Irlanda: La firma por el presidente de la entrada en vigor de la Ley sobre el Aborto, un hito histórico


Hoy, el presidente de Irlanda, Michael D Higgins, ha firmado la entrada en vigor de la Ley sobre Salud (Regulación de la Interrupción del Embarazo) 2018. Gracias a esta ley, desde el 1 de enero en Irlanda hay acceso al aborto a petición hasta las 12 semanas de embarazo, y bajo determinados supuestos superado este plazo.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción su entrada en vigor como hito de enorme importancia histórica.

TOPSHOT - 'Yes' campaigners celebrate the official result of the Irish abortion referendum at Dublin Castle in Dublin on May 26, 2018 which showed a landslide decision in favour of repealing the constitutional ban on abortions. - Ireland voted by a landslide to ditch its strict abortion laws in a landmark referendum hailed by Prime Minister Leo Varadkar on Saturday as a "quiet revolution", triggering scenes of jubilation in Dublin. Final results showed 66 percent of voters in what has been a traditionally staunchly Catholic country backed repealing the constitutional ban on terminations. (Photo by Paul FAITH / AFP) (Photo credit should read PAUL FAITH/AFP/Getty Images)

“Acogemos con satisfacción la nueva ley del aborto de Irlanda como hito histórico para este país e inspiración para millones de personas en todo el mundo. La ley del aborto de Irlanda fue una de las más restrictivas del mundo, y esto ha terminado ya por fin”, ha manifestado Sorcha Tunney, coordinadora de la campaña “It’s Time” de Amnistía Internacional Irlanda.

En 2015, Amnistía Internacional publicó su informe mundial She is not a Criminal (No es una delincuente), donde se presentaba el cruel y discriminatorio efecto de la ley sobre el aborto de Irlanda. La organización también inició entonces su campaña en favor de la celebración de un referéndum para revocar la Octava Enmienda y la aprobación de una legislación que se ajustara a las obligaciones internacionales de Irlanda en materia de derechos humanos.

“Hoy también es un día para reflexionar sobre el camino recorrido. Durante más de 35 años, se ha negado a mujeres y niñas el acceso a un aborto seguro y legal salvo cuando peligraba su vida. Cientos de miles de mujeres y niñas se vieron obligadas a salir del país para abortar y forzadas al secretismo y la vergüenza, en lo que constituía una grave negación de sus derechos humanos.

En mayo, la ciudadanía de Irlanda votó por aplastante mayoría a favor del acceso al aborto basándose en el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo y su salud. La gente lo ve claramente como la cuestión de derechos humanos que es. Y que Irlanda pase de la casi total prohibición del aborto a su acceso a él a petición es un enorme triunfo en la campaña global en favor de los derechos reproductivos.”

2018, el año en que las mujeres dijeron ‘basta’

“Este año, Amnistía celebra a las defensoras de los derechos humanos en todo el mundo, que se alzaron para decir ‘basta’. En Irlanda fueron las mujeres que hablaron y compartieron sus historias de aborto las que cambiaron este país”, ha afirmado Sorcha Tunney.

“Al hacerlo, pusieron fin al daño que infligía la prohibición constitucional del aborto. Volvemos a darles las gracias por ello, y sabemos que su valentía ha alentado a millones de personas de todo el mundo.”

La ley es un enorme paso, pero sigue habiendo deficiencias

“Aún existen importantes deficiencias en la legislación que serán obstáculos para que las mujeres accedan a la atención que necesitan. Ansiamos la plena aplicación de la Ley sobre el Aborto, pero procuraremos colaborar con el Ministerio de Salud en la revisión a los tres años de su entrada en vigor. Seguiremos haciendo campaña para garantizar que la ley respeta los derechos humanos y que no se impide a las embarazadas acceder a la atención de salud que necesitan”, ha declarado Sorcha Tunney.

Entre los motivos de preocupación figuran el umbral, elevado y potencialmente ambiguo, que crea la redacción acerca del ‘daño grave’ para la salud de las mujeres; la ausencia de acceso en caso de malformaciones graves —no mortales— del feto; el periodo de espera obligatorio de tres días y que siga criminalizándose a profesionales de la salud.

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