Una ley de 2017 teóricamente concebida para proteger de la explotación a las víctimas de trata de personas y a quienes realizan trabajo sexual está, en su lugar, facilitando los ataques y abusos contra trabajadoras y trabajadores sexuales, a quienes el Estado no protege frente a la violencia. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un informe hecho público hoy.

El informe, cuyo resumen ejecutivo en español se titula “Vivimos en un sistema violento”: Violencia estructural contra trabajadoras y trabajadores sexuales en Irlanda, revela cómo la tipificación de aspectos del trabajo sexual está obligando a las personas que se dedican a él a correr más riesgos mientras evitan a la policía, lo que pone sus vidas y su seguridad en peligro. “Las leyes destinadas a proteger a las personas dedicadas al trabajo sexual las están poniendo en un mayor peligro de sufrir abusos y violencia, incluida la violación y las agresiones físicas. Esto es lo que las trabajadoras y los trabajadores sexuales nos dicen sobre el actual impacto de la ley de 2017, y el gobierno irlandés tiene que empezar a escucharlas”, ha manifestado Colm O’Gorman, director ejecutivo de Amnistía Internacional Irlanda.

“Nuestra investigación muestra claramente que la tipificación de la compra de sexo está obligando a las personas que se dedican al trabajo sexual a correr más riesgos, al tiempo que la penalización del mantenimiento de burdeles les está impidiendo trabajar juntas para garantizar su seguridad.”

La mayoría de las personas dedicadas al trabajo sexual entrevistadas durante la investigación quieren que el trabajo sexual se despenalice por completo en Irlanda, incluida la compra de sexo. También dijeron que compartir locales con otras personas dedicadas al trabajo sexual ayuda a aumentar su seguridad y limita el riesgo potencial de violencia. Una trabajadora sexual dijo a Amnistía Internacional: “Estando solas, una mujer con un hombre, no tenemos ninguna oportunidad. Necesitamos otra mujer que pueda oír lo que está sucediendo […] Pero estar solas es muy peligroso”.

Otra trabajadora sexual contó a Amnistía Internacional: “Una noche iba por un callejón sin salida que era discreto, así que los guardias no me iban a encontrar allí, ¿comprendes?, no podrían llegar en auto al lugar en el que nos encontrábamos. Pero, al mismo tiempo, yo no tenía vía de escape si algo salía mal […] Y eso era resultado directo de la presencia de la Garda [la policía irlandesa] atacando a los clientes”.

La investigación muestra también cómo la desconfianza en la policía y el estigma social reforzado por la ley penal son motivos clave de preocupación para las trabajadoras y los trabajadores sexuales.

La abrumadora mayoría de las personas dedicadas al trabajo sexual entrevistadas informaron de que habían sufrido violencia al realizar trabajo sexual. Sin embargo, estas personas también dijeron que tenían miedo de la policía. Entre las razones aducidas para preferir no acudir a la Garda al sufrir actos de violencia se encontraban la desconfianza y la convicción de que no se iba a emprender ninguna acción. Además, las personas dedicadas al trabajo sexual expresaron su miedo a sufrir acoso o violencia a manos de los policías, así como su miedo a que su casero fuera objeto de acciones policiales o fuera informado de la situación, lo que podría dar lugar a que las desalojaran y se quedaran sin hogar.

Una trabajadora sexual dijo a Amnistía Internacional: “Pienso en los policías como una amenaza, más que como un escudo”. Otra trabajadora sexual contó a Amnistía Internacional: “Tiene que despenalizarse al 100%. Si no, tengo miedo de informar a la policía o a otras personas. En todos los demás trabajos, si hay clientes malos, si te pasa algo, puedes llamar a la policía […] Se trata sobre todo de crearnos un entorno más seguro”.

Para las personas migrantes dedicadas al trabajo sexual, el miedo a contactar con la policía se deriva de los riesgos a los que se enfrentan a causa de su condición migratoria o la amenaza a sus planes de solicitar la ciudadanía irlandesa. Una persona migrante dedicada al trabajo sexual explicó a Amnistía Internacional: “Sólo llamaría a la policía si me estuviera muriendo en el suelo […] Personalmente, prefiero arriesgarme con un cliente que con un policía”.

Para muchas de las personas entrevistadas, tipificar el pago por un trabajo sexual se suma a los niveles, ya altos, de estigma social y discriminación que sufren por otros motivos, como por ejemplo la raza, el origen étnico, el género, la identidad de género, la discapacidad, el consumo de drogas, el sinhogarismo o la condición de migrantes.

La investigación destaca la ausencia de datos sobre las experiencias de las trabajadoras y los trabajadores sexuales, y el hecho de que el gobierno se basa en investigaciones obsoletas y deficientes que vinculan la trata de personas para fines de explotación sexual con el trabajo sexual. También destaca que el Estado no consultó de forma suficiente a las trabajadoras y los trabajadores sexuales al redactar la ley de 2017. El gobierno irlandés está llevando a cabo actualmente una revisión de la Ley sobre Delitos Sexuales de 2017 y, esta vez, las personas dedicadas al trabajo sexual quieren que se escuche su voz. “La revisión de la ley brinda una oportunidad fundamental de garantizar que realmente protege a las personas que se dedican al trabajo sexual”, ha manifestado Colm O’Gorman.

“Pero, para que esto suceda, estas personas deben ser consultadas de forma significativa para que sus experiencias puedan servir de base a las leyes y políticas que pretenden protegerlas.”

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Una encuesta llevada a cabo por Amnistía Internacional en diciembre de 2021 reveló que el 70% de la población de Irlanda considera que debe consultarse a las personas dedicadas al trabajo sexual sobre cualquier ley que las afecte directamente, mientras que el 73% consideraba que estas personas tienen derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo y su vida.

En 2017, la parte 4 de la Ley sobre Delitos Sexuales pasó a tipificar la compra de sexo y a incrementar considerablemente las penas por mantenimiento de burdeles —dos o más personas que ofrezcan servicios sexuales en el mismo lugar— hasta una multa de 5.000 euros o una pena de hasta 12 meses de prisión.