigos extranjeros de Irán. Ordenó a las fuerzas de seguridad que “cumplieran su deber” de poner fin a las protestas, dándoles así efectivamente luz verde para que continuase la brutalidad.
Los órganos judiciales y de seguridad también han enviado mensajes de texto amenazantes masivos en los que advertían a la gente de que permaneciera alejada de “reuniones ilegales” so pena de enfrentarse a acciones legales.
“En lugar de dar luz verde a la brutalidad, las autoridades iraníes deben refrenar a sus fuerzas de seguridad para prevenir más derramamientos de sangre. La arraigada constante de impunidad por homicidios ilegítimos y lesiones en Irán continuará a menos que se hagan investigaciones independientes e imparciales sobre todos los presuntos casos de uso arbitrario y abusivo de la fuerza, y que quienes cometen estos graves delitos y violaciones rindan cuentas”, concluyó Philip Luther.
“La ONU y sus Estados miembros a título individual deben denunciar públicamente la sangrienta represión de Irán y presionar a sus autoridades para que den acceso a observadores independientes de derechos humanos a los hospitales y centros de detención del país, levanten el bloqueo de Internet e inviten a las personas titulares de mandatos de la ONU a que hagan visitas de investigación”.
Información complementaria
El 15 de noviembre, estallaron las protestas tras el repentino anuncio del gobierno de una gran subida del precio del combustible que afecta negativamente a personas que ya atraviesan dificultades en medio de la crisis económica del país. Algunas de las personas que protestan corean consignas que piden una reforma radical del sistema político y otras han quemado retratos del actual líder supremo de Irán y de otros anteriores.
A continuación ofrecemos el desglose, por ciudad y provincia, de las 106 muertes de las que ha tenido conocimiento Amnistía Internacional hasta ahora. La organización obtuvo la información de informes cuya credibilidad y fiabilidad ha verificado mediante entrevistas a periodistas y activistas de derechos humanos que participaron en su elaboración y después ha cotejado los datos.
1. Abadan, provincia de Juzestán: 2
2. Ahvaz, provincia de Juzestán: 2
3. Bandar-e Mahshahr y sus suburbios, provincia de Juzestán: 14
4. Behbahán, provincia de Juzestán: 8
5. Bukan, provincia de Azerbaiyán Occidental: 4
6. Bumahen, provincia de Teherán: 2
7. Isfahán, provincia de Isfahán: 1
8. Islamshahr, provincia de Teherán: 1
9. Yavanrud, provincia de Kermanshah: 14
10. Karaj, provincia de Alborz: 4
11. Kermanshah, provincia de Kermanshah: 16
12. Joramshahr, provincia de Joramshahr: 3
13. Mariwan, provincia de Kurdistán: 9
14. Ramhormoz, provincia de Juzestán: 6
15. Robatkarim, provincia de Teherán: 4
16. Sadra, provincia de Fars: 6
17. Sanandaj, provincia de Kurdistán: 1
18. Shahriyar, provincia de Teherán: 1
19. Shiraz, provincia de Fars: 6
20. Sirjan, provincia de Kermán: 1
21. Teherán, provincia de Teherán: 1
