El cierre de la única central eléctrica de Gaza va a exacerbar una crisis humanitaria ya acuciante para más de 2,2 millones de personas atrapadas en su territorio, mientras Israel continúe con sus bombardeos masivos que ya han causado la muerte de al menos 1.350 personas y más de 6.300 heridos.

Los bombardeos se están lanzando en represalia por el ataque que Hamás y otros grupos armados palestinos de Gaza efectuaron el 7 de octubre lanzando cohetes indiscriminados y enviando a combatientes al sur de Israel, lo que causó la muerte de más de 1.300 personas y dejó a más de 3.300 heridas mientras otras, entre ellas numerosos civiles, fueron tomadas como rehenes.

“Las autoridades israelíes deben restablecer el suministro de electricidad en Gaza de inmediato y eliminar las restricciones impuestas a raíz de la orden emitida por el ministro de Defensa el 9 de octubre de 2023, así como levantar el bloqueo ilegal de la Franja de Gaza que impusieron hace 16 años. El castigo colectivo al que se somete a la población civil de Gaza constituye un crimen de guerra y es cruel e inhumano. Como potencia ocupante, Israel tiene la clara obligación en virtud del derecho internacional de garantizar las necesidades básicas de la población civil de Gaza”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

La falta de suministro eléctrico ha sumido a la Franja de Gaza en la oscuridad y no hace sino exacerbar la catástrofe humanitaria ya existente. Las comunicaciones se verán aún más limitadas, así como el acceso a Internet. La falta de electricidad tendrá un impacto grave en los servicios esenciales y el acceso al agua potable y causará una tragedia de salud pública que dejará a los ya diezmados hospitales de Gaza sin equipamiento médico vital en un momento en que los profesionales de la salud bregan por atender a las miles de personas gravemente heridas como consecuencia de los bombardeos israelíes. También pondrá en peligro las vidas de las y los pacientes hospitalarios, como las personas que tienen enfermedades crónicas o las que necesitan cuidados intensivos, entre ellas bebés que requieren de equipos de soporte vital.

Un ministro israelí ha afirmado ayer que las autoridades del país no van a restablecer el suministro de electricidad, agua o combustible hasta que Hamás libere a sus rehenes. Esto confirma explícitamente que estas medidas se han tomado para castigar a la población civil de Gaza por las acciones de los grupos armados palestinos. Amnistía Internacional reitera que la población palestina no es responsable de los crímenes de Hamás y otros grupos armados palestinos y que, a la luz del derecho internacional, Israel no debe infligirle un sufrimiento por actos en los que no ha tomado parte y quedan fuera de su control.

“Los espantosos asesinatos masivos de civiles israelíes y otras violaciones graves no exoneran a Israel de su obligación de respetar el derecho internacional humanitario y proteger a la población civil. El castigo colectivo impuesto a los civiles de Gaza no traerá justicia a las víctimas de crímenes de guerra cometidos por Hamás y otros grupos armados ni garantizará seguridad a la población civil israelí”, ha afirmado Agnès Callamard.

A Amnistía Internacional le preocupan también los ataques reiterados sobre el paso fronterizo de Rafá. La organización hace un llamamiento a Israel para que facilite el establecimiento de corredores humanitarios que permitan el envío de ayuda humanitaria a Gaza, así como el paso en condiciones seguras de personas heridas y civiles que deseen huir del conflicto armado. Igualmente, insta a la comunidad internacional a trabajar en favor de un acuerdo en materia de corredores humanitarios.

Las autoridades israelíes deben abstenerse de cometer ataques ilegítimos que causen la muerte de civiles o personas heridas y que destruyan viviendas e infraestructuras civiles. Igualmente, deben abstenerse de incitar a la violencia contra la población palestina en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, y deben garantizar la seguridad de todos los civiles que viven bajo su control. Todos los grupos armados palestinos en Gaza deben liberar a todos sus rehenes civiles de forma inmediata e incondicional.

Amnistía Internacional está investigando los ataques aéreos israelíes sobre Gaza, incluido el lanzado contra un edificio residencial situado en el barrio Al Zeitoun y en el que murieron 15 miembros de una misma familia, entre ellos 7 menores de edad (5 hermanos y sus 2 primos) y sus abuelos; la destrucción de Burj Palestine, un rascacielos situado en el barrio Al Rimal de Gaza; y el bombardeo de un concurrido mercado callejero situado en el campo de refugiados de Yabalia, en el que murieron al menos 69 personas, entre ellas al menos 15 niños y niñas.

Amnistía Internacional pide a Israel y a los grupos armados palestinos que tomen todas las precauciones posibles para proteger a la población civil, conforme a las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional humanitario.

Este documento informativo forma parte de una serie de artículos de Amnistía Internacional sobre la escalada de violencia y violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar en Israel, Gaza y otros lugares de los Territorios Palestinos Ocupados. Amnistía Internacional ha publicado sus conclusiones iniciales sobre los crímenes de guerra cometidos por Hamás y los grupos armados palestinos, entre ellos ejecuciones sumarias masivas, toma de rehenes y el lanzamiento  indiscriminado de cohetes. Mientras siguen apareciendo datos de las violaciones de derechos humanos cometidas en el sur de Israel, Amnistía Internacional continúa investigando para determinar todos los crímenes de derecho internacional que vienen ocurriendo en el marco del conflicto.

 

Información complementaria

Desde 2007, Israel impone un bloqueo por tierra, mar y aire sobre la Franja de Gaza, lo que supone el castigo colectivo de toda su población. El enfrentamiento actual es, desde entonces, la sexta mayor operación militar entre Israel y grupos armados en Gaza.

En junio de este año, Amnistía Internacional publicó una investigación sobre la ofensiva de mayo de 2023 sobre la Franja de Gaza, determinando que Israel había destruido ilegalmente viviendas palestinas, a menudo sin que existiera una necesidad de carácter militar, lo que constituye un forma de castigo colectivo contra la población civil.

Los informes previos de Amnistía Internacional sobre los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos en el marco del enfrentamiento entre Israel y grupos armados palestinos pueden consultarse aquí.

 

Amnistía Internacional es una organización de derechos humanos imparcial y tiene entre sus propósitos garantizar que todas las partes en un conflicto armado respeten el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Así, en futuros informes, Amnistía Internacional investigará la acción militar de Israel en la Franja de Gaza con el fin de determinar si está cumpliendo con las normas del derecho internacional humanitario, como tomar todas las precauciones necesarias para minimizar el daño a los civiles y los bienes de carácter civil, abstenerse de cometer ataques ilegítimos y aplicar castigos colectivos a la población civil, según establece el derecho internacional. Amnistía Internacional seguirá haciendo seguimiento de las actividades de Hamás y los grupos armados palestinos.