Israel debe poner fin a la ocupación de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, que mantiene desde 1967. Así lo manifestó Amnistía Internacional en momentos en que se desarrollan las vistas públicas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para estudiar las consecuencias jurídicas de la prolongada ocupación israelí.
Estas vistas públicas tuvieron lugar en La Haya entre el 19 y el 26 de febrero. Las audiencias se dieron luego de que la Asamblea General de la ONU adoptara una resolución en diciembre de 2022 con el fin de solicitar una opinión consultiva de la CIJ sobre la legalidad de las políticas y prácticas de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) y sus consecuencias para otros Estados y para la ONU. Alrededor de 50 Estados, la Unión Africana, la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica participaron del proceso.
Ocupación “perpetua”
Según el derecho internacional humanitario, la ocupación de un territorio durante un conflicto tiene carácter temporal. La potencia ocupante está obligada a administrar el territorio en beneficio de la población objeto de la ocupación y mantener en lo posible la situación que existía al inicio de ésta, lo que incluye respetar la legislación vigente y abstenerse de introducir cambios demográficos y alterar la integridad territorial del territorio ocupado.
La ocupación israelí no se ha ajustado a estos principios fundamentales del derecho internacional humanitario. La duración de dicha ocupación —que abarca más de medio siglo—, sumada a la anexión oficial ilegal por parte de las autoridades del territorio ocupado de Jerusalén Oriental y la anexión de facto de grandes zonas de Cisjordania mediante la confiscación de tierras y la expansión de los asentamientos, es prueba inequívoca de que Israel pretende que la ocupación sea permanente.
La Franja de Gaza sigue ocupada, incluso tras la retirada de las fuerzas israelíes y el traslado de la población colona en 2005, en la medida en que Israel ha conservado el control efectivo del territorio y su población, lo que incluye el control de las fronteras, las aguas territoriales, el espacio aéreo y el registro civil. Gaza lleva 16 años sufriendo la ocupación por medio del bloqueo ilegal israelí que ha limitado severamente la circulación de personas y bienes y ha deteriorado significativamente a la economía gazatí. En la Franja ha habido repetidos episodios de hostilidades que han matado y herido a miles de civiles y destruido gran parte de las infraestructuras y viviendas del territorio.
La vida bajo la ocupación
La población palestina que vive bajo la ocupación israelí se ve sometida a innumerables violaciones de derechos humanos, mantenidas por un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática.
La población palestina de Gaza ha sufrido numerosas ofensivas militares israelíes —al menos seis entre 2008 y 2023—, además de un persistente bloqueo por tierra, mar y aire, lo que ha ayudado a mantener el control y la ocupación efectivos de Gaza por parte de Israel. Durante esas ofensivas, Amnistía Internacional documentó un panorama constante de ataques ilegítimos, que constituyen crímenes de guerra e incluso crímenes de lesa humanidad. Y el bloqueo persistente constituye castigo colectivo, que también es crimen de guerra.
En Cisjordania, incluida la Jerusalén Oriental ocupada, la población palestina se enfrenta de forma habitual al uso excesivo de la fuerza, homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias o administrativas, desplazamientos forzados, demoliciones de viviendas, la confiscación de la tierra y los recursos naturales y la negación de los derechos y libertades fundamentales. El sistema de cierres multidimensional israelí -fortificado mediante vigilancia masiva, barreras físicas y restricciones jurídicas- ha restringido la libertad de circulación de las personas palestinas y ha perpetuado la privación de sus derechos.
Un sistema de control excesivamente severo
Israel ejerce un férreo control sobre las fronteras de los TPO, el registro civil, el suministro de los servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones y la ayuda humanitaria y al desarrollo. Junto con la imposición de su moneda nacional, estas acciones han tenido efectos devastadores en el desarrollo económico y social de la población palestina.
Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de garantizar la protección y el bienestar de todas las personas que residen en el territorio que controla. En lugar de eso, ha cometido con impunidad violaciones de derechos humanos graves y sistemáticas.
Poner fin a la ocupación contribuiría a abordar una de las causas fundamentales de la violencia recurrente y los crímenes de guerra cometidos contra la población israelí, mejorando la protección de los derechos humanos y garantizando justicia y reparación a las víctimas de todas las partes del conflicto.
Información complementaria
El 30 de diciembre de 2022, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución A/RES/77/247, en la que solicitaba a la Corte Internacional de Justicia que emitiera una opinión consultiva sobre cuestiones clave relativas a las consecuencias jurídicas derivadas de los prolongados actos israelíes de ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967; al efecto de las políticas y prácticas de Israel en el estatus legal de la ocupación; y a las consecuencias jurídicas que se derivan de ese estatus para todos los Estados y para la ONU.
Se espera que la Corte emita la opinión consultiva este mismo año.
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