Las autoridades iraníes han eludido rendir cuentas de al menos 72 muertes bajo custodia ocurridas desde enero de 2010, a pesar de los informes fidedignos de que esas muertes fueron consecuencia de tortura u otros malos tratos o del uso letal de armas de fuego y de gas lacrimógeno por parte de agentes. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional tras recibirse ayer noticias a otra muerte sospechosa más bajo custodia.

Las conclusiones, basadas en la larga investigación de Amnistía Internacional y en un exhaustivo informe de los informes de grupos de derechos humanos y medios de comunicación dignos de crédito, revelan que, desde enero de 2010, se han producido al menos 72 muertes en 42 prisiones y centros de detención en 16 provincias del país. El último caso documentado es el de Yaser Mangouri, de 31 años, de cuya muerte informaron a su familia agentes del Ministerio de Inteligencia en Urumieh, provincia de Azerbaiyán Occidental, el 8 de septiembre de 2021. Desde entonces, ni un solo agente ha rendido cuentas por estas muertes, lo que refleja la larga crisis de impunidad de Irán, en la que las denuncias de tortura y homicidios ilegítimos quedan constantemente sin investigar y sin castigar. Hace sólo unas semanas, unas imágenes de vídeo filtradas de la tristemente famosa prisión de Evin ofrecieron inquietantes indicios de palizas, acoso sexual y otros malos tratos contra presos a manos de funcionarios de prisiones.

“Los informes recibidos ayer sobre la muerte de Yaser Mangouri en circunstancias sospechosas ponen aún más de manifiesto cómo el clima imperante de impunidad envalentona aún más a las fuerzas de seguridad para violar el derecho a la vida de los presos sin temor a consecuencias o rendición de cuentas. La negativa sistémica de las autoridades a llevar a cabo investigaciones independientes sobre estas muertes bajo custodia es un sombrío reflejo de la normalización de la privación arbitraria de la vida por parte de las autoridades del Estado”, ha manifestado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Para garantizar el respeto del derecho de las personas a la vida se requiere que los funcionarios sospechosos de torturar a presos hasta la muerte sean objeto de una investigación penal y, si se encuentran suficientes pruebas admisibles contra ellos, procesados. La falta de investigaciones constituye en sí misma una violación del derecho a la vida.”

En 46 de los casos de muerte bajo custodia, fuentes informadas, entre ellas familiares o compañeros reclusos de los fallecidos informaron de que la muerte había sido causada por tortura u otros malos tratos físicos a manos de agentes de inteligencia y seguridad o funcionarios de prisiones. Otras 15 muertes se produjeron tras el uso letal de armas de fuego y/o gas lacrimógeno a manos de guardias penitenciarios para reprimir protestas en las prisiones debidas al temor por la seguridad ante la COVID-19, según fuentes dignas de crédito. En los 11 casos restantes, las muertes se produjeron en circunstancias sospechosas, pero no se conocen más detalles sobre las posibles causas. La mayoría de las muertes registradas han tenido lugar desde 2015.

Amnistía Internacional ha publicado una lista de los nombres de las personas que han muerto bajo custodia, junto con su presunta edad y la fecha y el lugar de la muerte. La lista excluye decenas de casos de muertes bajo custodia de los que se sospecha que guardan relación con la negación de la asistencia médica, algo que la organización está en proceso de investigar.

En 31 casos, Amnistía Internacional documentó las muertes bajo custodia, por ejemplo, hablando directamente con fuentes primarias afectadas por las muertes, como familiares, compañeros presos y conocidos. En otros 41 casos, la organización registró las muertes basándose en la información de medios de comunicación fidedignos y grupos de derechos humanos de confianza que trabajan con fuentes informadas sobre el terreno.

Amnistía Internacional cree que la cifra real de muertes bajo custodia es probablemente mucho mayor, habida cuenta de la falta de transparencia del sistema de justicia de Irán y del hecho de que muchas violaciones de derechos humanos quedan sin denunciar a causa del temor generalizado a represalias y la represión sistemática de la sociedad civil.

Muertes en la primera etapa bajo custodia

De las 46 muertes bajo custodia que incluyeron informes de tortura u otros malos tratos físicos, al menos 36 tuvieron lugar durante la etapa de investigación preliminar. La mayoría (28) de los fallecidos murieron bajo custodia unos pocos días después de su detención y reclusión. Uno murió inmediatamente después de ser arrestado y antes de ser trasladado siquiera a un centro de detención.

Según la información recopilada por Amnistía Internacional, al menos nueve personas murieron en centros gestionados por la unidad de investigación de la policía iraní (Agahi), 11 en centros gestionados por el Ministerio de Inteligencia, dos en centros gestionados por la policía ordinaria, dos en centros gestionados por guardias de fronteras o inmigración, una en un centro gestionado por la policía de delitos informáticos (FATA) y otra en un centro de la Guardia Revolucionaria iraní.

En el caso de 36 de las 46 presuntas víctimas se disponía de información sobre su edad exacta o aproximada. Según esta información, 16 estaban en la veintena, 12 en la treintena, y tres tenían entre 18 y 20 años, lo que significa, basándose en las edades conocidas, que los jóvenes constituían el 86% de los fallecidos.

Desmentidos y encubrimiento del Estado

Las autoridades iraníes normalmente culpan de las muertes bajo custodia al suicidio, las sobredosis de drogas o las enfermedades, y lo hacen de forma apresurada y sin llevar a cabo investigaciones independientes y transparentes.

Amnistía Internacional ha concluido que, en al menos 24 de los 46 casos de muerte bajo custodia que incluyen informes de tortura u otros malos tratos físicos, las autoridades anunciaron poco después que las muertes habían sido causadas por suicidio (7), embolias, ataques cardíacos u otras enfermedades (12), sobredosis de drogas (3) o intercambio de disparos durante el arresto (2). De igual modo, en tres de las 11 muertes consideradas sospechosas, las autoridades afirmaron que la causa de la muerte había sido el suicidio (1), el consumo de drogas (1) o la enfermedad (1).

Años de documentación y vigilancia por parte de Amnistía Internacional muestran que los familiares de personas que mueren bajo custodia en circunstancias sospechosas son sometidos habitualmente a diversas formas de acoso e intimidación por parte de agentes de inteligencia y seguridad, especialmente cuando ponen en duda públicamente las explicaciones de las autoridades sobre las circunstancias en torno a la muerte de sus seres queridos o buscan reparación legal. También ha habido abogados que han recibido amenazas por emprender acciones jurídicas, y algunos han sufrido incluso persecución y encarcelamiento. Las autoridades iraníes tienen un historial documentado de presionar a las familias para que entierren a sus seres queridos de inmediato y sin una autopsia independiente.

Amnistía Internacional comparte la honda preocupación del relator especial de la ONU sobre Irán respecto a la “ausencia de recursos jurídicos internos [...]  por las graves violaciones de los derechos humanos en la República Islámica de Irán”, y se hace eco del más reciente llamamiento, hecho por el relator especial en su informe de julio de 2021 para que la comunidad internacional cumpla su “importante papel [...] a la hora de garantizar la rendición de cuentas”.

Amnistía Internacional, junto con otras nueve organizaciones de derechos humanos, ha instado a los Estados miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a establecer un mecanismos de investigación y rendición de cuentas para recopilar, preservar y analizar pruebas de los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en Irán con el fin de facilitar unos procedimientos penales justos.

Información complementaria

Yaser Mangouri fue detenido y sometido a desaparición forzada por agentes del Ministerio de Inteligencia en Urumieh, provincia de Azerbaiyán Occidental, el 17 de julio de 2021, según el grupo de derechos humanos Hengaw. El 8 de septiembre de 2021, el Ministerio de Inteligencia en Urumieh informó a su familia de que había muerto a causa de un intercambio de disparos durante su arresto. Su familia rechaza esta explicación y mantiene que Yaser fue detenido poco después de salir de su casa desarmado. A 14 de septiembre de 2021, cuando se dio publicidad a la noticia de su muerte bajo custodia, las autoridades se habían negado a devolver su cadáver a su familia.

Amnistía Internacional ha documentado previamente cómo agentes de seguridad e inteligencia iraníes someten habitualmente a hombres, mujeres y menores entre rejas a tortura u otros malos tratos, tales como flagelaciones, suspensión, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, ingestión forzada de sustancias químicas y privación deliberada de la atención médica.